JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTES: SUP-JDC-602/2012, SUP-JDC-629/2012, SUP-JDC-660/2012, SUP-JDC-675/2012 Y SUP-JDC-1633/2012 ACUMULADOS.

ACTORES: FRANCISCO GERARDO BECERRA ÁVALOS, JORGE LUIS TREJO ALVARADO, PABLO FUENTES SOTO Y FRANCISCO JAVIER BECERRIL LÓPEZ.

RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ.

SECRETARIOS: ERNESTO CAMACHO OCHOA Y LEOBARDO LOAIZA CERVANTES.

México, Distrito Federal, a dos de mayo de dos mil doce.

V I S T O S los autos de los expedientes al rubro citados, para resolver los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovidos, el primero por Francisco Gerardo Becerra Ávalos, el segundo y el tercero por Jorge Luis Trejo Alvarado, el cuarto por Pablo Fuentes Soto y el quinto por Francisco Javier Becerril López para impugnar el acuerdo CG191/2012, de veintinueve de marzo de dos mil doce, emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en el que se declaran improcedentes sus registros como candidatos independientes al cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

R E S U L T A N D O:

De lo narrado por los actores en sus escritos de demanda, se desprenden los antecedentes siguientes:

I. Proceso electoral federal.

1. Inicio del proceso. El siete de octubre de dos mil once inició el proceso electoral federal, para renovar, entre otros cargos, al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Solicitudes de registro como candidato independiente a presidente de la república. El diecisiete de febrero, quince, veinte, veintiuno y veintidós de marzo de dos mil doce, los actores Jorge Luis Trejo Alvarado, Pablo Fuentes Soto, Francisco Javier Becerril López y Francisco Gerardo Becerra Ávalos, respectivamente, solicitaron sus registros como candidatos independientes a Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

3. Improcedencia de Solicitud. Acto impugnado. El veintinueve de marzo siguiente, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió el acuerdo CG191/2012, denominado “Acuerdo General del Consejo General del Instituto Federal Electoral, relativo a las solicitudes de registro de candidaturas independientes a diversos cargos de elección popular, formuladas por ciudadanas y ciudadanos, durante el proceso electoral federal 2011-2012.“, en el que, en esencia, se declararon improcedentes las solicitudes de registro de los actores como candidatos independientes.

II. Juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano.

1. Demanda. Inconformes, el diez de abril de dos mil doce, el actor Francisco Gerardo Becerra Ávalos, y el trece siguiente Jorge Luis Trejo Alvarado y Pablo Fuentes Soto, promovieron juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, correspondientes, al primero el SUP-JDC-602/2012, al segundo los SUP-JDC-629/2012 y SUP-JDC-660/2012, y al último el SUP-JDC-675/2012.

Asimismo, el dieciocho de abril, Francisco Javier Becerril López presentó escrito en contra de la determinación que negó su solicitud de registro, mismo que fue tramitado como asunto general SUP-AG-92/2012, que el uno de mayo del presente año, se reencauzó a juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-1633/2012.

2. Sustanciación. Los medios de impugnación se turnaron al magistrado Pedro Esteban Penagos, para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

a. Requerimiento para tramitación. Toda vez que en los juicios SUP-JDC-602/2012 y SUP-JDC-629/2012, la demanda se presentó directamente ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, se ordenó a la responsable que llevara a cabo la tramitación correspondiente, a efecto de que se cumpliera con el trámite a que refiere el artículo 17 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En su oportunidad el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, remitió a este tribunal la tramitación requerida.

b. Sustanciación. En su oportunidad se admitieron los juicios y se declaró cerrada la instrucción, para quedar en estado de resolución.

C O N S I D E R A N D O S:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y la Sala Superior es competente para conocer y resolver de los presentes asuntos, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, Base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 79 y 83, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que se trata de juicios ciudadanos en los que se reclama el derecho a ser votado en relación a la elección de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. Acumulación. De la lectura de los escritos de demanda, este Tribunal advierte que los juicios ciudadanos SUP-JDC-602/2012, SUP-JDC-629/2012, SUP-JDC-660/2012, SUP-JDC-675/2012 y SUP-JDC-1633/2012 son conexos en la causa, porque existe identidad en el acto impugnado y la pretensión, pues reclaman la determinación del Instituto Federal Electoral de negar el registro como candidatos independientes y plantean su revocación para ser registrados.

Por tanto, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 31, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se procede acumular los juicios ciudadanos SUP-JDC-629/2012, SUP-JDC-660/2012, SUP-JDC-675/2012 y SUP-JDC-1633/2012 al juicio SUP-JDC-602/2012, que fue registrado en primer lugar y, por tanto, deberá glosarse copia certificada de la ejecutoria a los expedientes cuya acumulación se decreta.

TERCERO. Acuerdo impugnado. Las consideraciones del acuerdo reclamado son del tenor siguiente:

”I. En la Presidencia del Consejo General así como en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, se recibieron sendos escritos firmados por ciudadanas y ciudadanos mexicanos, quienes esencialmente solicitaron el registro de su candidatura independiente en la elección de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las elecciones para renovar las Cámaras que integran el Congreso de la Unión, por el principio de mayoría relativa, a celebrarse el primero de julio de dos mil doce. Las fechas de presentación de los escritos de petición, por cada tipo de elección, es la que se describe en las listas siguientes:

Solicitudes relativas a la elección de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos:

1 La solicitud de registro de candidatura independiente de dicho ciudadano fue recibida en la Junta Local Ejecutiva de Chihuahua del Instituto Federal Electoral, y enviada a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para su atención.

Solicitudes relacionadas con la elección de Senadores por el principio de mayoría relativa:

Solicitudes relacionadas con la elección de Diputados Federales por el principio de mayoría relativa:

II. Dichos escritos fueron turnados a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para su análisis y atención, para los efectos legales conducentes.

C O N S I D E R A N D O

1. Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 104, párrafo 1; y 105, párrafo 2, ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo, cuya función estatal es la organización de las elecciones federales y en la que tiene como principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

2. Que el artículo 2, párrafo 4, del Código Electoral Federal ordena que al Instituto Federal Electoral disponer lo necesario para asegurar el cumplimiento de las normas establecidas en el propio Código.

3. Que el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

“Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un Acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.”

4. Que la Tesis de Jurisprudencia identificada con la clave de control P./J.144/2005, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece la definición y alcance general de cada uno de los principios que rigen el ejercicio de la función estatal electoral a cargo de las autoridades electorales del país, en los términos siguientes:

“FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. La fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo señala que las autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que en materia electoral el principio de legalidad significa la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo; el de imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del Proceso Electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la Jornada Electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el Proceso Electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas. Por su parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural.

Acción de inconstitucionalidad 19/2005. Partido del Trabajo. 22 de agosto de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio.

El Tribunal Pleno, el dieciocho de octubre en curso, aprobó, con el número 144/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de octubre de dos mil cinco.”

Nota: Énfasis añadido.

5. Que en la Presidencia del Consejo General así como en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, se recibieron sendos escritos firmados por ciudadanas y ciudadanos mexicanos, quienes esencialmente solicitaron el registro de su candidatura independiente en la elección de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las elecciones para renovar las Cámaras que integran el Congreso de la Unión, por el principio de mayoría relativa, a celebrarse el primero de julio de dos mil doce.

6. Que el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que las leyes del Congreso de la Unión que e

manan de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado serán Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

7. Que conforme a lo establecido por el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es prerrogativa de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos tener la posibilidad de ser votados para todos los cargos de elección popular, siempre y cuando se tengan las calidades que establezca la Ley, a fin de que el Estado en su conjunto pueda garantizar los principios constitucionales de la función estatal electoral, en términos de lo dispuesto en el propio artículo 41 constitucional.

8. En este tenor, de acuerdo con el aludido y del artículo 4, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, este derecho se ejerce a través de los Partidos Políticos, instituciones a través de las cuales los ciudadanos pueden acceder al poder público mediante el sufragio libre, universal, secreto, directo, personal e intransferible.

9. Que el artículo 5, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que es un derecho de la ciudadanía mexicana constituir partidos políticos y afiliarse a ellos individual y libremente.

10. Que asimismo, el referido Código señala en su artículo 36, párrafo 1, inciso d) que es un derecho de los Partidos Políticos postular y seleccionar a quienes serán postulados a las candidaturas para las elecciones federales.

11. Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 118, párrafo 1, incisos o) y p) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General cuenta con la atribución de registrar las candidaturas a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y en forma supletoria las fórmulas de candidatos a senadores y diputados por el principio de mayoría relativa, lo cual le faculta para analizar todas las peticiones presentadas ante el Instituto Federal Electoral, relacionadas con las solicitudes de registro de candidaturas a los referidos cargos de elección popular federales.

12. Que de conformidad por lo dispuesto en el artículo 218, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, “corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular”, sin que en ninguna parte del citado ordenamiento se prevean excepciones a tal condición, o se establezca implícitamente la posibilidad de que algún ciudadano o ciudadana pueda postularse y registrarse de manera individual, para contender a cargos de elección federal.

13. Que respecto al contenido del artículo 218, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la tesis de Jurisprudencia con clave de control P./J. 53/2009, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido con claridad que se trata de una norma ajustada al marco previsto en los artículos 35, fracción II y 41, de la Constitución General de la República, en cuanto no vulnera el derecho fundamental a ser votado, teniendo las calidades que establezca la ley, al tenor literal siguiente:

“CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, CIUDADANAS O NO PARTIDARIAS. EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO 1, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES ES CONSTITUCIONAL. De conformidad con una interpretación sistemática de las disposiciones constitucionales aplicables, el artículo 218, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor del cual corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, no conculca el derecho fundamental a ser votado, teniendo las calidades que establezca la ley, contenido en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que esta disposición constitucional no puede interpretarse aisladamente en relación con el artículo 41 constitucional, sino que es necesario interpretarla sistemática y armónicamente, en concordancia con la jurisprudencia P./J. 2/2004 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “GARANTÍAS INDIVIDUALES. SI SU EJERCICIO SE RELACIONA CON EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ELECTORAL, SU INTERPRETACIÓN DEBE CORRELACIONARSE CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 41 Y 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”, de manera que se alcance un punto de equilibrio entre el derecho fundamental a ser votado y las bases constitucionales de la función estatal de organizar las elecciones, es decir, que se armonicen, de ser posible, el referido derecho fundamental y otros bienes o valores constitucionalmente protegidos, destacadamente el sistema constitucional de partidos políticos y los principios constitucionales de la función estatal electoral, sin hacer realidad uno en detrimento del otro.

Acción de inconstitucionalidad 61/2008 y sus acumuladas 62/2008, 63/2008, 64/2008 y 65/2008. Partidos Políticos Nacionales Convergencia, del Trabajo, Nueva Alianza, Alternativa Socialdemócrata y Campesina y Verde Ecologista de México. 8 de julio de 2008. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

El Tribunal Pleno, el veinte de mayo en curso, aprobó, con el número 53/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de mayo de dos mil nueve. Nota: La tesis P./J. 2/2004 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, febrero de 2004, página 451.”

Nota: Énfasis añadido.

14. Que en este mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia 743/2005, señaló lo siguiente:

“(…)

este Tribunal Pleno ha determinado que cuando el ejercicio de las garantías y prerrogativas que consagra la Constitución Federal, entre ellas el artículo 35, fracción II, constitucional, ello necesariamente se relaciona con el sistema constitucional electoral, por lo que tal ejercicio se encuentra vinculado con las bases que la propia Constitución establece tratándose de la materia electoral, por encontrarse estrechamente vinculados con la renovación de los poderes y entes públicos y, por tanto, su examen debe hacerse en relación con los artículos 41 y 116, fracción IV constitucionales, que regulan esos aspectos”.

15. Que en esta secuencia de razonamiento, acorde con la Tesis de Jurisprudencia con clave de control P./J. 59/2009, emitida por el Pleno del Alto Tribunal del país, no existe en el artículo 41 de la Constitución General de la República una base normativa relativa a las candidaturas independientes, por lo cual, no está previsto que el legislador ordinario federal pudiese regularlas ni la forma en que pudiese hacerlo, por razones de principio de orden constitucional, toda vez que el diseño constitucional está orientado a fortalecer el sistema de partidos políticos; de donde se advierte que en lo tocante a las candidaturas independientes, ciudadanas o no partidarias, no hay bases constitucionales que permitan hacer efectivos dichos derechos, por lo cual esta autoridad electoral no transgrede garantía alguna en apego a los principios rectores tales como los de certeza o de legalidad, así como otros principios relacionados con la función electoral, como el de igualdad en la contienda electoral o el de que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales los recursos públicos deberán prevalecer sobre los de origen privado, y particularmente, en lo tocante a prerrogativas tales como el acceso a radio y televisión en materia electoral. La jurisprudencia referida, a la letra, establece:

“CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, CIUDADANAS O NO PARTIDARIAS. AL NO EXISTIR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ALGUNA BASE NORMATIVA EXPRESA EN RELACIÓN CON AQUÉLLAS, EL LEGISLADOR ORDINARIO FEDERAL NO PUEDE REGULARLAS. El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula, entre otros aspectos, la función estatal de organizar elecciones libres, auténticas y periódicas para la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, sin embargo, no contiene alusión alguna a las candidaturas independientes, ciudadanas o no partidarias, esto es, el Constituyente Permanente no estableció Lineamiento normativo alguno dirigido al legislador ordinario federal para regular tales candidaturas. Además, bajo una interpretación funcional de las disposiciones aplicables, el Constituyente Permanente ha pretendido fortalecer, mediante las sucesivas reformas constitucionales en materia político-electoral, un sistema de partidos políticos plural y competitivo, habida cuenta que éstos constituyen un elemento central en la reproducción del Estado constitucional democrático de derecho. Acorde con lo anterior, dado que no existe en el indicado artículo 41 una base normativa relativa a las candidaturas independientes, no está previsto que el legislador ordinario federal pudiese regularlas ni la forma en que pudiese hacerlo, y ello por razones de principio de orden constitucional, toda vez que aquél no sólo encontraría graves problemas para legislar en esa materia, sino que en virtud del diseño constitucional orientado a fortalecer el sistema constitucional de partidos políticos, en lo tocante a las referidas candidaturas independientes tampoco hay bases constitucionales que permitan hacer efectivos los principios rectores de la función estatal electoral (como el de certeza o de legalidad), así como otros principios relacionados (como el de igualdad en la contienda electoral o el de que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales los recursos públicos deberán prevalecer sobre los de origen privado) y, particularmente, en lo tocante a prerrogativas tales como el acceso a los medios de comunicación (radio y televisión), entre otros aspectos fundamentales.

Acción de inconstitucionalidad 61/2008 y sus acumuladas 62/2008, 63/2008, 64/2008 y 65/2008. Partidos Políticos Nacionales Convergencia, del Trabajo, Nueva Alianza, Alternativa Socialdemócrata y Campesina y Verde Ecologista de México. 8 de julio de 2008. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

El Tribunal Pleno, el veinte de mayo en curso, aprobó, con el número 59/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de mayo de dos mil nueve.”

Nota: Énfasis añadido.

16. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Castañeda Gutman vs. los Estados Unidos Mexicanos, en lo tocante al análisis de la proporcionalidad respecto del interés que se justifica y adecuación al logro del objetivo legítimo de las candidaturas independientes a cargos electivos, determinó que no existe un sistema de postulación única o particular como se señala a la letra:

“203. En cuanto a si la medida se ajusta al logro del objetivo legítimo perseguido, en atención a lo anteriormente mencionado, la Corte estima que en el presente caso la exclusividad de nominación por partidos políticos a cargos electivos de nivel federal es una medida idónea para producir el resultado legítimo perseguido de organizar de manera eficaz los procesos electorales con el fin de realizar elecciones periódicas, auténticas, por sufragio universal e igual, y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores de acuerdo a lo establecido por la Convención Americana.

204. Finalmente, la Corte considera que ambos sistemas, uno construido sobre la base exclusivamente de partidos políticos, y otro que admite también candidaturas independientes, pueden ser compatibles con la Convención y, por lo tanto, la decisión de cuál sistema escoger está en las manos de la definición política que haga el Estado, de acuerdo con sus normas constitucionales. A la Corte no se le escapa que en la región existe una profunda crisis en relación con los partidos políticos, los poderes legislativos y con quienes dirigen los asuntos públicos, por lo que resulta imperioso un profundo y reflexivo debate sobre la participación y la representación política, la transparencia y el acercamiento de las instituciones a las personas, en definitiva, sobre el fortalecimiento y la profundización de la  democracia. La sociedad civil y el Estado tienen la responsabilidad, fundamental e inexcusable de llevar a cabo esta reflexión y realizar propuestas para revertir esta situación. En este sentido los Estados deben valorar de acuerdo con su desarrollo histórico y político las medidas que permitan fortalecer los derechos políticos y la democracia, y las candidaturas independientes pueden ser uno de esos mecanismos, entre muchos otros.

205. Con base en los anteriores argumentos, la Corte no considera probado en el presente caso que el sistema de registro de candidaturas a cargo de partidos políticos constituya una restricción ilegítima para regular el derecho a ser elegido previsto en el artículo 23.1.b de la Convención Americana y, por lo tanto, no ha constatado una violación al artículo 23 de dicho tratado.”

Nota: Énfasis añadido.

17. Que en congruencia con nuestro ordenamiento constitucional, los tratados internacionales citados, los criterios de interpretación sostenidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, trasuntos en los considerandos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del presente Acuerdo, relativos a la exclusividad de los partidos políticos para la postulación y registro de candidaturas a cargos de elección popular, es inconcuso que la inexistencia de regulación de las candidaturas independientes en el marco constitucional y legal en materia electoral vigente en México, no implica la violación al derecho fundamental político-electoral de ser votado a cargos electivos, previsto los artículos 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, incisos b) y c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23, párrafo 1, incisos b) y c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; pues fundamentalmente, las ciudadanas y los ciudadanos gozan de condiciones razonables de igualdad y oportunidad para acceder a dichos cargos a través del sistema de partidos, agotando los requisitos y procedimientos aplicables. En su caso, corresponde al Poder Constituyente Permanente de la Unión prever la participación directa de las ciudadanas y ciudadanos en los procesos electorales federales, mediante el registro de candidaturas ciudadanas o independientes a cargos de elección popular, para lo cual es presupuesto indispensable una reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la ley electoral secundaria, a efecto de que se establezcan las modalidades, los procedimientos, requisitos y demás regulación necesaria para hacer realidad esa encomiable pretensión ciudadana.

18. Que el tema de las candidaturas independientes, ciudadanas o no partidarias está en la agenda del Poder Legislativo de la Unión, a través de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos del Senado de la República, el cual, durante su Segundo Periodo Ordinario publicó en la Gaceta número 255 el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política, aprobado por dicha Cámara el veintisiete de abril de dos mil once, así como por la Cámara de Diputados, en lo general, el veinticinco de octubre de dos mil once, y en lo particular los días veintiséis y veintisiete de octubre, tres y cuatro de noviembre de dos mil once, enviado el día ocho del mismo mes y año, a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para nueva discusión de la Cámara de Origen, sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, por lo que a la fecha de emisión del presente Acuerdo, se encuentra en ciernes la precisión legislativa en este tema.

19. Que el derecho político-electoral de la ciudadanía a ser votado es un derecho fundamental de base constitucional y configuración legal, por lo que las normas jurídicas relativas deben interpretarse de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales, favoreciendo una interpretación más amplia hacia las personas, en forma progresiva, por lo que bajo esa óptica y a fin de proteger ese espectro jurídico, se requiere, además, establecerse en la ley las calidades como son las circunstancias, condiciones, requisitos o términos para su ejercicio por parte de las ciudadanas y ciudadanos.

20. Que de lo anterior se desprende que el ejercicio de ese derecho o prerrogativa política corresponde a toda ciudadana y ciudadano mexicano; sin que se pierda de vista que ello está sujeto a los mecanismos jurídicos y procedimentales que el Estado mexicano determine con pleno respeto a los derechos políticos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales ratificados por aquél. Ello con la finalidad de hacer efectivos los principios rectores de la función  estatal electoral -como el de certeza o de legalidad-, condiciones que aseguren igualdad para la ciudadanía al ejercer dicho derecho, tal y como ocurre con el marco normativo actualmente vigente.

21. Que la falta de elementos normativos para atender el registro de candidaturas independientes, ciudadanas o partidarias están relacionados con las condiciones de la propia solicitud y el registro (documentación necesaria y apoyo ciudadano que acredite cierta representatividad); tales como el acceso a radio y televisión; financiamiento; fiscalización de los recursos; representación ante los órganos colegiados de la autoridad administrativa electoral; representación ante las mesas directivas de casilla; vigilancia de los listados nominales de electores; condiciones para las precampañas y campañas electorales; inclusión de la candidatura independiente, ciudadana o no partidaria en la boleta electoral; escrutinio y cómputo en la casilla; cómputos municipales, distritales y locales; nuevo escrutinio y cómputo; faltas administrativo electorales; legitimación en medios de impugnación relativos a resultados electorales, entre otros aspectos.

22. Que al ser inexistente la figura de la candidatura independiente, en el sistema electoral federal mexicano, no se encuentran establecidos los procedimientos para su registro, requisitos, derechos, obligaciones, prerrogativas, entre otros, que permitan su participación en el Proceso Electoral Federal.

23. Que de lo anterior se desprende que el ejercicio de ese derecho o prerrogativa política corresponde a toda ciudadana o ciudadano mexicano; sin que se pierda de vista que ello está sujeto a los mecanismos jurídicos y procedimentales que el Estado mexicano determine con pleno respeto a los derechos políticos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales ratificados por aquél. Ello con la finalidad de hacer efectivos los principios rectores de la función estatal electoral -como el de certeza o de legalidad-, condiciones que aseguren igualdad para la ciudadanía al ejercer dicho derecho, tal y como ocurre con el marco normativo actualmente vigente.

24. Que en razón de lo anterior, este Consejo General no se encuentra facultado para autorizar el registro de candidaturas independientes, ciudadanas o no partidarias, a los cargos de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de senadores y de diputados federales por el principio de mayoría relativa, toda vez que, como se ha señalado, las ciudadanas y ciudadanos que aspiren a una candidatura deben postularse por algún partido político nacional con registro vigente ante este Instituto; aunado a que la figura de candidatura independiente no se encuentra dispuesta en la legislación electoral en vigor.

En atención a lo expuesto, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, con fundamento en los artículos 8o; 35, fracción II; y 41, párrafo segundo, Bases I y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo 4; 4, párrafo 2; 5, párrafo 1; 36, párrafo 1, inciso d); 104, párrafo 1; 105, párrafo 2; 218, párrafo 1; del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 118, párrafo 1, incisos o) y p) del citado Código Electoral, emite el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Son improcedentes las solicitudes de registro de candidaturas a Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a senadores y diputados al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, según corresponda, precisadas en el ANTECEDENTE 1 del presente Acuerdo, por no cumplir con los requisitos exigidos por las normas legales en la materia electoral federal vigente, por las razones expuestas en los CONSIDERANDOS anteriores.

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente con copia certificada del presente Acuerdo, en los domicilios señalados por las ciudadanas y los ciudadanos referidos en el ANTECEDENTE 1, y por Estrados en las oficinas de este Instituto Federal Electoral donde se hayan presentado las solicitudes de mérito.

TERCERO.- Publíquese el presente ACUERDO en el Diario Oficial de la Federación.”

CUARTO. Agravios. En lo que interesa, las demandas establecen lo siguiente:

A. Demanda del SUP-JDC-602/2012.

“En el presente proceso pre electoral y electoral los partidos políticos no han promovido la participación del pueblo, ni han contribuido a la integración de la representación nacional, los candidatos de los principales políticos tienen décadas de servidores públicos, incluso uno de ellos es la segunda ocasión que se postula como candidato presidencial, y dos de ellos representarán a más de un partido político en el presente proceso electoral, señalo de forma enunciativa los siguientes hechos antidemocráticos realizados por los actores que supuestamente deben de fomentar la participación política y democrática.

Partido Acción Nacional.

Existieron tres precandidatos a la Presidencia de la República, se aceptan el 17 de diciembre del año 2011, las precandidaturas de Santiago Creel Miranda, Ernesto Cordero Arroyo y Josefina Vázquez Mota, rechazando las solicitudes de registro de Javier Livas Cantú, Luis Eduardo Paredes Moctezuma, por no sustentar firmas requeridas en convocatoria.

Partido de la Revolución Democrática.

Existieron dos aspirantes a precandidatos presidenciales, Marcelo Ebrad y Andrés Manuel López Obrador, se anunció el 1o de noviembre del año 2011, que el procedimiento para definir al candidato a Presidente de la República sería las encuestas, el 15 de noviembre se dieron resultados de las encuestas favoreciendo a Andrés Manuel López Obrador.

Partido Revolucionario Institucional.

El 8 de octubre del año 2011, se aprueba que la elección de candidato a la presidencia sea abierta a la población, existiendo dos aspirante a candidatos, Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto, el 21 de noviembre declina Manlio Fabio Beltrones su participación a la contienda, por lo que queda como único precandidato Enrique Peña Nieto y por consiguiente como candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Partido Verde Ecologista de México.

El 21 de septiembre del año 2011, anunció que la comisión política del partido decidió postular a Enrique Peña Nieto, como su candidato a Presidente de la República.

Partido del Trabajo.

El 17 de noviembre del año 2011, anunció que aceptaban la postulación de Andrés Manuel López Obrador, como candidato a la presidencia.

Movimiento Ciudadano.

El 16 de noviembre acordaron ir en coalición con el PRD y su candidato Andrés Manuel López Obrador.

Partido Nueva Alianza.

El 8 de febrero del año 2012, envió correo electrónico preguntando a Nueva Alianza sobre la postulación de candidato presidencial ciudadano, no responde el partido.

El 9 de febrero del año 2012, reenvió correo electrónico preguntando a Nueva Alianza sobre la postulación de candidato presidencial ciudadano, no responde el partido, no hay respuesta vía correo electrónico.

El 13 de febrero del año 2012, después de comunicarme telefónicamente manifiesto mí interés para participar como precandidato ciudadano a la presidencia de la república para el año 2012.

15 de febrero del año 2012, solicito requisitos para inscribirme en el proceso y presento en el mismo escrito solicitud de aspirante a precandidato a Presidente de la República.

15 de febrero del año 2012, contesta el Mtro. Luis Castro Obregón presidente del Comité de Dirección Nacional de Nueva Alianza que en la comisión nacional de elecciones internas de nueva alianza hay que presentar la solicitud.

17 de febrero de 2012, solicitó registro como precandidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos acompañando la siguiente documentación, fotocopia de acta de nacimiento, fotocopia de anverso y reverso de credencial de elector, Currículum vitae simple y fotocopia de títulos profesionales y de posgrados (solamente anverso).

El 19 de febrero del año 2012 en un acto intrapartidista el Consejo Nacional de Nueva Alianza eligió a Gabriel Ricardo Quadri como candidato a Presidente de la República, por lo que considero que no fue una selección de candidatos ciudadanos, sino una designación de un candidato, ya que hasta el día de hoy no he recibido notificación alguna respecto de mi solicitud como precandidato, desconociendo cuántos aspirantes o concursante existieron y cuál fue el procedimiento de designación, de la misma forma no tuve la garantía de audiencia ante ninguna autoridad y comisión alguna del Partido Nueva Alianza, además de la total "secrecía" que manejó el Partido Nueva Alianza, no fomentando la participación.

Finalmente en mi calidad de ciudadano y ajeno a la actividad del Partido Nueva Alianza no puedo exigir plenamente a esta agrupación, pero sí puedo pedir al órgano central electoral y al tribunal electoral que se respete lo consagrado en nuestra constitución y en los tratados internacionales.

Las reformas constitucionales promulgadas el 10 de junio de 2011, que incluso modifica el nombre del título primero denominándolo “DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS” y de la Constitución y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 6 de agosto de 2008, fortalece mi petición ante este órgano:

"DECRETO por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica la denominación del Capítulo Primero del Título Primero; el primero y quinto párrafos del artículo 1º; el segundo párrafo del artículo 3º; el primer párrafo del artículo 11; el artículo 15; el segundo párrafo del artículo 18; el primer párrafo del artículo 29; el primer párrafo del artículo 33; la fracción décima del artículo 89; el segundo párrafo del artículo 97; el segundo y tercer párrafos del apartado B del artículo 102; y el inciso g) de la fracción segunda del artículo 105; la adición de dos nuevos párrafos, segundo y tercero, al artículo 1º, y recorriéndose los actuales en su orden; un nuevo párrafo segundo al artículo 11, los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 29; un nuevo párrafo segundo al artículo 33, recorriéndose el actual en su orden y los nuevos párrafos quinto, octavo y décimo primero, recorriéndose los actuales en su orden, al artículo 102 del Apartado B; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TODAS LAS PERSONAS GOZARÁN DE LOS DERECHOS HUMANOS, RECONOCIDOS EN ESTA CONSTITUCIÓN Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE, ASÍ COMO DE LAS GARANTÍAS PARA SU PROTECCIÓN CUYO EJERCICIO NO PODRÁ RESTRINGIRSE NI SUSPENDERSE, SALVO EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE ESTA CONSTITUCIÓN ESTABLECE.

LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS SE INTERPRETARÁN DE CONFORMIDAD CON ESTA CONSTITUCIÓN Y CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LA MATERIA FAVORECIENDO EN TODO TIEMPO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA.

TODAS LAS AUTORIDADES, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD. EN CONSECUENCIA EL ESTADO DEBERÁ PREVENIR, INVESTIGAR, SANCIONAR Y REPARAR LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLEZCA LA LEY".

Comentario: Con esta reforma beneficia los derechos de los gobernados, a pesar de que pudieran existir interpretaciones diferentes en otro artículo, este artículo no limita y además complementa los tratados internacionales y sobre todo favoreciendo a las personas la protección más amplia.

“CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO CASTAÑEDA GUTMAN VS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SENTENCIA DE 6 DE AGOSTO DE 2008.

6. El Estado debe, en un plazo razonable, completar la adecuación de su derecho interno a la Convención, de tal forma que ajuste la legislación secundaria y las normas que reglamentan el juicio de protección de los derechos del ciudadano de acuerdo con lo previsto en la reforma constitucional de 13 de noviembre de 2007, de manera que mediante dicho recurso se garantice a los ciudadanos de forma efectiva el cuestionamiento de la constitucionalidad de la regulación legal del derecho a ser elegido, en los términos de los párrafos 227 a 231 de la presente Sentencia.”

Comentario: Han transcurrido más de tres años y medio y todavía no se ha expresado claramente los derechos del ciudadano, ya que en mi particular punto de vista no están prohibidas las candidaturas independientes, el rechazarla sería una flagrante violación de derechos humanos y de sus garantías de los gobernados, además de la reforma constitucional del artículo 1º que señala que los derechos humanos reconocidos en esta constitución y los en tratados internacionales.

"Artículo 5º.” (Se transcribe).

Comentario: Existe monopolio de los partidos políticos. Si algún ciudadano quiere dedicarse a ser candidato a un cargo de elección popular de forma independiente y obtiene el triunfo electoral no está prohibido, al contrario el trabajo que le acomode lo permite la constitución.

"Artículo 26.”(Se transcribe).

Comentario: Para existir planeación democrática se requiere que previamente existan dos condiciones: 1. Que desde el proceso preelectoral los partidos políticos sean incluyentes, es decir que procuren involucrar al mayor número de ciudadanos llámense militantes, simpatizantes, aspirantes, precandidatos y candidatos, 2. Que cualquier grupo de personas puedan formar partidos políticos en cualquier momento con requisitos sencillos.

"Artículo 28.”(Se transcribe).

Comentario: Los partidos políticos realizan prácticas monopólicas y oligopólicas.

“Artículo 35.” (Se trascribe).

Las calidades a que se refiere la ley nunca deben de estar subordinadas a la pertenencia o militancia en un partido político, se refieren en esencia a los requisitos, por ejemplo, un ciudadano pleno según lo señala el artículo 34, y son solamente dos requisitos tener 18 años cumplidos y tener un modo honesto de vivir, las calidades a que se refiere el artículo 35. Son que en materia electoral federal existen tres calidades en cuanto la edad de los candidatos, los ciudadanos que tienen 21 años, los de 25 años y los de 35 años, para participar en candidaturas de diputado federal, senador y presidente de la república, respectivamente, existe otro requisito de calidad para ser presidente de la república señalado en la I (sic), del artículo 82 de la constitución federal es ser hijo de padre o madre mexicanos por nacimiento y haber residido en el país durante al menos veinte años antes del día de la elección, la fracción IV señala haber residido en el país el año anterior a la elección y otros fracciones relacionadas con renuncia a los cargos públicos previos.

El artículo 29 del reglamento provisional político del imperio mexicano señala:

"El poder ejecutivo reside exclusivamente en el Emperador, como jefe supremo del Estado. Su persona es sagrada e inviolable, y sólo sus ministros son responsables de los actos de su gobierno..."

Comentario: Este precepto era vigente en la década de los años veinte del siglo XIX, hoy debería de ser otra historia. Claramente se entiende que las calidades se refieren a capacidades, aptitudes y cumplimiento de otros requisitos indispensables como la edad, lugar de origen, nunca a la postulación obligatoria por parte de un partido político.

Regresando al precepto constitucional vigente fracción II, artículo 35 "Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión teniendo las calidades que establezca la ley".

Señala Ignacio Galindo Garfias en la constitución comentada y concordada décimo octava edición editada por Editorial Porrúa y la Universidad Nacional Autónoma de México lo siguiente:

Independientemente de que los cargos de elección popular no son propiamente un "empleo" la redacción del precepto no es adecuada.

Aparte el requisito de ciudadanía para el desempeño de un cargo público, para ser elegible para desempeñar cualquier otro cargo o empleo, el ciudadano debe tener cualidades (capacidad y aptitudes para desempeñarlo) que exijan las leyes aplicables, la calidad de una persona nunca deberá de estar subordinada a la participación en un partido político, atendiendo al principio de que las personas gozan de garantías los partidos políticos no.

“III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición."

Comentario: El asociarse de forma individual y de forma libre para participar en asuntos políticos del país, nunca señala que requiere de avales o de firmas para participar libremente, ni mucho menos de partidos políticos y además se complementa con la fracción V, al señalar el derecho de petición como un derecho individual de ciudadanos.

“Artículo 39.” (Se transcribe).

Comentario: El pueblo ejerce su soberanía las 24 horas del día los 365 días del año y cada cuatro años los 365 días del año, el pueblo somos todos y cada uno de los individuos de este país, cualquier individuo de forma individual o colectiva puede aspirar a realizar cualquier actividad sin necesidad de "PEDIR PERMISO" a nadie, cualquier negación sería una flagrante violación las garantía esenciales de los gobernados.

"Artículo 40.” (Se transcribe).

Comentario: Para que exista representación democrática se requiere que exista una participación autentica y se dé de forma automática, un ciudadano no debe de ocupar de avales de nadie para sencillamente postularse, la validación de la sociedad y de la ciudadanía se hace en las urnas el día de la elección, como candidato si debe ocupar de la mayoría del pueblo para obtener el triunfo electoral.

"Artículo 41.” (Se transcribe).

Comentario: El pueblo quedará más satisfecho si ejerce de forma más sencilla, clara y automática su soberanía a través de los poderes de la unión, el pueblo es tomando en cuenta al final del proceso electoral y además está totalmente restringido con la nueva ley electoral, debe de invertirse el orden que exista una verdadera participación de todos los actores interesados desde un inicio y si a pesar de haber participado en algún proceso pre electoral y no queda satisfecho sus intenciones podría participar de forma independiente, las candidaturas independientes son un válvula de escape, siempre y cuando sean de forma pacífica, respetuosa y con patriotismo, cualquier oposición a estos principios podría vulnerar significativamente el estado de derecho.

"La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:"

Comentario: Las elecciones serían más auténticas si existen procesos incluyentes de elecciones primarias como antesala de la elección constitucional, en el presente proceso electoral el PRI tuvo prácticamente a un precandidato, PRD tuvo a dos precandidatos que resolvieron con una encuesta, el PAN varios aspirantes y lo designaron en asamblea, Nueva Alianza, postuló a un presunto candidato ciudadano pero nunca hubo concurso de posición, como conclusión ningún partido político invitó a participar a integrantes de la sociedad con una elección similar a una elección constitucional. (Se transcribe).

Comentario: los partidos políticos deben de ser regulados por la autoridad electoral, buscando en todo momento la participación de la sociedad, son indispensables las elecciones primarias se requiere de una verdadera representación nacional, no existe una elección de candidatos sino una designación de los mismos, debemos valorar que es preferible que los ciudadanos participen y se desahoguen en el discurso que en la práctica resentida, las elecciones son una excelente opción para aprobar o desechar propuestas y debates, pero se requiere que exista la participación libre de todos los actores que estén interesados, las candidaturas independientes lo peor que podrían generar es mejorar la calidad y participación del debate, además siendo participación auténtica de candidatos independientes tácitamente legitimarían las elecciones, las candidaturas independientes, reitero, son una excelente válvula de escape, tal como lo señala la corte interamericana, negarse sería irresponsable y además peligroso para la república, ya tuvieron oportunidad de gobernar otros partidos políticos a nivel federal, estatal y municipal y el clima de descontento sigue en aumento, así como existió un ejército constitucionalista con Venustiano Carranza, debemos de poner en práctica un ejercicio ciudadano pleno, sin más limitaciones que las que vayan en contra de la moral y el derecho, prefiero ejercicio que ejército.

La esencia de nuestra constitución no ha cambiado, a pesar de algunas adiciones y reformas a nuestra constitución, algunas legislaturas federales han modificado la constitución, adecuándola según ellos a su realidad, que no necesariamente responde a la realidad nacional y colectiva, para interpretar la constitución se requiere hacer un análisis integral, no de algunos párrafos solamente y aplicar el más benigno al gobernado.

“Artículo 81” (Se transcribe).

Comentario: Ninguno de los partidos políticos postuló a sus candidatos utilizando la elección directa o "primaria", por lo tanto no hay identidad entre sus procesos de elección o designación de candidatos con el de la elección constitucional para el proceso electoral del año 2012.

“Artículo 133.” (Se transcribe).

CONCLUYENDO:

I. En México se han violentado y se siguen violentando los derechos humanos y sus garantías,

II. La selección de candidatos a titular del ejecutivo por los diferentes partidos políticos no contribuyó a la práctica democrática en el presente proceso electoral,

III. El constituyente permanente se encuentra en un estado de inacción para promover la participación política y democrática, no le interesa hacer mejoras y adecuaciones a nuestra constitución,

IV. El poder ejecutivo federal no le interesa la participación de la sociedad y no ha buscado generar condiciones para realizar las mejoras respectivas,

V. El poder judicial de la federación, dejó en manos del constituyente la responsabilidad y no asumió su responsabilidad como máximo tribunal,

VI. La corte interamericana ya dictó sentencia y en México parece que a nadie le interesa el respeto por los derechos de los ciudadanos e inquietudes políticas,

VII. Lo grave es que sabemos que los derechos políticos del ciudadano están subordinados a las agendas de la totalidad de los partidos políticos.”

b. Demandas del SUP-JDC-629/2012 y SUP-JDC-660/2012.

PRIMER AGRAVIO: Es totalmente ilegal, la resolución de la demandada en vista que en el correlativo de la resolución del ad quo cuando establece, en el correlativo de sus considerandos:

“Que "....el Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo, cuya función estatal es ia organización de las elecciones federales y en la que se tiene como principio rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad."

"Que en la Presidencia del Consejo General así como en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, se recibieron sendos escritos firmados por ciudadanas y ciudadanos mexicanos, quienes esencialmente solicitaron el registro de su candidatura Independiente en la elección de Presidente Constitucional de los Estados unidos Mexicanos..."

Pues su resolución carece de los atributos de la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que aduce inspirarle en vista que en el correlativo de dichos considerandos, aduce:

“7.- Que conforme a lo establecido por el artículo 35 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es prerrogativa de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos tener la posibilidad de ser votados para los cargos de elección popular, siempre y cuando se tengan las cualidades que establezca la ley, a fin de que el Estado en su conjunto pueda garantizar los principios constitucionales de la función estatal electoral en términos de lo dispuesto en el propio artículo 41 constitucional. En este tenor, de acuerdo con el aludido y del artículo 4, párrafo 2 del Código Federal de instituciones y Procedimientos Electorales, este derecho se ejerce atreves de los Partidos Políticos, instituciones a través de las cuales los ciudadanos pueden acceder al poder público mediante el sufragio libre, universal, secreto, directo, personal e intransferible."

Si bien motiva con los articulo 35 y 41 de la constitución su resolución, lo hace erróneamente a contentillo, para negarme mis derechos a ser votado a través de mi candidatura independiente y ciudadana, cuando dicho dispositivos nunca lo prohiben, encima, aplicando indebidamente inconstitucionales dispositivos legales como son el 4, párrafo 2 y el 128 del Código Federal de instituciones y Procedimientos Electorales, que contradicen los dispositivos constitucionales suprmencionados, peor aún, cuando establece la demandada, el considerando arábigo siguiente:

10.- "Que de conformidad por lo dispuesto en el artículo 218, párrafo 1 del Código Federal de instituciones y Procedimientos Electorales, "corresponde Exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular" sin que en ninguna parte del citado ordenamiento se prevean excepciones a tal condición, o se establezca implícitamente la posibilidad de que algún ciudadano o ciudadana pueda postularse y registrarse de manera individual, para contender a cargos de elección federal."

11. "Que respecto al contenido del artículo 218, párrafo 1, del Código Federal de instituciones y Procedimientos Electorales, en tesis de Jurisprudencia con clave de control P./53/2009, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido con claridad que se trata de una norma ajustada al marco previsto en el artículo 35, fracción II y 41, de la Constitución General de la República, en cuando no vulnera el derecho fundamental a ser votado, teniendo las cualidades que establezca la ley..." (Se trascribe tal jurisprudencia.)

13.- "Que en esta secuencia de razonamiento,..no existe en el artículo 41 de la Constitución General de la República una base normativa relativa a las candidaturas independientes, por lo cual no está previsto que el legislador ordinario federal pudiese regularlas ni la forma en que pudiese hacerlo, por razones de principio de orden constitucional, toda vez que el diseño constitucional está orientado a fortalecer el sistema de partidos políticos; de donde se advierte que en lo tocante a las candidaturas independientes, ciudadanas o no partidarias, no hay bases constitucionales que permitan hacer efectivos dichos derechos, por lo cual esta autoridad electoral no trasgrede garantía alguna en apego a los principio rectores tales como lo de certeza o de legalidad, así como otros principios relacionados con la función electoral, como el de igualdad en la contienda electoral o el de que en financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales los recursos públicos deberán prevalecer sobre los de origen privado, y particularmente, en los tocante a prerrogativas tales como el acceso a radio y televisión en materia electoral..." (Cita jurisprudencia que apoya tal argumento.)”

Esto es una Ilegal resolución, pues si bien no existe en el artículo 41 de la ley cimera base normativa que para las candidaturas independientes, tampoco las prohíbe, empero a pesar que la constitución en dicho dispositivo no discrimina la autoridad, si lo hace, es decir, violentando el principio jurídico que mandata a la autoridad en general que: donde la ley no discrimina, no tiene porque hacerlo el juzgador o en este caso la demandada, amén que para el ciudadano lo que no le está expresamente prohibido le está permitido, y la constitución en su artículo 41 no prohíbe expresamente, menos aun el 35 del mismo ordenamiento, mi candidatura independiente, empero a su leal saber y entender la demandada si me prohíbe dicha candidatura temerariamente en contra de lo establecido en dichos dispositivos legales, interpretando o aplicando indebidamente la constitución y leyes evidentemente contrarias a ella, como son el 35 y 41 de la ley cimera y los arábigos 4, párrafo 2 y el 128 del Código Federal de instituciones y Procedimientos Electorales respectivamente.

Y peor aún, es ilegal su determinación cuando aduce que:

“14.- Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Castañeda Gutman vs. Los Estados Unidos Mexicanos, en lo tocante al análisis de la proporcionalidad respecto del interés que se justifica y adecuación al logro del objetivo legitimo de las candidaturas independientes a cargos electivos, determino que no existe sistema de postulación única o particular...."

15.- "Que en congruencia con nuestro ordenamiento constitucional, los tratados internacionales citados, los criterios de interpretación sostenidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, trasuntos en los considerandos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 17 del presente acuerdo, relativos a la exclusividad de los partidos políticos para postulación y registro de candidaturas a cargos de elección popular, es inconcuso que la existencia de regulación de las candidaturas independientes en el marco constitucional y legal en materia electoral vigente en México, no implica la violación de derecho fundamental político-electoral de ser votado a cargos electivos, previsto los artículos 35, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, inciso b) y c), del Pacto Internacional de ios Derechos Civiles y Políticos y 23 párrafo 1, incisos b) y c) de la Convención americana sobre Derechos Humanos; pues fundamentalmente, las ciudadanas y los ciudadanos gozan de condiciones razonables de igualdad y oportunidad para acceder a dicho cargos a través del sistema de partidos, agotando los requisitos y procedimientos aplicables. En su caso, corresponde al Poder Constituyente Permanente de la unión prever la participación directa de las ciudadanas y ciudadanos en los procesos electorales federales, mediante el registro de candidaturas ciudadanas o independientes a cargos de elección popular, por lo cual es presupuesto indispensable una reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la ley electoral secundaria, a efecto de que se establezcan las modalidades, los procedimientos, requisitos y demás regulación necesaria para hacer realidad esa encomiable pretensión ciudadana."

Ilegal resolución con tintes de demagogia, de una institución que debería ser imparcial, ilegal resolución al desatender lo que el artículo 35 de la constitución que me permite, postularme como candidato independiente o ciudadano o sin partido Brillante e inconstitucional resolución, en vista de que he dicho dispositivo me permite ejercer mi derecho a ser votado.

Además, su resolución está salpicada de sofismas, inspiradores propiamente de un cuento chino, cuando afirma:

“16.- Que el tema de las candidaturas independientes, ciudadanas o no participarías está en la agenda del Poder Legislativo de la Unión, a través de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos del Senado de la República...

17.- "Que el derecho político-electoral de la ciudadanía a ser votado es un derecho fundamental de base constitucional y configuración legal, por lo que las normas jurídicas relativas deben interpretarse de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales, favoreciendo una interpretación más amplia hacia las personas, en forma progresiva, por lo que bajo esta óptica y afín de proteger ese espectro jurídico, se requiere, además, establecerse en la ley las calidades como son las circunstancias, condiciones, requisitos o tornos para su ejercicio por parte de las ciudadanas y ciudadanos."

Cuando el articulo 35 y 41, de la ley cimera autoriza mi candidatura que se le solicito y negó: pues al no prohibir las candidaturas independientes dichos dispositivos, debió de inscribirme como candidato independiente, empero, no lo hizo a pesar que la constitución lo permite, empero en el correlativo de su resolución, de los considerandos, argumenta:

“18.- Que lo anterior se desprende que el ejercicio de ese derecho o prerrogativa política corresponde a toda ciudadana y ciudadano mexicano; sin que se pierda de vista que ello está sujeto a los mecanismo jurídicos y procedimentales que el Estado mexicano determine con pleno respeto a los derechos políticos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales ratificados por aquel. Ello con la finalidad de hacer efectivos los principios rectores que aseguren igualdad para la ciudadanía al ejercer dicho derecho, tal y como ocurre con el marco normativo actualmente vigente."

19.- "Que la falta de elementos normativos para atender el registro de candidaturas independientes, ciudadanas o partidarias están relacionadas con las condiciones de la propia solicitud y el registro (documentación necesaria y apoyo ciudadano que acredite cierta representatividad); tales como el acceso a radio y televisión; financiamiento; fiscalización de los recursos; representación ante los órganos colegiados de la autoridad administrativa electoral; representación ante las mesas directivas de casilla; vigilancia de los listados nominales de electores; condiciones para precampañas y campañas electorales; inclusión de la candidatura independiente, ciudadana o no partidaria en la boleta electoral; escrutinio y computo; faltas administrativo electorales; legitimación en medios de impugnación relativos a resultados electorales, entre otros aspectos."

20.- "Que al ser inexistente la figura de la candidatura independiente, en el sistema electoral federal mexicano, no se encuentran establecidos los procedimientos para su registro, ruquecitos, derechos, obligaciones, prerrogativas, entre otros, que permitan su participación en el proceso Electoral Federal."

21.- "Que de los anterior se desprende que el ejercicio de ese derecho o prerrogativa política corresponde a toda ciudadana o ciudadano mexicano; sin que se pierda de vista que ello está sujeto a los mecanismo jurídicos y procedimentales que el Estado mexicano determine con pleno respeto a los derechos políticos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales ratificados por aquel. Ello con la finalidad de hacer efectivos los principios rectores de la función estatal electoral -como el de certeza o de legalidad-, condiciones que aseguren igualdad para la ciudadanía al ejercer dicho derecho, tal y como ocurre con el marco normativo actual vigente."

22.- "Que en razón de lo anterior, este Consejo General no se encuentra facultado para autorizar el registro de candidaturas independientes, ciudadanas o no partidarias, a los cargos de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos....toda vez que, como se ha señalado, las ciudadanas y ciudadanos que aspiren a una candidatura deben postularse por algún partido político nacional con registro vigente ante este instituto; aunado a que la figura de candidatura independiente no se encuentra dispuesto en la legislación en vigor."

ACUERDO

PRIMERO.- "Son improcedentes las solicitudes de registro de candidaturas a Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos...según corresponda, precisadas en el ANTECEDENTE1 del presente Acuerdo, por no cumplir con los ruquecitos exigidos por las normas legales en la materia electoral federal vigente, por las razones expuestas con los considerandos anteriores."...

Es totalmente el acabose, para negarme de propia autoridad, sin debidamente fundar y motivar, e incluso desatendiendo el articulo 35 y 41 de la constitución que establecen las bases para que al suscrito pueda participar como candidato independiente, aduciendo que no hay dispositivos legales que regulen tales circunstancias, cuando si los hay, digo, hay el andamiaje suficiente para que el suscrito sea candidato independiente, lo que no hay es voluntad, pues hay desde dispositivos constitucionales, que por un lado, me faculta a solicitar de manera independiente mi candidatura y por otra parte, se establecen las condiciones de equidad que debe de observar la demandada con todos los registrados como candidatos registrados incluyendo los independientes.

Por otra parte, también resulta violatoria la resolución de la autoridad hoy impugnada en vista que él en Articulo 99. De la ley cimera, establece que: "El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación." (Se transcribe).

Consecuentemente, el aplicar los artículos que son contrarios a la constitución por la demandada, es ilegal, causando perjuicio al suscrito al negar el derecho constitucional de ser votado, es decir, ser candidato independiente y ciudadano al cargo de elección popular solicitado sin la necesidad de hacerlo a través de los partidos políticos, pues se debe de restablecer la vigencia de mis derecho civiles y políticos, previstos en el artículo 35 de la ley suprema del país por esta H. autoridad, con la declaración de la inconstitucionalidad de los artículos los artículos: 2° párrafo cuarto, el 4o párrafo, 5o párrafo primero, 36 párrafo primero inciso d, el 104 párrafo primero, el 105 párrafo segundo, y el inconstitucional artículo 218 párrafo primero, del CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, solicitando pro esta H. autoridad, la declaración de que al ser inconstitucionales dichos dispositivos, se dejen de aplicar, en vista de que la demandada al ilegalmente funda y motiva a través de dichos dispositivos inconstitucionales del código electoral multimencionados, causa a! suscrito violaciones a mis derechos civiles y políticos, por lo que deberá declarar esta H. autoridad inaplicables motivado por la inconstitucionalidad de los mismos, para sí, como resultado reinstalar la vigencia de la norma constitucional por esta H. autoridad, otorgando la inscripción a la candidatura a la presidencia de la república solicitada por el suscrito, es vista de haber acudido en tiempo y forma, y reunir los ruquecitos que la constitución demanda para tal candidatura.

Lo anterior es así, en vista de que en la ley orgánica del Poder Judicial en materia Electoral corrobora mi solicitud, pues, en el Artículo 189.- La Sala Superior tendrá competencia para: (Se transcribe).

Es decir el artículo 99 de la Constitución y el 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dan facultades al Tribunal Electoral de no aplicar leyes electorales si se contradice a la Constitución como es el caso presente, consecuentemente con la aplicación de los artículos anticonstitucionales por la demandada para fundar y motivar ilegalmente la negativa de inscribir a la candidatura solicitada por el suscrito.

Como consecuencia siendo el inconstitucional el articulo 218 del CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES (COFIPE) al establecer que: "Corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular."

Siendo el referido artículo 218 del COFIPE que aplica la demandada en su resolución hoy impugnada, contrario a los artículos 14,16 y 35 de la ley cimera, este H. tribunal debe declararlo Inconstitucional, por tal razón inaplicable al suscrito, acorde a los ordenado en el artículo 99 de la Constitución y el 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y así restablecer los violentados derechos civiles y políticos del suscrito, concediendo y ordenando a la demandada mí inscripción a la candidatura independíente de la presidencia de la república en las mismas condiciones de igualdad, con el resto de los candidatos.

Lo anterior es así en vista de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en el acuerdo que hoy se impugna, violentó en mi perjuicio un derecho político electoral fundamental reconocido desde el surgimiento del estado moderno mexicano, y que lo es, no solo el votar sino también, la potestad o prerrogativa de ser votado, y con ello, acceder en condiciones de igualdad, personas físicas o morales, digo partidos políticos, a las funciones públicas al poder público, al no ser esto así, se está evidentemente, contraviniendo con ello los artículos 1 y 35, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se aplica el artículo 218 del CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES ai establecer que: "Corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular."

Esto es así pues, cuando se aplica el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prescribe y establece que todo individuo gozará de las garantías que otorga dicho ordenamiento, entre ellas, la de igualdad, en relación con el derecho a votar y ser votado; por tanto, afirmo, que resulta inconcebible que las leyes secundarias del COFIPE estén por encima de la supremacía constitucional al no garantizar las derechos fundamentales del ciudadano, ya que el IFE hoy demandado, han determinado no velar por el derecho constitucional que me asiste de ser votado aplicando legislaciones contrarias a la constitución, no obstante existir un antecedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que al resolver la acción de inconstitucionalidad atinente a la legislación del Estado de Yucatán, seis Ministros avalaron y están a favor de la constitucionalidad de las candidaturas independientes, por lo que en ese sentido, solicito que el referido criterio se tome en cuenta al momento de dictar sentencia en el presente juicio ciudadano y se ordene otorgarme la candidatura, al cargo de elección popular que aspiro ocupar el suscrito, pues es un derecho que la constitución me otorga como ciudadano que tiene en vigencia todos sus derechos políticos y civiles, y además cumple con todos y cada uno de los requisitos para ello y además mi petición fue en tiempo y forma, para ser legitima, conducente y valida mi inscripción a la candidatura de Presidente de La República, tal y como lo establece la ley cimera de nuestro país. Pues si bien, la responsable le dio el derecho de manifestar sus ideas en términos del 8 de la ley cimera, ejerciendo el derecho de petición al solicitar mi inscripción a la candidatura que se le pidió a la hoy demandada, pero viola la libertad que tiene de escribir y publicar, me coarta el derecho de asociarse o reunirse, y le impide dedicarse a la actividad política, en contravención a los artículos 1. 4. 5 7, 9, 34, 35, 39 y 41, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el suscrito cumpliendo con lo mandatado por la constitución, se me niega el registro como candidato independiente, mas aun que, de haber sido omiso con algún documento o requisito se me debió de prevenir para subsanar dicha omisión, empero, simplemente se me niega el registro, mediante la aplicación de-preceptos inconstitucionales de leyes secundarias.

A mayor abundamiento, en vista de que en los correlativos de mis derechos políticos, humanos y legales que la Constitución Federal otorga en sus artículos 14, 17, 34, 36, 133 y 136, ya que al negar el A quo mi registro como candidato a la presidencia de la república, pues vulnera e infringe esos preceptos constitucionales en vista que: el suscrito, cumple cabalmente con los requisitos que nuestra carta magna prescribe para ejercer el derecho a ser votado, como son: (se transcriben).

Consecuentemente, ninguna ley inferior puede contradecir o limitar la Constitución Federal, atento al principio de supremacía y a la regla universal del derecho de que todo lo que no se encuentra expresamente prohibido, significa que se encuentra permitido, mas aun cuando para fundar y motivar la hoy impugnada aplica dispositivos inconstitucionales.

Consecuentemente de lo anterior es erróneo que el ad quo establezca en su resolución, que no hay instrumental jurídico para su procedencia pues lo hay, por lo que hace a su resolución de la demandada totalmente ilegal al establecer que: (Se transcribe parte de la resolución).

Pues hay suficiente instrumental jurídico para hacer procedente mi candidatura solicitada, incluso en la misma ley suprema en sus artículos los artículos 1, 4, 5, 7, 9, 34, 35, 39 y 41, fracción IV, 14, 17, 34, 35, 41, 36, 133 y 136, y demás correlativos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Empero violentando al demandada los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad sobretodo el de legalidad, con el cual está anclado, y se debe conducir el IFE hoy demandado, pues en la Constitución en su artículo 14, establece que: "Toda resolución debe ir fundada y motivada" y en el presente caso la autoridad responsable hoy demandada en su resolución, solo se concreta a transcribir algunos artículos inconstitucionales y distintas leyes secundarias, sin llevar a cabo un razonamiento que le permita encontrar la luz y llegar al pleno conocimiento, es decir, a su leal saber y entender, y no apegado a estricto derecho como lo establece el espíritu de el articulo en cita, ya que esta por demás claro el espíritu, que reza nuestros Artículos 35 y 39 de la Constitución Política de los Estaos Unidos Mexicanos, que establecen el derecho a ser votado, y la soberanía que recae finalmente en el pueblo, que a través de su historia y resultado de las luchas sociales creo el 'pacto social jurídico que le da legalidad a nuestro país, a través de su constitución, norma fundamental y básica de nuestra vida democrática, por lo que, como candidato independiente estoy cumpliendo con esas 'calidades establecidas en la ley. Omitiendo únicamente por obvias razones no tener partido político y por que NO es mi deseo de participar en alguno como el 98% de la población que no milita en partido político , ni participa a través de dichos organismos políticos o personas morales en la política producto de su desprestigio y probada corrupción, por lo que, la responsable, al conocer de la solicitud de registro del hoy actor, debió aplicar directamente las normas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no normas secundarias inconstitucionales, además, por su incorrecta aplicación e interpretación de la ley cimera, coartándoseme mi derecho a poder ser votado, pues tal numeral 35 de la ley en cita, en particular y la Carta Magna en general, no me prohíben y por lo tanto, me permiten como ciudadano, para postularse a cargos de elección popular, como candidatos independientes de los partidos políticos, basado en las prerrogativas que la constitución me otorga.

En este orden de ideas, para mayor claridad de mi argumento, en este apartado conviene referirse al derecho fundamental a ser electo. Entonces, conviene diferenciar los conceptos de los llamados voto activo y voto pasivo. El voto activo, puede entenderse como la emisión del sufragio, es decir el que se ejerce por el ciudadano que va a las urnas a sufragar a favor del candidato de su elección e incluso abstenerse de hacerlo si ninguno de los candidatos no satisface sus expectativas; mientras que el voto pasivo, es el derecho de ser votado, es decir, es el voto que en su caso recibe el candidato legalmente postulado sea vía un partido político o candidaturas ciudadanas, es decir sin partido político, empero negarle al 98% de la población sin partido político a postularse es totalmente contrario a el artículo 35 de la ley cimera, y la ley secundaria aplicada por la demandada, violenta en derecho pasivo del ciudadano, pues si no se siente representado o simpatiza con ningún partido político, se le priva de poder participar en la vida pública de forma personal y directa cuando la constitución así nos lo permite.

Lo anterior es así, pues si bien, en la legislación positiva mexicana no se acoge la terminología de voto activo y de voto pasivo para designar, respectivamente, el ejercicio del sufragio y el derecho a participar corno candidato en una elección popular, si se emplean las expresiones votar y voto para referirse a la prerrogativa de elegir, y a la de ser votado para expresar el derecho a ser elegido, sin calificar al constitución la exclusividad de ser votado a través de partidos políticos que solo aglutinan al 2% de la sociedad.

También debe decirse que el derecho al sufragio, en sus dos vertientes, hoy vulnerado por la demandada mediante la resolución que hoy se impugna, forma parte de los derechos de participación política, y constituyen la base de todo sistema que se precie de ser democrático, pues permiten vincular e identificar al ciudadano y la autoridad, o de hacer que el ciudadano pueda participar en a vida pública, por lo que constituye un presupuesto indispensable garantizar, en principio, que todo ciudadano esté en aptitud de ejercer el derecho de sufragio pasivo y activo en las elecciones populares que se celebren para la renovación de los órganos públicos representativos del Estado mexicano, lo que no pasa con la resolución de la demandada, pues sin que para tales efectos sean relevantes cualesquiera otras circunstancias o condiciones sociales o personales, tales como etnia, raza, sexo, dignidad, mérito, experiencia, formación, rendimiento o discapacidad, pertenencia a credo religioso, político, o sea o forme parte de institución política, organización social, etc. Y que obligadamente aun en contra de sus apetencias ciudadanas del suscrito me impongan a través de una ley secundaria el ejercer mis derecho pasivo a ser votado a través de partidos con los cuales no me siento identificado tal y como sucede con más del 95% de la población en nuestro país.

Más aun, cuando el derecho fundamental político electoral del ciudadano a ser votado para todos los cargos de elección popular se encuentra consagrado en el artículo 35, de la Constitución Federal. Este derecho fundamental, se encuentra referido a los ciudadanos mexicanos que, reuniendo las calidades que establece la ley constitucional, pueden ser votados para los cargos de elección popular. En el entendido que resulta relevante precisar cuáles son las calidades que deben reunir los ciudadanos para ejercer el derecho a ser votado para determinado cargo de elección popular. Al respecto, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, editorial Espasa, vigésima segunda edición, establece que calidad significa, entre otras:

Propiedad o conjunto de propiedades inherentes "a algo, que permiten juzgar su valor". "Estado de una persona, naturaleza, edad y "demás circunstancias y condiciones que se "requieran para un cargo o dignidad". El concepto calidad, aplicado a una persona, debe entenderse como la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a ésta que permitan juzgarla por sí misma, por lo propio, natural o circunstancial de la persona a que se alude y que la distingue de las demás, cuyo sentido se obtiene de la definición que tiene la voz inherente, que significa lo que por su naturaleza está de tal manera unido a otra cosa, que no se puede separar de ella. También está dirigida a establecer que, lo que define la calidad de una persona, son los aspectos propios y esenciales de ésta, tan es así, que el punto de partida de la expresión, de los aspectos empleados para ejemplificar lo definido, son precisamente la naturaleza y la edad, por lo que incluso la expresión y demás circunstancias" debe entenderse que está referida a otras características de la misma clase o entidad, es decir, propios del individuo, y no derivar de elementos o requisitos ajenos al ciudadano, tales y como se establecen el artículo 35 de la ley en cita.

Bajo este contexto, es innegable que el derecho fundamental que corresponde a la prerrogativa de ser votado para todos los cargos de elección popular, acorde a su naturaleza y a las formalidades perseguidas con él dentro del marco normativo en que se encuentra, se debe concluir que el alcance que el órgano reformador de la Constitución Federal, le atribuyó al concepto "calidades que establezca la ley", referido al artículo 35 de la Constitución Federal, fue el de asignarle el significado de circunstancia inherente a la persona misma de los ciudadanos que pretendan ocupar un cargo de elección popular, como es el caso con el suscrito, con lo que evidentemente excluye otro tipo de atributos o circunstancias que no sean esenciales intrínsecamente al sujeto en cuestión, menos aun con dispositivos legales contrarios al espíritu de la constitución en sus numerales romanos en cita, lo cual se ve corroborado con lo dispuesto por los artículos 55, 58, 59, 82, 115, 116 y 122 de la propia Norma Fundamental, en lo relativo para ocupar los cargos de diputados y senadores al Congreso de la Unión, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, integrantes de los Ayuntamientos municipales, así como gobernadores y diputados a las legislaturas de los Estados, además de Diputados a la Asamblea Legislativa y Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

En consecuencia, toda vez que de su contexto general deriva que cuando el artículo 35, de la Constitución Federal señala que los ciudadanos para acceder a un cargo, comisión o empleo deberán reunir las calidades que establezca la ley, se refiere a cuestiones que son inherentes a su persona, no si pertenece a un partido político o no, menos aun que sea solamente a través de un partido político para poder ejercer su derecho a ser electo, porque si fuera así la misma norma fundamental contemplaría en su texto la circunstancia de, solo poder ser electo atreves de los partidos políticos, digo, a través de su postulación, empero no se contempla tal circunstancia, con lo que resulta incuestionable que la pertenencia a un partido político no puede considerarse como una calidad necesaria para ejercer un cargo de elección popular, dado que formar parte de un partido político no es un atributo intrínseco relativo a la persona, por lo que no puede entrar en la categoría de calidades requeridas por la Constitución, mas aun cuando el 98% de la población ni pertenece a partido político alguno.

En este contexto, la propia Norma Fundamental, promueve y garantiza la diversidad ideológica, pues si el ciudadano no se sintiera identificado con partido alguno, pues se violaría en su perjuicio sus derechos políticos y civiles, de poder ser votado, y se coartaría su legitimo derecho a participar en la vida pública empero ser parte del soberano, en términos del artículo 39 de la ley cimera, más aun, que según lo disponen sus artículos 6o, 7o, 8o, 9o y 35, fracción III, que prevén los derechos de libertad de expresión, de imprenta, de petición y libre reunión y asociación, esta última de gran relieve en materia política, porque permite al ciudadano la libertad de tomar parte, en forma pacífica, en los asuntos políticos del país; de ahí que, excluye al monopolio partidocrático, proscriba los privilegios de los partidos políticos y de sus políticos chapulines que brincan de un puesto a otro en el poder, prohíba la concentración del poder en la partidocracia, condena la imposición ideológica y evita todo tipo de condicionamiento a las actividades deliberativas y participativas de los integrantes de la sociedad, empero, la resolución de la demandada hoy impugnada al aplicar dispositivos secundarios inconstitucionales, hacen letra muerta a la normatividad del pacto fundacional de la república, la Constitución.

En este contexto, cuando expresamente la constitución no prohíbe tales candidaturas sin partido, debe respetarse la jerarquía de la norma cimera, puesto que el veintisiete de septiembre del año dos mil seis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un soberbio acto de democracia pura, al resolver la constitucionalidad de una reforma en la legislación electoral del Estado de Yucatán, determinó Que no solo los partidos políticos tienen el derecho de postular candidatos, sino que también los ciudadanos, sin pertenecer a un partido político y entonces sostiene, se encuentra soportada constitucionalmente su pretensión de registrarse, como candidato independiente. Esto es porque, tal y como se establece el cinco de octubre de 2006, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad números 28/2006, 29/2006 y 30/2006 acumuladas, donde los enjuiciantes solicitaron la invalidez de ciertas normas generales relativas a las candidaturas independientes establecidas en el decreto 678, que contiene la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, en el cual se prevén y regulan las candidaturas independientes, criterio que sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las consideraciones reflejadas en el fallo de referencia se recogieron en ia tesis identificada con la clave S3EL 081/2002, visible en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1977-2005, páginas 387-388 de la voz "CANDIDATOS. LA CONSTITUCIÓN FEDERAL NO ESTABLECE LA EXCLUSIVIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA SU POSTULACIÓN".

Efectivamente, la autoridad responsable en el acuerdo que impugno, fundamentó su determinación solamente en disposiciones que vulneran los derechos de! suscrito, pues si bien es cierto, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que los partidos políticos son entidades de interés público que tiene como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con los principios, programas e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, también lo es que no existe algún enunciado, expresión o vocablo, mediante el cual se exprese como exclusividad, o a través del que se advierta, claramente, la exclusión de las personas físicas que no tengan la calidad de partido político a ser postulado a través de dichos organismos políticos, digo, respecto el hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio universal libre, secreto y directo, porque de estas expresiones no se puede deducir o Inferir que sólo estos institutos políticos puedan desempeñar las actividades que sean necesarias para la consecución de dicho propósito. Es decir, el hecho de que la postulación de candidatos se encuentre dentro de los fines de los partidos políticos, sólo constituye la expresión de ese hecho de exclusividad imperativa, todo lo contrario, pero en modo alguno conlleva la exclusión del ejercicio de tal derecho a otras entidades, por ejemplo al suscrito, como candidato independiente de partido que me postule. Y, como consecuencia lógica de ello, se deben permitir las candidaturas ciudadanas, pues ello sería la expresión más fiel de la democracia, expresión de las libertades políticas de los mexicanos y que se manifiesta a través del sufragio efectivo, no reelección.

Al efecto, existe tesis de jurisprudencia del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, el cual hago valer para todos los efectos legales a que haya lugar, pues apoyan estos argumentos:

“CANDIDATOS. LA CONSTITUCIÓN FEDERAL NO ESTABLECE LA EXCLUSIVIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA SU POSTULACIÓN.” (Se transcribe).

Es correcta esta apreciación pues el artículo 35, fracción II, de la Carta Magna prescribe como una de las prerrogativas de los ciudadanos el derecho a votar y ser votado a cualquier puesto de elección popular, sin que ello consigne una limitación a las candidaturas ciudadanas, es decir, no existe una exclusividad hacia los partidos políticos. Razón por la cual, la apreciación que hace la autoridad electoral respecto a que las candidaturas son exclusivas de los partidos políticos es errónea y por demás violatoria de mis derechos y garantías constitucionales, pues los argumentos que esboza la autoridad electoral se encuentran regulados por una legislación secundaria inconstitucional y ésta no puede estar por encima de la Constitución Federal, pues uno de sus atributos es que es superior e imponible a particulares y órganos de autoridad, y todos están sujetos a lo que disponga su texto, por lo cual también hay sanciones para que quienes la desconozcan o infrinjan, como es el caso que nos ocupa, ya que de permitir que las autoridades del I FE, y no importando su carácter, apliquen normas secundarias que sean contradictorias con el Pacto Federal, sería tanto como negar el Estado de Derecho en el que vivimos, dando pauta a una anarquía electoral negar mi derecho a ser votado o de cualquier ciudadano mexicano.

Por ello, todo servidor público está obligado a respetar la constitución y las leyes que de ella emanen, siempre y cuando no sean contrarias a lo establecido en aquella, en virtud de lo establecido en los artículos 41 y 128 de la Constitución Federal, pues aquellos a quienes las leyes les confiere el rango de poder están obligados además, hacerla cumplir como es el caso de la hoy demandada que al resolver a su leal saber y entender, aplicando encima dispositivos contrarios a la constitución, desestima su juramento de ley. En vista de que ambos imperativos en cita, se imponen a los titulares de los poderes federales, locales, municipales y todas las autoridades que, de una u otra forma, estén supeditados a ellos, sin importar el rango, clase y condición.

En este contexto, el artículo 82 de la ley suprema de la nación, establece: (Se trascribe)

De lo anterior, se concluye y desprende que el suscrito, cumple con tales requisitos, y atendiendo a lo establecido queda claramente demostrado que la Constitución Política nacional, no establece como requisitos de elegibilidad al cargo de de Presidente de la República, el ser postulado por partido político alguno, pues dentro de las prerrogativas del ciudadano, se encuentra la de votar y ser votado a cualquier cargo de elección popular, siempre y cuando se reúnan los requisitos establecidos en ley.

La reglamentación, electoral en la que se basa la ilegal determinación de la demandada, carece de toda lógica jurídica, pues ninguna ley secundaria puede estar por encima de la constitución de nuestro país, pues si bien es cierto, que las leyes secundarias están hechas para reglamentar todo aquello no previsto en una ley general, como es el caso de nuestra constitución, también lo es que éstas no pueden ir más allá de lo previamente establecido en la legislación principal, restringiendo los derechos constitucionales, sino dando cause su implementación, en este caso el derecho de ser votado, sin calidad mayor o atributo exclusivo, que el ser ciudadano, ya que de no ser así, se violaría nuestros derechos y garantías de motivación y fundamentación, así como el de seguridad jurídica, generando un estado de incertidumbre jurídica, tal como en este caso, además de transgredir el Estado de Derecho en el cual nos desenvolvemos. En virtud de ello, es que promuevo este juicio de protección de los derechos político-electorales de ciudadano, para que esta máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral me proteja contra el arbitrio de la autoridad hoy impugnada y su ilegal determinación.

Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio sustentado por nuestra Suprema Corte, el cual se hace valer para los efectos legales conducentes:

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO EXISTE CUANDO EL ACTO NO SE ADECÚA A LA NORMA EN QUE SE APOYA.” (Se transcribe).

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE.” (Se transcribe).

Resultando lo anterior, en que, que la legislación secundaria cuando me niega, la posibilidad de que un ciudadano mexicano sin pertenecer a un partido político o sin el apoyo de éste, pueda aspirar a un cargo de elección popular, pues indebidamente se ha monopolizado la potestad de ser los únicos instrumentos para que los ciudadanos accedan al poder público los desprestigiados partidos políticos, violentándose con ello una garantía fundamental de igualdad política; contrario al espíritu, a lo señalado por los dispositivos 1 y 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 35 de nuestra Carta Magna dispone mi derecho a votar y ser votado, disposición constitucional ésta que corresponde íntegramente al texto original de la Constitución aprobada por el Constituyente de Querétaro el 5 de febrero de 1917, y la cual debe ser interpretada en términos de lo señalado por el artículo 14 de nuestra Ley Suprema que dice: '... En los juicios del orden civil, la sentencia deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho'.

De esta manera tenemos que haciendo uso del método auténtico de interpretación de la Ley, es indispensable conocer las motivaciones del Constituyente de 1917 que lo llevaron al regular o contemplar el derecho de voto pasivo simple y sencillamente a los ciudadanos si ningún otro atributo o cualidad como el ser postulado partidos políticos, sino todo lo contrario, por su legitimo derecho ciudadano de ser votado; por lo que, es necesario expresar que la Constitución aprobada el 5 de febrero de 1917 por el Constituyente de Querétaro, fue precedida por un mensaje y proyecto de Constitución de Venustiano Carranza dirigido al Congreso Constituyente de Querétaro en diciembre de 1916, en cuya sesión inaugural que fue el 1 de diciembre de ese año, Venustiano Carranza expresó: '...y en efecto; la soberanía nacional, que reside en el pueblo, no expresa ni ha significado en México una realidad, sino que en poquísimas ocasiones, pues si no siempre, si casi de una manera, rara vez interrumpida, el poder público se ha ejercido, no por el mandato libremente conferido por la voluntad de la nación, manifestada en la forma que la ley señala, sino por imposiciones de los que han tenido en sus manos la fuerza pública para investirse a sí mismos o investir a personas designadas por ellos, con el carácter de representantes del pueblo...' (pág. 20/Discurso de Don Venustiano Carranza. 1 de diciembre de 1916 en la sesión inaugural del Congreso Constituyente convocado por Don Venustiano Carranza., de acuerdo con el Plan de Guadalupe y Decretos que lo reforman y adicionan. Fuente. Discursos doctrinales de la Revolución Mexicana en el Congreso Constituyente 1916-1917, México 1962. Licenciado Raúl Noriega/Presentación Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, órgano consultivo de la Secretarla de Gobernación).

De esto se desprende que, siendo el sufragio una función esencialmente colectiva, toda vez que es la condición indispensable del ejercicio de la soberanía, debe ser atribuido a todos los miembros de cuerpo social, que comprendan el interés y el valor de esa altísima función y no de instituciones políticas que monopolicen tales derechos, como son los partidos políticos.

Esto autorizaría a concluir que el derecho electoral sólo debe otorgarse a aquellos individuos que tengan plena conciencia de la alta finalidad a que aquél tiende; lo que excluiría, por lo tanto, a quienes por su ignorancia, su descuido o indiferencia serán incapaces de desempeñar debidamente esa función, cooperando de una manera espontánea y eficaz al gobierno del pueblo por el pueblo.

A mayor abundamiento, de persistir la violación a mis garantías individuales, prerrogativas y derechos, se transgrediría el espíritu del Constituyente, pues en sus artículos 1 y 4 estableció como regla general lo siguiente: (Se transcribe).

De ello, se deduce que la autoridad hoy demandada, incumple con estos mandatos constitucionales, pues al negarme el registro como candidato ciudadano multimencionada, me priva de mi derecho a votar y ser votado, contemplado específicamente en el artículo 35, en relación con el numeral 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos de Mexicanos. Además, el artículo 4 constitucional, al disponer que el hombre y la mujer sean iguales ante la ley, no se refiere únicamente a estas dos personas, sino en general, es decir, a todos, ya sean personas físicas o morales, somos iguales ante la ley. Sin embargo, el acuerdo hoy impugnado del Instituto Electoral Federal, conocido comúnmente como COFIPE, por el que se niega el registro de la candidatura del suscrito hace una clara diferencia entre ciudadanos (personas físicas) y la "ficción jurídica" conocida como partidos políticos (personas morales), tratando discriminatoriamente a los primeros como ciudadanos de segunda, sin derecho a ser votados por ser ciudadanos sin partido, candidatos independientes, y ciudadanos de primera, a los candidatos de los partidos políticos, pues considera que es exclusividad de los partidos políticos el postular a los ciudadanos a cargos de elección popular, con lo cual crea un derecho absoluto para estos institutos políticos, situación que, en nuestro marco jurídico, está prohibido, pues genera un estado de indefensión e incertidumbre jurídica al suscrito, puesto que dicha determinación que se impugna, carece de motivación y fundamentación exhaustiva y de la perspectiva constitucional de los dispositivos legales de la ley cimera en cita.

Encima, el Instituto hoy demandado, al resolver no tomaron en cuenta el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuya obligatoriedad refiere el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que las condiciones que ese precepto establece, se constriñen sólo a razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente en un proceso penal, sin incluir a las leyes de las entidades federativas que otorgan en exclusividad a los partidos políticos o coaliciones el derecho a solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular; legislación que no se aplica por la demandada, siendo obligatorio dicha convención signada por México, dejando así de fundar y motivar conforme lo mandata el 14 y 16 de la constitución nacional, resolviendo y aplicando leyes inconstitucionales como son artículos los artículos: 2o párrafo cuarto, el 4o párrafo, 5o párrafo primero, 36 párrafo primero inciso d, el 104 párrafo primero, el 105 párrafo segundo, y el inconstitucional artículo 218 párrafo primero, del CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES y 218 del COFIPE de la resolución de la demandada.

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia, la cual hago valer para todos los efectos legales a que haya lugar.

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO DE TALES REQUISITOS NO SE LIMITA A LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS O QUE PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO.” (Se transcribe).

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. (Se transcribe).

SEGUNDO AGRAVIO: La situación creada por la determinación de la demandada, con su resolución hoy impugnada, crea un monopolio de los partidos políticos, prohibidos en la constitución, pues les brinda un derecho absoluto al otorgarles la exclusividad de las candidaturas a los cargos de elección popular a los desprestigiados e ilegítimos partidos políticos que solo aglutinan al 2% de la población afiliada a ellos, estableciendo en la resolución en el numeral arábigo de sus considerandos que a continuación se cita: (Se transcribe parte de la resolución).

Cuando si bien no existe ley normativa, eso no implica que se me niegue mis derechos a ser votado, pues el articulo 35 y 41 de la constitución no me lo prohíben, al contrario me lo permiten, empero tal y como resolvió al demandada, en su acuerdo, dicha situación monopólica de proponer candidaturas a elección popular pro los partidos políticos, es contraria a lo establecido por el artículo 28 de Nuestra Ley Suprema, cuando se aplica el artículo 218 del CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES al establecer en dicho numeral arábigo que: "Corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular."

Franca contradicción e inconstitucional criterio esgrimido por la demandada, que se opone al establecido en nuestra constitución, pues en el referido 28 arábigo, de la misma, que al efecto dice: (Se transcribe).

Sirve de apoyo a lo anteriormente argumentado, el siguiente criterio, aplicable por analogía, sustentado por nuestra máxima autoridad jurisdiccional:

“MONOPOLIOS.” (Se transcribe).

En este contexto, el derecho de los mexicanos a votar y ser votados para cualquier cargo de elección popular es parte de los derechos políticos reconocidos en nuestra constitución y tratados internacionales signados por México como ya abundantemente se argumenta. Por lo que mi candidatura ciudadana se debe aceptar como una realidad de nuestra democracia, y una necesidad de la misma para oxigenar su maduración. Sin embargo, es evidente que existe un monopolio a favor de los partidos políticos la potestad de ser los únicos instrumentos para que los ciudadanos accedan al poder público, violentándose con ello una garantía fundamental de igualdad política; contrario al espíritu, a lo señalado por los dispositivos 1, 14, 16,28, 35 fracción II y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Y no solo hay monopolio partidista para la postulación de candidatos, sino también dentro de los partidos políticos hay monopolio de postulaciones, por ejemplo, los hoy candidatos a la presidencia, estos se reciclan interminablemente en las candidaturas, como "chapulines" de un puesto político a otro, para ejemplo wikipedia establece que:

“Enrique Peña Nieto:

En mayo de 1990 fue secretario del Movimiento Ciudadano de la Zona I del Comité Directivo Estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Un año más tarde participó como delegado del Frente de Organizaciones y Ciudadanos en diversos municipios del estado de México y fue también instructor del Centro de Capacitación Electoral del Partido Revolucionario Institucional. Su trabajo en el partido lo condujo a responsabilidades cada vez mayores: entre abril y julio de 1993 fue tesorero del Comité de Financiamiento del Comité Directivo Estatal del PRI en la campaña del candidato a gobernador Emilio Chuayffet Chemor. Seis años más tarde, en 1999, llegaría a ser subcoordinador financiero de la campaña de Arturo Montiel Rojas."

Entre 1993 y 1998, durante la gestión de Emilio Chuayffet, fue secretario particular del secretario de Desarrollo Económico del gobierno del Estado de México, Juan José Guerra Abud, y posteriormente fue subsecretario de Gobierno del Estado de México de 1999 a 2000.

Entre 2000 y 2002 fue secretario de Administración del Gobierno del estado de México, presidente del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, presidente del Consejo Interno del Instituto de Salud del Estado de México y vicepresidente de la Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de México. Al mismo tiempo fue asociado individual del Instituto Nacional de Administración Pública (México) y miembro de los consejos de administración de varios organismos públicos descentralizados en el país.

Diputado local (2003-2004) En 2003, Peña Nieto fue nominado candidato a diputado local para la LV Legislatura por el Distrito XIII, con cabecera en Atlacomulco.

Entre septiembre de 2003 y septiembre de 2004 fue coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LV Legislatura en la Cámara de Diputados del Estado de México, presidiendo la Junta de Coordinación Política del Congreso Local.

Gobernador del Estado de México (2005-2011) Enrique Peña Nieto fue gobernador de su estado natal de 2005 a 2011.

Hoy candidato a la presidencia de la república.

“Josefina Vázquez Mota:

"En la Asociación Coordinadora Ciudadana fue titular de la Secretaría de la Mujer. Fue postulada por el Partido Acción Nacional para la Cámara de Diputados en la LVIIl Legislatura por la vía plurinominal, donde ocupó el cargo de Subcoordinadora de Política Económica; sin embargo, solicitó licencia para retirarse de su cargo al ser designada por el presidente Vicente Fox como secretaría de Desarrollo Social, manteniéndose en dicho cargo hasta el 6 de enero de 2006. En esa fecha, renunció al gabinete para incorporarse a la campaña de Felipe Calderón Hinojosa, entonces candidato del PAN a la presidencia. Terminadas las elecciones y una vez declarado Felipe Calderón Hinojosa presidente electo, Vázquez Mota se incorporó a su equipo de transición como Coordinadora de Enlace Político."

"El 24 de noviembre de 2006, el presidente Felipe Calderón Hinojosa dio a conocer su nombramiento como secretaria de Educación Pública, cargo que ocupó a partir del 1 de diciembre de 2006. Permaneció en el puesto hasta el 4 de abril de 2009 cuando renunció para ser candidata del PAN a la Cámara de Diputados, siendo sustituida por Alonso Lujambio."

"El 5 de julio fue nominada como diputada federal plurinominal por el Partido Acción Nacional para la LXI Legislatura y cuando tomó posesión del cargo fue designada corno Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. A partir de septiembre de 2010 fue fungió como Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados."

Hoy candidata a la presidencia.

“López Obrador:

"La carrera política Andrés Manuel López Obrador colaboró en la campaña como candidato externo del PRI a senador por Tabasco del poeta del estado Carlos Pellicer Cámara. De 1977 a 1982 fue delegado del Instituto Nacional Indigenista en el mismo estado, puesto creado para atender las necesidades de los indígenas de la región de Nacajuca, ciudad en la que vivió durante estos 5 años. A principios de 1983 fue electo presidente del comité ejecutivo estatal del PRI, cargo al que renunció en noviembre del mismo año.

De regreso a la Ciudad de México, en 1984 asumió la dirección de promoción social del Instituto Nacional de Protección al Consumidor."

"Transición hacia el PRD en 1988 se unió al grupo de militantes del PRI encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas que, ese mismo año se escindió de ese partido, integrándose inmediatamente al Frente Democrático Nacional, que lo postuló como candidato a gobernador do Tabasco."

"En 1994 fue candidato por segunda ocasión a la gubernatura de Tabasco, como candidato por el PRD. "

"El 17 de abril de 1996, contendió por la presidencia nacional del PRD contra Heberto Castillo y Amalia García. López Obrador ganó la contienda. Ocupó el cargo de presidente del PRD del 2 de agosto de 1996 al 10 de abril de 1999. Durante su gestión al frente del PRD, el partido ganó la primera elección para jefe de gobierno del Distrito Federal, con Cuauhtémoc Cárdenas como abanderado."

"Electo jefe de gobierno del Distrito Federal"

"El 29 de marzo de 2000, Andrés Manuel López Obrador se inscribió como candidato para la elección de jefe de gobierno del Distrito Federal. Y finalmente fue jefe de gobierno de la capital, y ahora candidato a la presidencia."

Hoy candidato a la república.”

Más aun, si miramos los equipos que gobernarían de cada uno de esos candidatos y los candidatos, de ser electos, observaríamos que el "complejo" de "Porfirio Díaz" es la base de su idiosincrasia de monopolizar el poder político, por tal razón, el que la demandada, legitime los monopolios contrarios a la constitución, para postular candidatos a puestos de elección popular, es totalmente infundado, e incluso inconstitucional su resolución.

Lo anterior es así y particularmente en lo que respecta a los artículos 14 y 16 de la ley en cita, no constituyen expresiones vagas de las que se pueda prescindir de ellas, no constituyen, de ninguna manera, postulados exclusivos de nuestro texto constitucional, ni una ocurrencia de la historia nacional. Estos principio del debido proceso, o de respeto a las formalidades de proceso legal, surge de la Carta Magna de 1215, en I que los hombres libres de Inglaterra, hacen prometer a su rey Juan que nadie sea privado de sus posesiones, derechos, libertades, salvo previo juicio de sus pares o de la ley, mas aun con algunas modificaciones del siglo XIV, XVII y XVII, estos principios siguen vigentes en Inglaterra y se incorporaron a la constitución de los últimos siglos como derecho humano fundamental. La Constitución americana incorporo estos principio en los en enmiendas de 1791 y 1868, en el derecho ingles, empero los contenidos en los artículos 14 y 16 de nuestra constitución, estas garantías se incorporaron en el texto de la constitución de 1857.

Los juristas como Edward Coke, Jhon Marshall, Jhon Holt y tornas Powys, que debatieron el alcance y protección de estos principios en los siglos XVIII y XIX, quedarían atónitos y sorprendidos al escuchar o bien leer la resolución que hoy se impugna, de la demandada, aduciendo legislaciones secundarias inconstitucionales y contrarias a los artículos 14, 16, 28 y 35 de la ley cimera nacional, y que se me negara el registro a candidato a Presidente de la república de manera independiente, basado en inconstitucionales preceptos como es el artículo 218 del CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES que: "Corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular." es decir, negándome el derecho constitucional a ser votado de manera igualitaria como el resto de los candidatos, a través de un precepto que legitima los monopolios en este país, limita mis derechos civiles y políticos de ser votados negándomelos, sin fundar o motivar, digo, fundando y motivando a través de inconstitucionales leyes secundarias, y no respetar las garantías constitucionales y los derechos civiles y políticos violentados, de un estado democrático, seria inverosímil para tales teóricos de la legalidad, la democracia y el buen gobierno, pues constatarían que ante tal tiranía, arbitrariedad e ilegalidad, por lo que llegarían a la conclusión dichos autores, de la total falta de democracia en nuestro país, por lo que pido a este H. tribunal dictar la resolución que ponga en vigencia la constitución  declarando inaplicables los dispositivos esgrimidos   por la demandada para fundar  y motivar su ilegal resolución que hoy se impugna, y más en concreto del articulo 218 multimencionado del ordenamiento electoral, también reiteradamente mencionado.

Es decir, en forma concreta el artículo 35 de nuestra Norma Suprema dispone: Son prerrogativas del ciudadano:"... "Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las cualidades que establezca la ley..." disposición constitucional ésta que corresponde íntegramente al texto original de la Constitución aprobada por el Constituyente de Querétaro el 5 de febrero de 1917, y la cual debe ser interpretada en términos de lo señalado por el artículo 14 de nuestra Ley Suprema que dice:"... En los juicios del orden civil, la sentencia deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho".

De esta manera tenemos que haciendo uso del método genético-teleológico de interpretación de la Ley, es indispensable conocer las motivaciones del Constituyente de Querétaro de 1917 que lo llevaron a regular a contemplar el derecho de voto pasivo de los ciudadanos, es decir, el derecho de ser votado; es necesario expresar que la Constitución aprobada el 5 de febrero de 1917 por el Constituyente de Querétaro. De la que se desprende la noción de la igualdad del voto tanto activo como pasivo en favor de los ciudadanos mexicanos, lo que indica que la idea de no otorgar el monopolio o exclusividad a los partidos políticos para postular candidatos a cargos de elección popular es contraria a la intención misma del Poder Creador de nuestra Constitución, pro obvia razón, la resolución de la demandada también es contraria a esto.

Lo anterior es así, puesto que la democracia es un concepto que debe mirarse de manera integral estableciéndose las garantías de las reglas mínimas de competencia y participación electoral, de todos los ciudadanos de una nación.

Así tenemos que el 2 de julio de 1918, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Elección de Poderes Federales, la cual, acatando los lineamientos del Poder Constituyente, en su artículo 107 estableció la posibilidad de que los ciudadanos dependientes de partido político, pudieran postularse a cargos de elección popular; De lo anterior se desprende que las candidaturas independientes fueron reguladas por la legislación secundaria bajo la vigencia de nuestro actual marco constitucional, concretamente de la fracción II del artículo 35 de la Constitución General de la República, y que tuvo una vigencia hasta el año de 1946, cuando el Congreso de la Unión aprueba la Ley Electoral Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1946 y en cuyo cuerpo legal dejaron de regularse las candidaturas independientes; la desaparición de esta prerrogativa fue un retroceso, por motivaciones fundamentalmente políticas, y que permitieron afianzar el sistema de partido hegemónico que nos gobernó durante más de 70 años, que ahora se ha transformado en un sistema plural competitivo de "oligopolio" (al excluir la competencia electoral al 98% de la población), pero con dotes de exclusión, al persistir la idea de seguir negando a través de los representantes populares que tienen en los poderes de representación, la posibilidad para que candidatos no dependientes de partidos políticos puedan postularse a cargos de elección popular, contrario a lo regulado por el artículo 35 de nuestra Carta Magna, la que, como lo he expresado no impone límite alguno a los ciudadanos.

Una verdadera democracia promueve la participación del ciudadano en el proceso de toma de decisiones, el acceso a los derechos sociales, económicos, políticos y culturales. En lo más común en un régimen democrático que se vean involucrados lo ciudadanos de una nación es dichos asuntos. La ciudadanía es consustancial a los derechos políticos de votar y ser votado, es decir, derecho a la a participación en la vida pública del ciudadano común, en el ejercicio del poder político, como un miembro de la autoridad política, no solo como simple elector de sus miembros de esta última, sino participe de la construcción democrática, ya sea a través de los partidos políticos o a través, de candidaturas ciudadanas como la mía.

En mérito de lo anterior, es evidente que la postulación de candidaturas atribuida en exclusiva a los partidos políticos resulta contraria al orden constitucional, dado que el derecho del sufragio pasivo sólo está condicionado por el citado artículo 35, a reunir las calidades legalmente exigidas, expresión que debe entenderse sólo a aquellas calidades integradas al ciudadano mismo, y no derivar de elementos o requisitos para cuya formación deba intervenir la posición, voluntad, decisión u otras circunstancias de personas o entidades ajenas al ciudadano, como sería el caso de la postulación necesaria a través de un partido político.

Para una democracia fuerte, es condición necesaria la participación ciudadana a través de las candidaturas independientes, la partidocracia no puede construir por si sola una democracia, solo simularla. La postulación de candidaturas atribuida en forma exclusiva a los partidos políticos resulta contraria al orden constitucional, dado que el derecho del sufragio pasivo sólo está condicionado por el citado artículo 35, a reunir las calidades legalmente exigidas, expresión que debe entenderse sólo a aquellas calidades integradas al ciudadano mismo y no derivar de elementos o requisitos para cuya formación deba intervenir la posición, voluntad, decisión u otras circunstancias de personas o entidades ajenas al ciudadano, como sería el caso de la postulación necesaria a través de un partido político;

En nuestro país hemos pasado del monopolio del poder político, de la era del partido de estado, al "oligopolio partidocrático", con la fatales consecuencias, pues este "oligopolio monopoliza" las nominaciones a cargos de elección popular, así como el control de los representantes electos, que responden a su vez, a los intereses del partido político que los postulo, construyendo así, un pathmonialismo del poder político de los partidos sobre la cosa pública, y no de los ciudadanos, como consecuencia, los políticos solo representan a los intereses de los partidos y no de los ciudadanos, muchas veces esos intereses, alejados de nosotros. La determinación de negarme el registro como candidato constituye una negación al principio de interpretación constitucional pro persona o pro hommine, el cual establece que toda interpretación que se realice debe ser a favor de las personas, en este caso de los ciudadanos, no a favor de instituciones políticas. Por lo que al determinar que sólo los partidos políticos pueden presentar candidatos, tal situación contravendría la disposición contenida en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo dispositivo se prohíben los monopolios. De ahí que cualquier forma que impida a una institución o persona distinta a un partido político el registro de candidatos, tendría como consecuencia, que la ley de que se trate sería de carácter monopólica. Por tanto, deviene clara la ilegal interpretación que realiza el órgano electoral, pues no debe existir el monopolio por parte de los partidos políticos para el registro de las candidaturas a puestos de elección popular.

El "oligopolio partidocrático" tergiversa su función pública, sustituyendo la democracia de los ciudadanos, convertidos en meros instrumentos de los poderes partidistas, siendo lo intereses de estos, los que se preservan a costa de los de la sociedad, creando una abismal distancia, entre los partidos y los ciudadanos, la representación pública y la gente. De igual forma, debe destacarse que ningún dispositivo constitucional lo legal señala expresamente que los partidos políticos tengan el monopolio del registro para las candidaturas a los puestos de elección popular, dado que de decirlo, como se indicó anteriormente, sería contraria a la Constitución Federal, máxime que en todos los procesos electorales existe siempre una casilla en blanco, entonces bajo esos supuestos, consecuentemente, una interpretación armónica, histórica, evolutiva y pro persona, un ciudadano puede presentar su registro para ser reconocido como candidato a un puesto de elección popular, y al realizar una interpretación acudiendo a leyes secundarias, cuando nuestro más alto tribunal ha sostenido que la interpretación sólo es con base en los propios preceptos constitucionales, antecedentes históricos, situación que no observa en su resolución la impugnada.

El "oligopolio partidocrático" es una simulación de democracia, mas aun cuando dichos partidos son dominados por una cúpula-gerontocrática-caciquil-partidista que se reciclan eternamente en el poder saltando de un puesto político a otro toda la vida, simulando una democracia y además al restringir el derecho de los ciudadanos, únicamente a votar y no a ser votados, y más aun, votar a favor de la partidocracia, que movilizan los recursos políticos y económicos e imponen a los ciudadanos una triada de equipos de aspirantes al poder, alejados totalmente de los ciudadanos, resultado así, con violación de nuestros derechos humanos de primera generación, es decir, los derechos políticos y civiles, de votar y ser votados, dos caras de la misma moneda.

En efecto, esa interpretación no está vedada, sino incluso el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la ha sostenido, en la tesis aislada que se registra con el número 174436, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXIV, Agosto de 2006, página 13, Tesis: P. LVII/2006, y que dice: "INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. EL ALCANCE DE UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBE BASARSE, ESENCIALMENTE, EN LO DISPUESTO EN ÉSTA Y NO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES EMANADAS DE ELLA," De ahí que es evidente que la interpretación que debe realizarse sólo es con base en los propios preceptos constitucionales y los antecedentes que los conforman pero en modo alguno recurrir a la legislación ordinaria, como lo realizó la autoridad responsable más aun cuando dicha legislación es restrictiva del derecho constitucional de ser votado, incluso son inconstitucionales los dispositivos de la ley secundaria, aplicados por la demandada. Y para ser constitucional su resolución la demandada además, debió recurrir primeramente a los Tratados Internacionales, antes que a la ley secundaria del COFIPE, para resolver mi petición de candidatura independiente, para poder interpretar de conformidad a la jerarquía que prevé el artículo 133 de la Constitución Federal. Tiene sustento lo anterior en la siguiente tesis proveniente del Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, visible en ei Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro No. 175912, XXIII, Febrero de 2006, Página; 25, Tesis: P. XII/2006, y que a la letra señala: "INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. AL FIJAR EL ALCANCE DE UN DETERMINADO PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBE ATENDERSE A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN ELLA, ARRIBANDO A UNA. CONCLUSIÓN CONGRUENTE Y SISTEMÁTICA."

Sostengo que hay un monopolio ilegal de los partidos, en vista que la gran mayoría de la población, casi el 98% de ella que no participan en ningún partido político, según mediciones de una encuestas realizadas en nuestro país, y por ello nos es vetado el incursionar en el ejercicio del poder político a la gran mayoría, al soberano según el artículo 39 de la constitución, pues al no poder participar como ciudadano independiente no tenemos los ciudadanos oportunidad de ser un miembro de la autoridad política, a través de las candidaturas ciudadanas, esto explica la lentitud, y a veces estancada, transición a la democracia, resultado de monopolizar la vida pública por los partidos políticos, prohibido por el artículo 28 de la ley cimera en cita.

El estado de derecho en fundamento de la democracia, la participación ciudadana en la política activa es su esencia, por encima del "oligopolio partidista" o los grupos de poder de interés particular, pues la construcción de la vida colectiva, no se explica sin garantizar lo derecho fundamentales de votar y ser votado.

Cualquier persona que cumpla requisitos para ser votado, debe tener la posibilidad de aspirar a ser electo a un cargo público, sin la necesidad de ser propuesto por un partido político, teniendo el derecho a ser candidato independiente tal y como lo establece nuestra constitución, que otorga el derecho de votar y ser votado, por lo que la negativa a la inscripción hoy impugnada, me niega como ciudadano sin debidamente fundar y motivar mi derecho a ser votado otorgado por el artículo 35 de la misma constitución.

La realización efectiva del derecho político y la posibilidad de ser candidato independiente para cargo electivo, no debe tener limitación al monopolio partidista de nuestro país, como requisito, para que los candidatos sean miembros de partidos o pertenezcan a uno de ellos, no el simple hecho de ser un ciudadano con los derechos políticos vigentes es suficiente.

Las candidaturas ciudadanas es el camino hacia la construcción de una verdadera democracia participativa, digo, de una mayor participación ciudadana, y además del respeto a la pluralidad y a las minorías, también al fortalecimiento del estado de derecho, aun mas, de legitimidad del poder público, sobretodo, de la paz y armonía social, en medio de la violencia nacional, y finalmente, del fortalecimiento de las instituciones y de la vida pública, el acepta el monopolio partidista prohibido por la constitución en materia económica pero que por simple analogía se aplica el presente asunto, da lugar al estado de cosas que vivimos hoy en México, desprestigio de los políticos, de los partidos, de las cámaras legislativas, de la procuración de justicia, y un etcéteras interminables.

El sustento de un régimen democrático es la participación de los ciudadanos en la vida pública a través de las candidaturas ciudadanas e independientes de los partidos políticos, desde luego votando y poder ser votado, aglutinándose si bien en los partidos políticos, también, en las ONG's, o a través de candidaturas ciudadanas, y además, en los instrumentos de la democracia a participativa como son la iniciativa popular, el referéndum, plebiscito, revocación del mandato, estando como columna vertebral el ciudadano, y sus derecho políticos respetados, teniendo el derecho de presentarse como candidato a elecciones sin necesidad de que dicha candidatura sea exclusivamente a través de el monopolio o "oligopolio partidista."

El derecho a votar y ser votado en un derecho universalmente aceptado, y consagrado en el artículo 35 de la constitución, mismo que no limita dicho derecho a pertenecerá un partido político, como calidad necesaria para el ejercicio del poder público del ciudadano, limitar al ciudadano sin partido, a solo votar, es dejar de observar la otra mitad de los derechos políticos y civiles del 98% de la población.

El derecho del ciudadano está por encima del de los partidos en una verdadera democracia, restringir las candidaturas ciudadanas, es restringir las libertades políticas y civiles, a solo votar, y no ser votado, es un atentado a los ciudadanos que no se sienten representados por la partidocracia. Más aun, cuando el ciudadano no confía en los partidos políticos, y encima, cuando la gran mayoría de los ciudadanos mexicanos no pertenecen a ningún partido político, resultado de tal restricción, el alejamiento del ciudadano de los partidos políticos, y lo más grave, de sus autoridades.

El régimen de partidos, para no ser un franco e indudable monopolio, tiene que estar en sana convivencia con las candidaturas de los ciudadanos, ni más ni menos, a menos que su desprestigio les lleve a pensar que probablemente un simple ciudadano sin la infraestructura, recursos económicos, en abismal desventaja, pero que forma parte del pueblo soberano, les pueda ganar, a que le temen?, en fin, reitero que la convivencia de candidaturas ciudadanas, son opciones con viabilidad, reconociendo los liderazgos sociales y el derecho de todo ciudadano de presentarse en cualquier elección de manera independiente, como parte de la construcción democrática del país, el oponerse a ello, es ser enemigo de la democracia, luego entonces la candidatura de suscrito es viable que sea un hecho, y la negación de IFE al Registro es un atentado a nuestra democracia, mas aun que aplique dispositivos inconstitucionales, situación que esta H. autoridad deberá corregir desestimando la ¡legal fundarnentación y motivación de la demandada, dictando resolución que admita mi candidatura.

A la luz de lo antes dicho, la resolución de la hoy demandada carece de toda eficacia de fundamentación y motivación cuando establece en el correlativo del acuerdo que hoy se impugna cuando establece: (Se transcribe parte de la resolución).

Pues dicha determinación es totalmente ilegal porque si hay instrumental jurídico suficiente y que no aplica la demandada, para regularlas, pues la misma ley electoral contempla los procesos electorales y como se regirán estos, así mismo la propia constitución establece los requisitos de ley para ser postulado, a través o sin partido, y para ilustrar lo anterior, vale la pena manifestar a este órgano de control de la constitucionalidad en materia electoral de nuestro país, que el artículo 35 Constitucional, nunca ha sido reformada en su precepto del derecho a ser votado, y por tanto, corresponde a la redacción original de nuestra Carta Magna, disposición constitucional que sirvió de base para la emisión de las legislaciones secundarias, que estén acorde con dicho precepto.

De esta manera tenemos que el 2 de julio de 1918, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Elección de Poderes Federales, la cual acatando los lineamientos del Poder Constituyente, en su artículo 107 estableció la posibilidad de que los ciudadanos dependientes de partido político (sic), pudieran postularse a cargos de elección popular; disposición legal que, textualmente reza: (se transcribe).

De lo que se desprende que las candidaturas independientes fueron reguladas por la Constitución Particular bajo la vigencia de nuestro actual marco constitucional, concretamente de la fracción II del artículo 35 de la Constitución General de la República, pues referente a los requisitos de elegibilidad prevé las candidaturas ciudadanas, pues no contempla como exclusividad de los partidos políticos las candidaturas a puestos de elección popular, ni se opone a las candidaturas ciudadanas e independientes de los desprestigiados partidos políticos, además dicho artículo no ha sido sujeto de reforma alguna. Empero, esta situación, la autoridad electoral responsable extralimita sus funciones de órgano regulador de los procesos electorales, pues va mas allá de lo establecido en la Constitución, incluso aplicando inconstitucionales artículos para fundar una clara violación a mis derechos civiles y políticos protegidos por el supra mencionado dispositivo constitucional.

Más aun, es importante señalar que diversas disposiciones internacionales me otorgan la libertad política antes alegada, de ser votados, tal y como se desprende de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, signada por nuestro país, y cuyo artículo 21 expresa lo siguiente: (Se transcribe).

TERCER AGRAVIO: Es totalmente ilegal la resolución de la demandada pues al establecer en el correlativo de sus considerandos del acuerdo hoy impugnado que establece:

6.- "Que el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrado y que se celebren pro el Presidente de la República, con aprobación del Senado serán Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglaran a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados."

Efectivamente cita que el artículo 133 como fundamento para determinar su resolución, empero dicho dispositivo legal no resulta plenamente aplicado, en vista que a pesar de que en su resolución en el correlativo de los considerandos que a continuación se cita que a la letra dice:

7.- "Que conforme a lo establecido por el artículo 35 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es prerrogativa de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos tener la posibilidad de ser votados para los cargos de elección popular, siempre y cuando se tengan las cualidades que establezca la ley, a fin de que el Estado en su conjunto pueda garantizar los principios constitucionales de la función estatal electoral en términos de lo dispuesto en el propio artículo 41 constitucional. En este tenor, de acuerdo con el aludido y del artículo 4, párrafo 2 del Código Federal de instituciones y Procedimientos Electorales, este derecho se ejerce atreves de los Partidos Políticos, instituciones a través de las cuales los ciudadanos pueden acceder al poder público mediante el sufragio libre, universal, secreto, directo, personal e intransferible."

Es ilegal su resolución, en vista de la sesgada interpretación de los artículos 35 de la constitución fracción segunda, concatenado con el articulo 41 son la base prohíben las candidaturas ciudadanas independientes y sin partido político, cuando en dichos dispositivos constitucionales nunca se prohíben y bajo el principio de Donde la Ley o la constitución no discrimina, no debió de hacerlo la demandada, menos aun y aduciendo la demandada que el artículo 4, párrafo 2 del Código Federal de instituciones y Procedimientos Electorales dicho derecho se ejerce a través de los partidos políticos, pues bien, el 98% de la población que no pertenecemos a los partidos políticos, la autoridad electoral nos está vetando de nuestro derechos civiles y políticos de ser votado, cuando no hay un dispositivo que nos lo prohíba, violentando así el principio que establece que todo lo que no está prohibido, al ciudadano nos está permitido, empero que el artículo 35 de la constitución nos faculta a postularnos sin la necesidad de ser parte de un partido político, por lo que su resolución amen de ilegal de la demandada, aplica dispositivos contrarios a ella como son el 4o del código Federal electoral en cita,  por ser contraria a la constitución.

No obstante lo anterior la demandada en el correlativo de sus considerandos establece:

14.- Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Castañeda Gutman vs. Los Estados Unidos Mexicanos, en lo tocante al análisis de la proporcionalidad respecto del interés que se justifica y adecuación al logro del objetivo legitimo de las candidaturas independientes a cargos electivos, determino que no existe sistema de postulación única o particular...."

15.- "Que en congruencia con nuestro ordenamiento constitucional, los tratados internacionales citados, los criterios de interpretación sostenidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, trasuntos en los considerandos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 17 del presente acuerdo, relativos a la exclusividad de los partidos políticos para postulación y registro de candidaturas a cargos de elección popular, es inconcuso que la existencia de regulación de las candidaturas independientes en el marco constitucional y legal en materia electoral vigente en México, no implica la violación de derecho fundamental político-electoral de ser votado a cargos electivos, previsto los artículos 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, inciso b) y c), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 23 párrafo 1, incisos b) y c) de la Convención americana sobre Derechos Humanos; pues fundamentalmente, las ciudadanas y los ciudadanos gozan de condiciones razonables de igualdad y oportunidad para acceder a dicho cargos a través del sistema de partidos, agotando los requisitos y procedimientos aplicables. En su caso, corresponde al Poder Constituyente Permanente de la Unión prever la participación directa de las ciudadanas y ciudadanos en los procesos electorales federales, mediante el registro de candidaturas ciudadanas o independientes a cargos de elección popular, por lo cual es presupuesto indispensable una reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la ley electoral secundaria, a efecto de que se establezcan las modalidades, los procedimientos, requisitos y demás regulación necesaria para hacer realidad esa encomiable pretensión ciudadana."

Brillante resolución, vinolenta mis derechos a ser votado, aduciendo que tales candidaturas independientes y encomiables pretensiones tengan que esperar procesos legislativos futuros, cuando el articulo 35 d la constitución le mandatan que me reconozca dichos derecho a ser votado. Más aun cuando establece que: injustificadamente que no concede la petición del suscrito en vista de que en el correlativo de sus considerandos: (Se transcribe parte de la resolución).

Es evidente que, el Instituto Electoral demandado a través de su Consejo General, argumentando falta de instrumental jurídico, en el acuerdo que se combate, viola en mi perjuicio un derecho humano y una prerrogativa político electoral fundamental reconocida desde el surgimiento del Estado pos revolucionario, y que lo es el derecho de ser votado, al impedirme acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas o al poder público, contraviniendo con ello los artículos 1, 14, 16, 35 fracción II y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los dispositivos 1, 2, 7, 21, párrafo 2 y 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los cuales México está obligado a aplicar, por haber contraído la obligatoriedad de respetar tales preceptos legales, amén de los dispositivos legales ya mencionados, por lo que su argumentación carente de lógica, y de sustento.

En este contexto, es violatoria la resolución que hoy se combate en términos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, (Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia, en 1948, y adoptada por nuestro país el 2 de mayo de 1948), y que expresa en su artículo XX prerrogativas de Derecho de sufragio y de participación en el gobierno, en los siguientes términos: (se transcribe).

Más aun, depositario la ONU. Lugar de adopción: Nueva York, EUA, Fecha de adopción: 16 de diciembre de 1966. Vinculación de México: 23 de marzo de 1981. Adhesión. Aprobación del Senado: 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, General. 23 de junio de 1981, Publicación Diario Oficial de la Federación: 20 de mayo de 1981. 22 de junio de 1981. Fe de erratas. Disposiciones internacionales que son totalmente aplicables al presente caso, y que debió de tomar en consideración la hoy demandada, pues éstas que debieron ser acatadas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, toda vez que las mismas han sido suscritas por las autoridades mexicanas siguiendo los lineamientos del artículo 133 de la Constitución General de la República que textualmente dice: (se transcribe).

Estos instrumentos internacionales suscritos por México con arreglo en lo señalado por el artículo anterior, se encuentran incluso, en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local, y que no es observado por la autoridad electoral hoy impugnada, desatendiendo no solo los dispositivos internacionales, sino los constitucionales que se multimencionan, como consecuencia, fundando y motivando ilegalmente su resolución y atentando con la obligación de aplicar dichos dispositivos legales, lo anterior es así, en virtud de que dichos tratados, declaraciones y convenciones internacionales han sido asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprende a todas las autoridades frente a la comunidad internacional, además de que esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación, es decir, no se toma en cuenta la competencia federal madamas, sino que por mandato expreso del propio artículo 133, el Presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia a acatar dichos dispositivos internacionales, y ello incluye al IFE hoy demandado, digo, su resolución.

Ahora bien, a mayor abundamiento a lao anterior, cabe señalar que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P.LXXVII/99, visible en la página 46, tomo X, noviembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y en la identificada con la clave P.IX/2007 localizable en la página 6, abril de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, ha sostenido la jerarquizaron de las disposiciones legales vigentes en nuestro país, considerando que en primer término se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en segundo lugar los Tratados Internacionales, los cuales al ser celebrados por el Presidente de la República y luego, aprobados por la Cámara de Senadores, adquieren superioridad legal respecto de las Leyes Federales emitidas en nuestro país como es los dispositivos legales aplicados al suscrito para negar mi registro a la candidatura que se pide al IFE. toda vez que, en dichos Tratados Internacionales se ve claramente manifestada la voluntad del Estado mexicano en su conjunto, lo que incluso justifica que la fuerza vinculante de dichos Tratados Internacionales afecte incluso al IFE, amén de que el Estado mexicano, al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales adquiere obligatoriedad su cumplimiento, estos son dispositivos que debió de observar la demandada y no lo hizo en su resolución.

Luego entonces, un Tratado Internacional que esté de acuerdo con la Constitución, tiene mayor valor jurídico que una Ley Federal como la del COFIPE aplicado por la demandada en los dispositivos inconstitucionales que fundamenta y motiva la negación de mi registro, pues son contrarios al artículo 14, 16 y 35 de la ley cimera y además a los dispositivos internacionales que se supramencionan; en vista que, por lo arriba dicho, los Tratados Internacionales desde una visión Constitucional comienzan a formar parte de nuestro derecho positivo mexicano, es decir se convierte en derecho nacional, a la luz de lo establecido por el artículo 133 de nuestra Carta Magna y son jerárquicamente superiores a los dispositivos legales del COFIPE multimencionados.

Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio que se transcribe para todos los efectos legales a que haya lugar.

“TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.” (Se transcribe).

Bajo estas consideraciones, puesto que sabido es, que en un proceso electoral se debe privilegiar entre otros principios no menos importantes, la igualdad, o bien las condiciones de igualdad entre los participantes a la candidatura de a la presidencia, cuestión esta que solo se podría quebrantar en dos supuestos plenamente aceptados por los estudiosos del derecho constitucional, a saber:

1. Cuando estemos en presencia de grupos vulnerables, débiles o notoriamente desprotegidos; y 2. Cuando se parta de una igualdad de condiciones originales y estas, con posterioridad, se rompan por cuestiones imputables a los propios individuos; lo cual en la especie no se presenta y por ende, no se podría aplicar para justificar un trato diferenciado a los participantes en una contienda electoral.

En este tenor, en el tema de las candidaturas ciudadanas e independientes, han señalado los Organismos Internacionales, para ilustrar el presente asunto.

Por su parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 23, y el diverso 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas mediante la Resolución 2200 A (XXI) del dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, respectivamente señalan: (Se transcriben).

Otro instrumento al que conviene referirse, es la Observación General 25, emitida por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, fechada el doce de julio de mil novecientos noventa y seis, relativo al derecho a participar en los asuntos públicos, derecho a votar y derecho al acceso, en condiciones de igualdad a las funciones públicas (artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), que menciona: (Se transcribe).

También, se debe atender la recomendación emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su "Informe sobre la situación de los derechos humanos en México 1998", tendiente a que se adopten en la República Mexicana las medidas necesarias para que la reglamentación al derecho de votar y ser votado contemple el acceso más amplio y participativo posible de los candidatos al proceso electoral, considerando que ello es un elemento necesario para la consolidación de la democracia, es del siguiente tenor: (se transcribe).

Es decir, dicha recomendación es resultado de la misma causa que hoy motiva la presente impugnación, el negar a un ciudadano la candidatura solicitada, al provenir de mi legitimo derecho constitucionales de solicitarla y la demandada violentando la recomendación supramencionada, violentando la constitución como abundantemente se supramenciona, me niega y sigue negando este derecho humano de primera generación, digo, mis derechos civiles y por líticos de ser votado, incluso su ilegalidad de la demandada, sínicamente la sostiene en comerciales que cotidiana y insistentemente pasa en los medios electrónicos es estos días corrientes, aducen que la única manera de expresarnos es mediante el voto, es clara muestra de negar de propia autoridad y a su leal saber y entender el derecho a ser votado y de ello se regocija socarronamente a través de sus comerciales.

A mayor abundancia de argumentos, la anterior recomendación que arriba se menciona, es resultado del criterio sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el CASO CASTAÑEDA GUTMAN VS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, donde, al analizar si el Estado mexicano incurrió en violación de sus derechos a la participación política, e igualdad ante la ley, siendo importante pro su trascendencia lo analizar lo que se debatió en tal litigio.

En primera instancia vez declarada la violación al artículo 25 de la Convención, la Corte Interamericana Derechos Humanos se analizó si México violó a través de su legislación federal el derecho a ser votado del señor Castañeda consagrado en el artículo 23 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2º de la Convención. Para ello, la Corte siguió los siguientes pasos:

Para empezar, "la Corte Interamericana determinó el contenido general de los derechos políticos en el artículo 23.1 de la Convención, concluyendo principalmente que los derechos políticos son derechos humanos de suma importancia en una sociedad democrática mexicana, al ser fines en sí mismos, y medios para garantizar otros derechos humanos de nuestro país y de América, que incluso no pueden ser suspendidos conforme al artículo 27 de la misma Convención".

Luego, "la Corte interpretó el término "exclusivamente" en el artículo 23 párrafo 2 de la Convención, concluyendo a su vez, que éste debe interpretarse conjuntamente con el párrafo 1, y que el mismo se refiere a los titulares de los derechos políticos que son los ciudadanos, es decir, el suscrito y todo aquel que desee participar como candidato independiente, así mismo analizo, las posibles razones por las que un Estado "exclusivamente" podría restringir a esos titulares el goce de los derechos políticos siempre que dichas restricciones no fueran injustificadas (por ejemplo, conforme a la Convención, es válido hacer restricciones por la condición de edad pero no por la condición de raza del titular o de pertenencia a un partido político o no), sin que el término "exclusivamente" en dicho artículo implicara una prohibición de regulación al Estado de la organización de su sistema electoral." En todo caso, la Corte sostuvo que para que la regulación electoral sea compatible con la Convención la misma no debe ser discriminatoria en los términos en que la demandada lo hizo con el suscrito.

Así mismo, la Corte concluyó que conforme a la Observación General núm. 25 del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (que analiza el contenido del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo texto es casi idéntico al artículo 23 de la Convención), los Estados pueden regular en su legislación la postulación de candidaturas exclusivamente a través de partidos políticos, mientras la misma sea razonable, no irreal como la resolución de la demandada. Porque la Corte concluyó que dicha observación lo que prohíbe es que la regulación obligue, de forma excesiva, a que los candidatos sean miembros o afiliados de partidos políticos como es el caso presente. Aquí cabe mencionar que en México no es requisito ser afiliado del partido político para ser postulado por el mismo a un cargo de elección popular, empero si ser postulado por un partido político, que dicho sea de paso solo postula a candidatos que forma parte de la partidocracia."

También, "la Corte empleó su test tradicional para determinar si la norma que prevé el derecho exclusivo de los partidos políticos para registrar candidaturas a elección popular restringía injustificadamente el derecho político a ser votado del señor Castañeda consagrado en el artículo 23.1.b de la Convención. En su caso la metodología implicó analizar si la norma: primero, está prevista en una ley formal y material; segundo, persigue una finalidad legítima, y por último, es necesaria en una sociedad democrática. En este último punto se analizó si la medida responde a una necesidad social imperiosa, si la medida, igualmente idónea que otras, restringe en menor escala el derecho humano protegido y, si la medida se ajusta al logro de ese objetivo legítimo."

Conforme al test tradicional para concluir si una norma es una restricción válida del derecho político a ser votado, "la Corte concluyó esencialmente lo siguiente para declarar que el Estado no violó el artículo 23 de la Convención:

i) La norma que otorga exclusivamente a los partidos políticos el derecho de registro de candidatos a elección popular (principalmente el artículo 175 del COFIPE es una ley formal y material que interviene el derecho político a ser votado." Al igual que ayer, hoy el artículo 218 del COFIPE vigente que establece: "Corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular." Es decir sigue siendo igualmente ilegal la determinación de la demandada de negar la candidatura al suscrito basada en dispositivos ilegales e inconstitucionales.

ii) "La finalidad de organizar el proceso electoral y el acceso al ejercicio del poder público de los ciudadanos, en condiciones de igualdad y de manera eficaz perseguida por la norma legislativa, es legítima conforme a la Convención."

iii) "El registro de candidatos a elección popular exclusivamente a través de partidos políticos responde a necesidades sociales imperiosas basadas en diversas razones históricas, políticas (la necesidad de crear y fortalecer el sistema de partidos) y sociales de México (la necesidad de organizar de manera eficaz el proceso electoral en una sociedad de 75 millones de electores, en las que todos tendrían el mismo derecho a ser elegidos; la necesidad de un sistema de financiamiento predominantemente público, para asegurar el desarrollo de elecciones auténticas y libres, en igualdad de condiciones, y la necesidad de fiscalizar eficientemente los fondos utilizados en las elecciones)" Sin que esto se oponga a las candidaturas independientes, es decir el derecho civil y político de los ciudadanos a poder ser votado.

iv) "Respecto al derecho político de ser votado, el sistema no regulado de registro de candidaturas a elección popular de forma independiente y a través de partidos políticos no puede considerase —en abstracto— una medida igualmente idónea y menos restrictiva que el sistema de registro de candidatos a elección popular exclusivamente a través de partidos políticos, siendo esencial que los dos sistemas hagan accesible y garanticen el derecho y la oportunidad a ser votado de las personas en condiciones de igualdad."

"Finalmente, la Corte no declaró una violación al artículo 24 de la Convención (igualdad ante la ley), argumentando que "las elecciones locales y las federales no son comparables, de modo que no es posible concluir que las diferencias de organización entre unas y otras, sean discriminatorias y violen el derecho a la igualdad ante la ley".

Más aun que el referido órgano internacional la Corte, no consideró que el sistema de registro de candidaturas a cargo de partidos políticos constituyera por sí una restricción ilegítima para regular el derecho a ser elegido. Ya que en su resolución ordena al Estado mexicano adecuar el derecho interno de tal forma que ajuste la legislación secundaria y las normas que reglamentan el juicio de protección de los derechos del ciudadano, de manera que mediante dicho recurso se garantice a los ciudadanos de forma efectiva el cuestionamiento de la constitucionalidad de la regulación legal del derecho a ser elegido. Con el anterior compromiso de México ante la Convención Americana de los Derechos Humanos, únicamente el Estado de Yucatán ha cumplido, pues en su legislación electoral contempla las candidaturas independientes no así el estado mexicano como se aprecia en el COFIPE en su artículo 218 tan ilegal como el 75 de la anterior legislación electoral.

En resumen, de la lectura puntual y detallada de estos ordenamientos arriba mencionados, puede inferirse que prevén como requisito, para la postulación de candidaturas a puestos de elección popular, el que no tenga que hacerse necesariamente a través de una organización política, ni pertenecer necesariamente a alguna. Todo lo contrario, la tendencia que se marca por tales Organismos e Instrumentos Internacionales, es la aceptación de candidaturas independientes, para aspirar a un puesto de elección popular, bajo el concepto de que su recomendación se dirige a observar, que es necesaria su reglamentación, pues de otra forma se haría nugatoria la garantía constitucional que tienen los ciudadanos para ser votados, en condiciones de libertad, certeza y seguridad, más aun, que esto es un obstáculo a la democracia nacional y en el mundo.

Y no son validas subjetivas consideraciones, manipulaciones y chantajes autoritarios de argumentar que de aceptarse estas candidaturas: "Se ocasionaría confusión, Ante la intervención de gran número de ciudadanos como candidatos, las campañas electorales en lugar de cumplir su función proselitista y de orientación, podrían llevar a la total confusión por saturación, con lo que los ciudadanos electores no adquirirían, en realidad, un conocimiento cierto de los candidatos y sus ofertas, y con esto se verían impedidos para decidir con libertad y conocimiento la inclinación de voto; mas aun, a diferencia de lo previsto respecto de los candidatos registrados por un partido político o coalición, tal instituto que los postuló sí debió registrar previamente una plataforma electoral mínima, a diferencia de los candidatos independientes, quienes llevarían una ventaja indebida, en tanto que éstos si podrían eventualmente rebatir las posiciones de los candidatos registrados en tanto que estos últimos no estarían en aptitud de hacerlo por desconocimiento y se les dejaría de alguna forma en desventaja e incuso indefensión," lo anterior es totalmente incorrecto, pues la desventaja frente al elector de no cumplir como formular una plataforma seria del candidato independiente, no de los partidos que tiene asignados presupuestos multimillonarios para tener la infraestructura para crear una plataforma política solida, resultando que, los argumentos surpamencionados, y estos se esgriman mas para evitar las candidaturas independientes, pues dichas consideraciones se caen por su propio peso, ante experiencias de otros países que permiten estas candidaturas.

Tampoco es válido que se diga, que de aceptar candidaturas independientes, Se complicaría el cómputo. "El cómputo de la votación se complicaría, en la medida en que se tendrían que computar a todos los ciudadanos que hubiesen sido votados como candidatos independientes, con la finalidad de determinar si alguno de ellos resultara ganador, los cuales podrían alcanzar números exagerados, sin que se encuentre legal ni reglamentariamente prevista la manera de solucionar las controversias que con ello se ocasionen." Pues hay tecnología suficiente para responder a dichas contingencias de computo, y en un sistema realmente democrático sería ocioso que todo mundo quisiera ser candidato independiente, el problema es que ante la cerrazón de un sistema partidocratico, no son necesarias dichas candidaturas, solo los que le temen a la democracia puede esgrimir tales argumentos falaces.

Así mimo tampoco es pretexto que: La vigilancia se obstaculizaría. "El ejercicio del derecho de los contendientes de vigilar los comicios, sería también difícil, porque todos los candidatos o aspirantes desearían tener a sus propios representantes en las mesas de votación, lo que entorpecería la emisión del voto y la función electoral, sobre todo si se tiene en cuenta que lo común es que se les conceda derecho a voz y a formular reclamaciones ante los funcionarios de casilla y, eventualmente, para interponer medios de impugnación local, en el entendido de que legalmente no se prevén estos derechos a favor de los candidatos independientes". Insostenible argumento, es vista de que precisamente los partidos políticos y sus fraudes electorales es que hay desprestigiado totalmente los comicios electorales durante los más de 70 años de partido de Estado, y más concretamente de las elecciones de 1988, 1994, 2006, que arrojan elementos que dan a sospechar sendos fraudes electorales, y por ello, no solo tenemos como resultado que la emisión de voto sea el más costoso del mundo, digo, el sistema electoral más caro, también el sistema electoral más corrupto, los partidos políticos que mas recurso económicos se les destinan y menos transparentes en como lo gastan, y más aun, la legitimidad de los candidatos ganadores se cual sea el cargo de elección al que compitan, es ínfima por la cantidad de votos que reciben que son una ínfima minoría al con respecto al total de los electores con derecho a ser votados, incluso, la abstención los derrota, pues los votantes con derecho a votar, la abstención es mayor o más numerosa que la votación de cualquiera de los candidatos ganadores a cualquier cargo de elección popular, de ahí que se necesite dignificar el sistema democrático con la Intervención del pueblo a través de las candidaturas democráticas no por una graciosa concesión de demandado, sino de la constitución para con el suscrito, qué más da que da hay mucha vigilancia de los representantes de los candidatos, qué más da que los ciudadanos quieran participar como representantes del candidato independientes, con los derechos legales que ello conlleva.

Tampoco se vale argumentar, que La legitimación podría quedar en duda. "La proliferación de candidatos independientes también tendría como consecuencia el fraccionamiento excesivo de la votación, con el riesgo de que resultara ganador un candidato con una mayoría relativa intranscendente, con la consecuente falta de legitimidad ante la población y la pulverización y fragmentación política. Así, también será latente el riesgo de que se introduzca dinero ilícito en los procesos electorales sin que los órganos de vigilancia estén en aptitud de comprobar que se cumplieron los demás principios y reglas que rigen toda elección democrática, lo cual podría ocasionar ingobernabilidad y dar lugar a conflictos posteriores a la elección." Acaso lo anterior no es lo normal en nuestro sistema electoral? Debido a la gran abstención del elector?, partidos políticos desprestigiados?, opacidad en el uso de los recurso intercampañas y durante las mismas? Recurso públicos claro está, acaso no hay ya ingobernabilidad?, al calificarse al interior y exterior al Estado mexicano como un Estado Fallido, o mejor dicho para ser puntual un sistema político y gobierno fallidos? Pues los partidos y el monopolio que ejercen de la política y del derecho a ser votado, ya han llevado al país a tal situación, precisamente las candidaturas ciudadanas darían legitimidad a nuestro sistema democrático, al negarme tal posibilidad la demandada no solo actúa en contra de mis derechos constitucionales como abundantemente se argumenta, sino contra el inicio de una histórica "Primavera Democrática Mexicana".

También es erróneo pensar que con candidaturas independientes, sea: Posible afectación a terceros. Arguyendo que "Las consecuencias del escenario expuesto consistirían en que en aras de la mayor apertura hacia el derecho de ser votado, se afectaran derechos de terceros; concretamente, el derecho de los ciudadanos a votar en condiciones adecuadas, con libertad, certeza y seguridad, y el propio derecho a ser votado de los demás candidatos, en condiciones de igualdad, para acceder a los cargos de elección popular y a la vez el trastorno del sistema electoral, así como el eventual debilitamiento de! sistema plural de partidos políticos." Caramba dicha argumentación es digna de un dictador Árabe tan cuestionado en estos días, Pues si bien los partidos tan deslegitimados, repudiados y desprestigiados sufrirían el abandono del ciudadano, no sería resultado de las candidaturas independientes sino de sus propios actos, pues la democracia de nuestro país se fortalecería y en términos del artículo 39 de de la constitución, que establece que la soberanía reside originariamente en el pueblo, y que solo a este le corresponde optar por la forma de gobierno que más le convenga, y no de los partidos, como el oligopolio de la partidocracia no ha llevado a ello.

Finalmente, solicito a esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, en un acto de interpretación constitucional en los términos señalados por el artículo 14, último párrafo de nuestra Carta Magna, y en un acto de Reivindicación Histórica del Derecho al Voto Pasivo de los Ciudadanos sin restricción alguna, revoque la determinación del Consejo General del Instituto Federal Electoral y, por tanto, se apruebe mi solicitud, admitiendo mi registro como candidato ciudadano al cargo de Presidente de la República periodo 2012-2018".

c. Demanda del SUP-JDC-675/2012.

“ÚNICO.- Lo causa la autoridad responsable en el Acuerdo que se recurre, al dejar de aplicar el contenido de los artículos 1º, 35 fracción II, y 133 Constitucionales, el artículo 23.1.b, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 22 de noviembre de 1969, elevado a rango constitucional al ser un tratado suscrito y ratificado por México., así como los artículos 2 y 25 inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos de la Asamblea General de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En efecto, los artículos citados que son violados en forma flagrante por la autoridad electoral dicen: (Se transcriben).

Es de hacer notar conforme a lo expuesto, que indiscutiblemente, el bloque de constitucionalidad que protege los derechos humanos, de las personas en general, y del exponente en particular, parte de lo establecido en el artículo 1º., de nuestra ley fundamental, en el sentido de que se amplía el ámbito de protección del derecho a ser votado, contenido en el artículo 35 Constitucional fracción II, y que se reafirma en los artículos 23.1.b, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 22 de noviembre de 1969, y en los artículos 2 y 25, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos de la Asamblea General de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ambas elevados a rango constitucional al ser tratados suscritos y ratificados por México.

Ahora bien, en el asunto planteado, el Acuerdo CG191/2012, emitido por "El Consejo", es ilegal e infundado por lo siguiente:

1º.- Toda su argumentación, está encaminada a que dentro del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no se encuentra reglamentado el aspecto de las candidaturas ciudadanas independientes, pues solamente las agrupaciones o partidos políticos, tienen ese derecho, y si bien es cierto este aspecto, también lo es el que el artículo 218 de la Ley Electoral que establece esa atribución exclusiva de los partidos políticos, viola el derecho de votar y ser votado, establecido en las normas constitucionales, Convención y Pacto invocados, que como se insiste, conforme el bloque constitucional de derechos humanos que deben ser respetadas por las autoridades del ramo de competencia de que se trate, en este caso de la electoral.

2º.- Sin embargo, es de explorado derecho y de reconocida Jurisprudencia que, cuando exista contradicción entre las normas constitucionales y las leyes que de ella emanen, conforme a la Jerarquía normativa establecida en los artículos 1º, y 133 Constitucionales, debe prevalecer la interpretación más amplia, que favorezca los derechos del recurrente.

3º.- Es el caso sin embargo que, valiéndose de argumentos, que si bien pueden ser considerados válidos, también lo es que son inconstitucionales, pues precisamente, no es posible invocar como fundamento del que se recurre, una ley secundaria, esto es, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que hace nugatorios tanto los derechos humanos, como el de votar y ser votado, cuando va en contra de los principios constitucionales establecidos tanto en nuestra ley fundamental como en el bloque de constitucionalidad que contienen los ordenamientos legales internacionales de que se ha hecho mención.

4º.- Tampoco es aplicable, la invocación de parte de la resolución del caso Castañeda Gutman en contra de los Estados Unidos Mexicanos, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por los siguientes motivos:

a) Porque parte de un supuesto diferente, ya que tuvo su origen en una demanda de Amparo promovida por el quejoso Castañeda Gutman, ante el Poder Judicial de la Federación, no precisamente el Poder Judicial Electoral, en la que invoca la falta de Protección de la Justicia Federal, en contra de la negativa de registro como aspirante a la Presidencia de la República Mexicana, en el periodo 2006-2012, por parte del Instituto Federal Electoral.

b) Porque cuando se emitió la resolución en comento, se partió de una demanda de amparo, en la que no se existía como fundamento de ella, por no haber sido aún publicadas, las reformas tanto de las facultades del Tribunal Electoral para desaplicar normas contrarias a la Constitución del año 2007, como de la reforma al artículo 1º, Constitucional de octubre del 2011, que amplía el ámbito de validez y protección de los derechos humanos de las personas.

c) Porque en relación a las Jurisprudencias aludidas en los Considerandos  4, 11, 12, 13, y 14, son inaplicables al caso, dado desde el año 2007, se faculta al Tribunal Federal Electoral a desaplicar normas inconstitucionales, lo que no ocurre en la especie.

d) Por que conforme a lo dispuesto en el artículo 1º, Constitucional y al bloque constitucional a que ya me he referido; la protección a los derechos humanos, como el de votar y ser votado, se hará favoreciendo la parte más amplia, no negándola, como ocurre en las referidas Jurisprudencias.

e) Por que en el actual artículo 1º. Constitucional, se ordena a las autoridades, léase, Instituto Federal Electoral, garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que no realiza en el Acuerdo que se recurre.

Es evidente ante lo expuesto, la ilegalidad del acuerdo que se recurre, ahora que, como podrá resolver este caso el Tribunal Federal, tiene elementos para hacerlo a favor del recurrente?

Evidentemente que sí, pues la resolución que se emita deberá resolver que:

1º.- El exponente, al haber demostrado la característica de ser nacional mexicano, tiene el derecho humano a que se haga efectiva en su favor la garantía de votar y ser votado.

2º.- A haberme inscrito en tiempo, ante el Instituto Federal Electoral, con los documentos justificativos que demuestran mi aspiración a ser considerado aspirante ciudadano independiente a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, era obligación de la autoridad señalada como responsable, permitirme acceder a ese registro.

3º.- El Tribunal Federal Electoral, con base en la reforma del año 2007 que le permite desaplicar normas contrarias a la Carta Magna, deberá interpretar que el artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, referido a que únicamente los partidos políticos podrán solicitar registro de candidatos, viola el derecho del recurrente a votar y ser votado, y en consecuencia, desaplicar esta norma para el asunto de que se trata.

4º.- El Tribunal Federal Electoral, deberá ordenar al Instituto Federal Electoral, que:

a) Revoque el acuerdo recurrido y ordene mi registro como aspirante ciudadano independiente a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos del periodo 1º,  de diciembre del 2012, al 31 de noviembre del 2018.

b) Disponga de una partida, derivada de la que corresponde a los partidos políticos y se destine al exponente para realizar gastos de campaña, retrotrayendo los montos que resulten, al periodo del 30 de marzo del 2012, que fue la fecha de inicio de campañas, en aras de la proporcionalidad y equidad.

c) Ordene se me otorguen tiempos oficiales que correspondan en los medios, esto es, radio y televisión, a fin de proceder a propagar mi candidatura.

d) Se fiscalicen los recursos que se me asignen para mis gastos de campaña, en la misma forma que se efectúe para los partidos políticos.

e) Realice todos los actos jurídicos, financieros y prácticos, que hagan efectiva mi legítima aspiración a ser candidato ciudadano independiente a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

f) Otorgue un plazo, no mayor a diez días hábiles, a fin de que se cumpla la resolución que emita este H. Tribunal Federal Electoral.”

d. Demanda del SUP-JDC-1633/2012.

“FRANCISCO JAVIER BECERRIL LÓPEZ, por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, documentos y valores el ubicado en CALLE LAGO GARDA NÚMERO 136, ALTOS 201 P.H. 5 ESQUINA GENERAL MARIANO ESCOBEDO, COLONIA ANAHUAC, C.P. 11320, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, con número telefónico móvil 044 55 12 88 09 88 autorizando para los mismos efectos a los Licenciados ARTURO GARCÍA LÓPEZ, GELACIO ALBERTO LÓPEZ MIGUEL y ROBERTO FUENTES CRUZ, indistintamente, ante usted con el debido respeto comparezco para exponer:

Que por medio del presente escrito vengo a inconformarme respecto a la resolución que me fue debidamente notificada en fecha 11 de Abril del presente año, en la que entre otras cosas determinan que son IMPROCEDENTES las solicitudes de registro de candidaturas a Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a senadores y diputados al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, según corresponda, esto en respuesta a mi solicitud presentada en fecha veintiuno de Marzo del presente año por los motivos que a continuación esgrimo:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 35, fracción II a la letra dice:

Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:

“…II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley…”

Si bien es cierto que el cuerpo del documento mediante el cual dan respuesta a mi solicitud para contender como Candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos mencionan las leyes y jurisprudencias en las que se fundan para declarar improcedente mi solicitud, también lo es, en el entendido de que uno de los principios Generales de Derecho dice que “lo que no está prohibido, está permitido” vengo a solicitar se me autorice contender con los Candidatos debidamente autorizados para tal efecto y se me otorguen los mismos derechos y prerrogativas que les fueron dados a fin de llevar a cabo su respectiva Campaña Electoral cuya duración será del día 30 de marzo al 01 de junio del presente año. Y para ser votado el día 01 de julio, para lo cual le hago énfasis solicitando primeramente se ordene insertar un espacio en las boletas electorales en el que aparezca mi nombre completo y el cargo al que postulo para que los ciudadanos puedan elegir libremente a su candidato independiente y de esta forma hacer el ejercicio debido de la democracia que nos identifica como Mexicanos además de poner a mi disposición un cuerpo de seguridad suficiente para la protección tanto de la integridad física del que suscribe como de mi equipo de campaña.”

QUINTO. Sobreseimiento en el juicio SUP-JDC-660/2012, porque agotó su derecho de impugnación con el idéntico juicio SUP-JDC-629/2012 previamente presentado.

Esta Sala Superior considera que en el juicio ciudadano SUP-JDC-660/2012 se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 9, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque el actor ya había agotado su derecho de impugnación sobre el acuerdo de CG191/2012 del Consejo General del Instituto Federal Electoral de veintinueve de marzo de dos mil doce, en el que se negó su registro como candidatos independientes al cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, las personas, en ejercicio de su derecho fundamental de acceso a la jurisdicción y de defensa, previsto por los artículos 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen derecho a demandar o a plantear una acción o a impugnar ante la autoridad competente, para exigir el reconocimiento o defensa de su esfera jurídica de derechos.

Sin embargo, evidentemente, una misma situación o acto no puede reclamarse indefinidamente, precisamente, en respeto del mismo derecho a la justicia de su contraparte y de seguridad legal de los actos jurídicos.

En atención a ello, la presentación de una demanda o la promoción de un medio de impugnación electoral, extingue simultáneamente el derecho de acción y defensa, lo que hace que el interesado esté impedido legalmente para hacer valer, nuevamente, ese respecto de la misma situación, hecho, acto, procedimiento o resolución.

La razón subyacente para estimar que se ha agotado el derecho de acción una vez presentada la demanda para impugnar un determinado acto, consiste en que el acto procesal de presentación del escrito inicial de demanda produce diversos efectos jurídicos, como los siguientes: dar al derecho sustancial el carácter de derecho litigioso; interrumpir el plazo de caducidad o prescripción del referido derecho y del citado derecho de acción; determinar a los sujetos fundamentales de la relación jurídico-procesal; fijar la competencia del tribunal del conocimiento; delimitar el interés jurídico y la legitimación procesal de las partes; fijar el contenido y alcance del debate judicial, así como definir el momento en el cual surge el deber jurídico de las partes, responsable o demandada, de proveer sobre la recepción, presentación y trámite de la demanda.

Los efectos jurídicos mencionados constituyen razón suficiente y justificada para que, una vez promovido un medio de impugnación tendente a controvertir determinado acto o resolución, resulte jurídicamente inviable presentar una segunda demanda, máxime cuando ésta contiene sustancialmente pretensiones idénticas a las del primer ocurso, en contra del mismo acto reclamado atribuido a la misma autoridad u órgano responsable y con la manifestación de idénticos conceptos de agravio.

En el caso se advierte que el actor impugna, a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-660/2012, presentado a las 14:25 horas del trece de abril ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el acuerdo de dicho órgano, en el que se negó su registro como candidato independiente al cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, en contra de dicho acuerdo, previamente el actor presentó una demanda sustancialmente idéntica ante esta Sala Superior a las 13:01 horas del mismo trece de abril, con la cual se formó el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-629/2012.

Esto es, el actor presentó dos demandas sustancialmente idénticas para impugnar el mismo acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral de veintinueve de marzo de dos mil doce, en el que se negó su registro como candidato independiente al cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

En atención a ello, a juicio de este Tribunal, la demanda del segundo juicio con la que se formó el expediente SUP-JDC-660/2012 es un acto jurídico que carece de eficacia para producir los efectos jurídicos pretendidos, pues esa facultad sustancial y procesal ya había sido previamente ejercida, mediante la presentación de la demanda con la que se formó el expediente SUP-JDC-629/2012.

Por tanto, como el actor intenta ejercer, por segunda ocasión, el derecho de acción en contra del mismo acto, a través de la promoción del juicio SUP-JDC-660/2012, aun cuando la facultad conferida para tal efecto se extingue al ser ejercida válidamente en una ocasión, es inconcuso que el demandante agotó su derecho de impugnación y, por ende, ya no sería jurídicamente factible estudiar el citado juicio, ante lo cual, debe sobreseerse en el juicio SUP-JDC-660/2012.

SEXTO. Estudio de fondo de los juicios ciudadanos

El acto impugnado es el acuerdo de CG191/2012 del Consejo General del Instituto Federal Electoral de veintinueve de marzo de dos mil doce, en el que se negó a los actores su registro como candidatos independientes al cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Los actores pretenden:

En principio, dejar sin efectos dicho acto, porque consideran que su fundamentación es contraria a la Constitución y a diversos tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, y algunos de los actores, piden expresamente la inaplicación del artículo 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que funda la declaración de improcedencia del registro de candidatos independientes, porque establece que corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular.

En caso de acogerse lo anterior, los ciudadanos piden (en algunos casos implícitamente), que este tribunal integre las normas necesarias a efecto de establecer la regulación necesaria para lograr su registro como candidatos independientes al cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Para sustentar su posición, los actores afirman sustancialmente que el precepto en cuestión resulta contrario al sistema constitucional y de defensa de derechos humanos mexicano, especialmente, sostienen algunos, a partir de su modificación conforme en la última reforma al artículo 1º constitucional, en materia de derechos humanos publicada el diez de junio de dos mil once, además de plantear algunos otros alegatos por los que estiman que las consideraciones de la autoridad son contrarias a Derecho y en su concepto debió concederse su registro como candidatos.

Esta Sala Superior considera que no les asiste razón a los ciudadanos, porque dicho precepto no es inconstitucional.

En efecto, los enjuiciantes plantean que el artículo 218, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es inconstitucional y, por tanto debe inaplicarse.

Dicha pretensión la hace descansar en la causa de pedir y motivos de impugnación siguientes:

i)                   Hay un nuevo marco constitucional, concretamente derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada el diez de junio de dos mil once , en el Diario Oficial de la Federación;

ii)                La reforma a la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral publicada el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis, en el Diario Oficial de la Federación, la cual, en congruencia con la reforma constitucional en materia electoral publicada el trece de noviembre de dos mil siete, en el Diario Oficial de la Federación, confirió a este órgano jurisdiccional federal la facultad para inaplicar disposiciones en el caso concreto;

iii)             Lo determinado por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al fallar el expediente varios 912/2010;

iv)              Hay un desacato de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castañeda Gutman, y

v)                 No se aplicó la protección más amplia al actor, cuando la resolución impugnada se funda en una disposición legal que contraviene diversas normas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Para dar respuesta al agravio bajo estudio, conviene tener presente, en primer término, el texto del citado artículo:

“Artículo 218

1. Corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular.

[…]”

Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema.

En forma preliminar, dado que las sentencias emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en interpretación de algún precepto de la Constitución, vinculan a esta Sala Superior, cabe tener presente que, en sesión de ocho de julio de dos mil ocho, el Alto Tribunal resolvió las acciones de inconstitucionalidad 61/2008 y sus acumuladas 62/2008, 63/2008, 64/2008 y 65/2008, promovidas por los partidos políticos Convergencia (ahora Movimiento Ciudadano), del Trabajo, Nueva Alianza, el entonces existente Alternativa Socialdemócrata y Campesina, así como Verde Ecologista de México, para impugnar diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedido por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de catorce de enero de dos mil siete.

En dichos medios de control de constitucionalidad abstracto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró infundado el concepto de invalidez que se hizo valer respecto a la inconstitucionalidad del artículo 218, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, conforme al cual corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular.

En relación con esa decisión, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis jurisprudencial 53/2009, de rubro: CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, CIUDADANAS O NO PARTIDARIAS. EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO 1, DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES ES CONSTITUCIONAL.[1]

Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el artículo 218, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales era acorde a la Constitución, porque una interpretación sistemática de las disposiciones constitucionales aplicables permite sostenerlo de esa manera, ya que su previsión en el artículo 35, fracción II, de la Constitución, no debía interpretarse aisladamente, sino que debía tomarse en cuenta lo previsto en el artículo 41 constitucional, que establece las bases constitucionales de la función estatal de organizar las elecciones, a efecto de armonizarlos, de manera que se alcance un punto de equilibrio entre el derecho fundamental a ser votado y las bases constitucionales de la función estatal de organizar las elecciones, es decir, que se armonicen, de ser posible, el referido derecho fundamental y otros bienes o valores constitucionalmente protegidos, destacadamente el sistema constitucional de partidos políticos y los principios constitucionales de la función estatal electoral, sin hacer realidad uno en detrimento del otro.

No obstante, aun cuando dicha tesis resulta válida y aplicable al caso, conviene tener presente que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la reforma constitucional del sistema de derechos humanos de dos mil once, ha reconocido la inclusión de nuevas normas al sistema jurídico mexicano de protección de derechos humanos al igual que su aplicación directa, por lo que es necesario que este Tribunal estudie el planteamiento hecho valer por el actor, lo cual se realiza conforme con la nueva normativa constitucional.

Lo anterior, en la inteligencia de que, con motivo de la reforma constitucional invocada, las bases normativas establecidas en el artículo 41, párrafo segundo, de la Constitución Federal, conforme a las cuales la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas periódicas, no tuvieron modificación alguna.

En efecto, la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada el diez de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación, no importó una modificación a los siguientes aspectos regulados en el artículo 41, párrafo segundo, constitucional: el estatuto constitucional de los partidos políticos como entidades de interés público; el derecho de los partidos políticos nacionales a participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal; los fines constitucionales de los partidos políticos; la libertad autoorganizativa de los partidos políticos; el régimen de financiamiento de los partidos políticos; el derecho de los partidos políticos nacionales al uso de manera permanente de los medios de comunicación social; el nuevo modelo constitucional de comunicación social (radio y televisión); la duración de las precampañas y de las campañas; la función estatal de organizar elecciones libres auténticas y periódicas y los principios constitucionales rectores en materia electoral, entre otros aspectos.

En particular, no se modificaron las bases fundamentales del sistema constitucional de partidos políticos y del sistema electoral federal.

Facultades constitucionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral.

En el marco de las garantías constitucionales de carácter jurisdiccional que constituyen el derecho procesal constitucional, las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para el caso de que le asistiera la razón al actor, tienen facultades jurídicas expresas para resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que la resolución se limite al caso concreto sobre el que verse el juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 99, párrafo sexto, de la propia Constitución Federal.

Parámetros constitucionales y convencionales aplicables.

Mediante decreto publicado el diez de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente de su publicación, se reformó y adicionó el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar redactado en los siguientes términos:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección  más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” [Énfasis añadido]

Del precepto constitucional transcrito es preciso destacar el principio según el cual las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Dicho principio constituye un parámetro obligatorio de carácter interpretativo, ya que si bien no establece derechos humanos de manera directa, constituye una norma que obliga a los operadores jurídicos a interpretar las normas aplicables conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, concediendo siempre a todas las personas la protección más amplia o favorable a ellas, bajo el principio pro homine o por persona (interpretación conforme en sentido amplio).

De igual forma, se llama la atención sobre la disposición constitucional invocada, en el sentido de que todas las autoridades (sin excepción y en cualquier orden de gobierno), en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y que, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

De lo anterior se sigue que, cuando el precepto constitucional mencionado establece que todas las autoridades deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, implica que se haga de manera universal, es decir, a todas las personas por igual, con una visión interdependiente e integral, que se refiere a que el ejercicio de un derecho humano implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos vinculados; los cuales, además, no podrán dividirse ni dispersarse, y todo habrá de ser de manera progresiva, prohibiendo cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio de los mismos.[2]

En este sentido cabe señalar que en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Reforma del Estado, del Senado de la República (publicado en la Gaceta del 8 de marzo de 2011), que recayó a la Minuta enviada por la Cámara de Diputados, sobre el proyecto de decreto que modificó la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señaló textualmente:

“Asimismo, se modificó para establecer el principio pro homine o principio pro persona, es decir, que el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más favorezca a las personas. Dicha modificación se realizó con el ánimo de reflejar lo establecido en el párrafo primero ya señalado, ya que al adicionar la protección que beneficie de manera amplia a las personas, representa el fortalecimiento de las prerrogativas que las dignifiquen.

Este principio representa una máxima protección para las personas, ya que se deberá aplicar la norma contenida en el orden jurídico nacional o en el tratado internacional que más proteja los derechos de las mismas. Con esto se refuerzan las garantías y los mecanismos de protección.”

[Énfasis añadido].

Entonces, este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su carácter de máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral, con excepción de las acciones de inconstitucionalidad, cuya competencia corresponde, en forma exclusiva y excluyente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene la obligación constitucional de proteger y garantizar los derechos humanos de carácter político-electoral, cuya violación alega el ciudadano actor en sus agravios, de conformidad con los principios anotados.

Asimismo, es preciso señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Expediente varios 912/2010, en sesión de catorce de julio de dos mil once, determinó, entre otros aspectos, lo siguiente:

1. Es un hecho inobjetable que la determinación de sujeción de los Estados Unidos Mexicanos a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una decisión ya consumada del Estado mexicano.[3] 

2. Las resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional cuya jurisdicción ha sido aceptada por el Estado mexicano, son obligatorias para todos los órganos del mismo en sus respectivas competencias, al haber figurado como Estado parte en un litigio concreto. Por tanto, para el Poder Judicial son vinculantes no solamente los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en la sentencia mediante la cual se resuelve ese litigio.[4]

3. Por otro lado, el resto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana que deriva de las sentencias en donde el Estado mexicano no figura como parte, tendrá el carácter de criterio orientador de todas las decisiones de los jueces mexicanos, pero siempre en aquello que le sea más favorecedor a la persona, de conformidad con el artículo 1º constitucional cuya reforma se publicó el diez de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación, en particular en su párrafo segundo, donde establece que: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección  más amplia.”[5]

4. En el caso mexicano, se presenta una situación peculiar, ya que hasta ahora y derivado de una interpretación jurisprudencial, el control de constitucionalidad se ha ejercido de manera exclusiva por el Poder Judicial Federal mediante los mecanismos de amparo, controversias y acciones de inconstitucionalidad. De manera expresa, a estos medios de control, se adicionó el que realiza el Tribunal Electoral mediante reforma constitucional de primero de julio de dos mil ocho, en el sexto párrafo del artículo 99 de la Constitución Federal, otorgándole la facultad de no aplicar las leyes sobre la materia contrarias a la Constitución. Así, la determinación de si en México ha operado un sistema de control difuso de la constitucionalidad de las leyes en algún momento, no ha dependido directamente de una disposición constitucional clara sino que, durante el tiempo, ha resultado de distintas construcciones jurisprudenciales.[6][7]

5. A la luz del artículo 1º constitucional reformado, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado mexicano, sino también por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona.[8]

6. De este modo, este tipo de interpretación por parte de los jueces presupone realizar tres pasos:[9]

A)  Interpretación conforme en sentido amplio. Ello significa que los jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

B)   Interpretación conforme en sentido estricto. Ello significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquélla que hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos.

C)   Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Ello no afecta o rompe con la lógica del principio de división de poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte.

7. Finalmente, es preciso reiterar que todas las autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar la incompatibilidad de las mismas.[10] 

La referida resolución dio origen, entre otras, a las tesis sustentadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que llevan por rubros: “PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS”[11]; “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD”[12]; “PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS”[13]; “SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO”[14]; “SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO”[15]; “CRITERIOS EMITIDOS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO NO FUE PARTE. SON ORIENTADORES PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEAN MÁS FAVORABLES A LA PERSONA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”[16].

Bajo las premisas anteriores, esta Sala Superior considera que si bien es cierto que la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada por el Poder Constituyente Permanente y publicada el diez de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación, en conjunción con las determinaciones del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el referido Expediente varios 912/2010 —entre las cuales destaca el criterio según el cual las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes en sus términos cuando el Estado mexicano sea parte en el litigio—, significan o entrañan, en más de un sentido (en el caso, formal y material o sustancial), un nuevo sistema jurídico mexicano, dentro del orden jurídico mexicano,[17] cuyo vértice es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también es verdad que ello no implica necesariamente, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce como principio pro persona, el reconocimiento del derecho humano de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos a ser registrados como candidatos independientes, ciudadanos o no partidarios al cargo de y, consecuentemente, a juicio de esta Sala Superior, no hay razones jurídicas que justifiquen, como lo pretende el actor, la no aplicación del artículo 218, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que encuadra o es compatible con los parámetros controlantes de constitucionalidad y convencionalidad aplicables. De ahí que sus motivos de impugnación sean infundados.

Lo anterior es así, en atención a las siguientes consideraciones:

En primer término, cabe advertir, de entrada, que, en relación con el tema controvertido, es decir, las candidaturas independientes, ciudadanas o no partidarias, existe un pronunciamiento específico en la propia sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castañeda Gutman[18] que constituye una diferencia específica en relación con el reconocimiento y la garantía jurisdiccional de otros derechos humanos, en el entendido de que, como se indicó, las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes en sus términos cuando el Estado mexicano sea parte en el litigio, tal como acontece, precisamente, en el invocado caso.

En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que, más allá de esas características del proceso electoral (universal, igual, secreto, que refleja la libre expresión de la voluntad popular), la Convención Americana “no establece una modalidad específica o un sistema electoral particular mediante el cual los derechos a votar y ser elegido deben ser ejercidos”.[19] La Convención se limita a establecer determinados estándares dentro de los cuales los Estados legítimamente pueden y deben regular los derechos políticos, siempre y cuando dicha reglamentación cumpla con los requisitos de legalidad, esté dirigida a cumplir con una finalidad legítima, sea necesaria y proporcional; esto es, sea razonable de acuerdo con los principios de la democracia representativa.[20]

En esa línea, la Corte Interamericana ha determinado que la Convención Americana establece lineamientos generales que determinan un contenido mínimo de los derechos políticos y permite a los Estados que, dentro de los parámetros convencionales, regulen esos derechos de acuerdo con sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales, las que pueden variar de una sociedad a otra, e incluso en una misma sociedad, en distintos momentos históricos.[21]

De conformidad con el artículo 23, párrafo 2, de la Convención se puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a las que se refiere el inciso 1 de dicho artículo, exclusivamente por las razones establecidas en ese inciso (transcrito con anterioridad),[22] en el entendido de que el artículo 23 de la invocada Convención debe ser interpretado en su conjunto y de manera armónica, de modo que no es posible dejar de lado el párrafo 1 de dicho artículo e interpretar el párrafo 2 de manera aislada, ni tampoco es posible ignorar el resto de los preceptos de la Convención o los principios básicos que la inspiran para interpretar dicha norma.[23]

En particular, en lo relativo al análisis de convencionalidad del artículo 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de mil novecientos noventa, abrogado por el vigente código (cuyo texto es idéntico al del 218, párrafo 1, del ordenamiento comicial vigente), la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al realizar un examen de razonabilidad o proporcionalidad de la medida legislativa bajo examen, sostuvo lo siguiente (énfasis agregado):

      “[…]

197. Como ha sido señalado, la Convención Americana, al igual que otros tratados internacionales de derechos humanos, no establece la obligación de implementar un sistema electoral determinado. Tampoco establece un mandato específico sobre la modalidad que los Estados partes deben establecer para regular el ejercicio del derecho a ser elegido en elecciones populares (supra párrs. 149 y 162 a 166).

198. La Corte observa que en el derecho electoral comparado la regulación del derecho a ser votado respecto de la inscripción de las candidaturas puede implementarse de dos maneras; mediante el sistema de registro de candidatos de forma exclusiva por parte de los partidos políticos, o bien el sistema de registro de candidaturas por parte de los partidos políticos junto con la posibilidad de inscribir candidaturas independientes. En la región puede observarse que existe cierto equilibrio entre los Estados que establecen el sistema de registro exclusivo a cargo de partidos y aquellos que, además, permiten candidaturas independientes.

199. Los Estados cuya legislación reconoce la posibilidad de inscribir candidaturas independientes establecen diversos requisitos para su inscripción, algunos de ellos similares a los que se prevén para las candidaturas registradas por partidos políticos. Un requisito común para la inscripción de candidaturas independientes es el respaldo de un número o porcentaje de electores que apoye la inscripción de la candidatura, lo que resulta indispensable para organizar de manera eficaz el proceso electoral[24]. Adicionalmente, los Estados establecen otros requisitos tales como la presentación de plataformas políticas o planes de gobierno para el período que la candidatura se presenta, la integración de garantías económicas o “pólizas de seriedad”, incluso una organización de cuadros directivos igual a la de los partidos políticos en todo el territorio del Estado, en caso de candidaturas independientes a Presidente de la República.

200. Ninguno de los dos sistemas, el de nominación exclusiva por parte de partidos políticos y el que permite candidaturas independientes, resulta en sí mismo más o menos restrictivo que el otro en términos de regular el derecho a ser elegido consagrado en su artículo 23 de la Convención. La Corte considera que no hay una posibilidad de hacer una valoración en abstracto respecto de si el sistema que permite las candidaturas independientes es o no una alternativa menos restrictiva de regular el derecho a ser votado que otro que no lo permite. Ello dependerá de diversas circunstancias, especialmente, de cómo se regulen los aspectos mencionados anteriormente de las candidaturas independientes o de la regulación de las candidaturas presentadas por partidos.

201. Las candidaturas independientes pueden regularse de manera que faciliten y amplíen el acceso al derecho a ser votado, pero también puede ocurrir que para inscribir candidaturas independientes se establezcan requisitos mayores que los establecidos para nominar a un candidato por un partido político. El sólo hecho de permitir candidaturas independientes no significa que se trate del medio menos restrictivo para regular el derecho a ser votado. Lo esencial es que cualquiera de los dos sistemas que sea elegido haga accesible y garantice el derecho y la oportunidad a ser votado previsto en la Convención en condiciones de igualdad.

202. La Corte observa que el Estado fundamentó su afirmación de que la regulación objetada por el señor Castañeda Gutman no era desproporcionada (supra párr. 172). Por su parte, la presunta víctima no argumentó ni demostró elemento alguno que permita concluir que el requisito de ser nominado por un partido político le impuso obstáculos concretos y específicos que significaron una restricción desproporcionada, gravosa o arbitraria a su derecho a ser votado. Por el contrario, la Corte observa que el señor Castañeda Gutman incluso disponía de alternativas para ejercer su derecho a ser votado, tales como ingresar a un partido político e intentar por la vía de la democracia interna obtener la nominación y ser nominado por un partido; ser candidato externo de un partido; formar su propio partido y competir en condiciones de igualdad o, finalmente, formar una agrupación política nacional que celebre un acuerdo de participación con un partido político. De acuerdo a lo que consta en el expediente ante esta Corte la presunta víctima no utilizó ninguna de esas alternativas.

iii) Proporcionalidad respecto del interés que se justifica y adecuación al logro del objetivo legítimo.

203. En cuanto a si la medida se ajusta al logro del objetivo legítimo perseguido, en atención a lo anteriormente mencionado, la Corte estima que en el presente caso la exclusividad de nominación por partidos políticos a cargos electivos de nivel federal es una medida idónea para producir el resultado legítimo perseguido de organizar de manera eficaz los procesos electorales con el fin de realizar elecciones periódicas, auténticas, por sufragio universal e igual, y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores de acuerdo a lo establecido por la Convención Americana.

204. Finalmente, la Corte considera que ambos sistemas, uno construido sobre la base exclusivamente de partidos políticos, y otro que admite también candidaturas independientes, pueden ser compatibles con la Convención y, por lo tanto, la decisión de cuál sistema escoger está en las manos de la definición política que haga el Estado, de acuerdo con sus normas constitucionales. A la Corte no se le escapa que en la región existe una profunda crisis en relación con los partidos políticos, los poderes legislativos y con quienes dirigen los asuntos públicos, por lo que resulta imperioso un profundo y reflexivo debate sobre la participación y la representación política, la transparencia y el acercamiento de las instituciones a las personas, en definitiva, sobre el fortalecimiento y la profundización de la democracia. La sociedad civil y el Estado tienen la responsabilidad, fundamental e inexcusable de llevar a cabo esta reflexión y realizar propuestas para revertir esta situación. En este sentido los Estados deben valorar de acuerdo con su desarrollo histórico y político las medidas que permitan fortalecer los derechos políticos y la democracia, y las candidaturas independientes pueden ser uno de esos mecanismos, entre muchos otros.

205. Con base en los anteriores argumentos, la Corte no considera probado en el presente caso que el sistema de registro de candidaturas a cargo de partidos políticos constituya una restricción ilegítima para regular el derecho a ser elegido previsto en el artículo 23.1.b de la Convención Americana y, por lo tanto, no ha constatado una violación al artículo 23 de dicho tratado. […]”

Acorde con las partes considerativas transcritas de la sentencia dictada en el caso Castañeda Gutman, es preciso dejar sentado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estima que tanto el sistema de nominación exclusiva por partidos políticos como el que permite candidaturas independientes, en sí mismos, son compatibles con el derecho a ser votado consagrado en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Asimismo, consideró que no es dable valorar, en el plano abstracto, si el sistema de postulación exclusiva por partidos políticos, en sí mismo, es o no menos restrictivo que el sistema que permite las candidaturas no partidarias.

De igual forma, como podrá advertirse, el tribunal interamericano arribó a la conclusión de que la medida legislativa bajo análisis (es decir, el artículo 175, párrafo 1, del abrogado Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales) no constituía una restricción ilegítima para regular el derecho a ser elegido establecido en el artículo 23.1.b de la Convención Americana.

Por lo tanto, declaró que el Estado Mexicano no había violado el derecho político a ser elegido, que reconoce el invocado artículo 23, párrafo 1, inciso b).

No pasa inadvertido a esta Sala Superior que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una consideración de lege ferenda,[25] reconoció que en el ámbito americano se advierte una crisis en relación con los partidos políticos, los poderes legislativos y los dirigentes públicos. De ahí que, sostuvo:

“…resulta imperioso un profundo y reflexivo debate sobre la participación y la representación política, la transparencia y el acercamiento de las instituciones a las personas, en definitiva, sobre el fortalecimiento y la profundización de la democracia. La sociedad civil y el Estado tienen la responsabilidad, fundamental e inexcusable de llevar a cabo esta reflexión y realizar propuestas para revertir esta situación. En este sentido los Estados deben valorar de acuerdo con su desarrollo histórico y político las medidas que permitan fortalecer los derechos políticos y la democracia, y las candidaturas independientes pueden ser uno de esos mecanismos, entre muchos otros.”

Cabe señalar que el Consejo General responsable, en el acuerdo impugnado, entre otras consideraciones, invocó, expresamente, y aplicó las consideraciones vertidas por la Corte Interamericana en los párrafos 203, 204 y 205 de la citada sentencia. En tal virtud, no se puede reprochar a la autoridad electoral responsable que no haya seguido los criterios contenidos en las sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castañeda Gutman, en el que el Estado Mexicano fue parte en el litigio y, por lo tanto, la sentencia es obligatoria en sus términos. 

Ahora, este órgano jurisdiccional ha sostenido reiteradamente que los derechos político-electorales no son absolutos ni ilimitados, sino que pueden estar sujetos a ciertas y determinadas restricciones, siempre y cuando no sean irrazonables, desproporcionadas, caprichosas ni arbitrarias y no afecten su contenido esencial.

En ese sentido, el propio artículo 1º, párrafo primero, de la Constitución Federal establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece.

Por su parte, el artículo 35, fracción II, constitucional —como se explicará más adelante— establece un derecho de base constitucional y de configuración legal (dado que la disposición constitucional establece una reserva de ley), en la inteligencia de que el legislador ordinario, sea federal o local no puede válidamente, como se dijo, alterar ni afectar el contenido esencial del referido derecho fundamental.

Si bien es cierto que el artículo 41 de la Constitución Federal no prohíbe en forma expresa las candidaturas independientes, ciudadanas o no partidarias, como sí lo hace el artículo 116, fracción IV, inciso e), de la propia Ley Fundamental, también es verdad que, como lo señaló el Consejo General responsable (véase el considerando 13 del acuerdo controvertido), el texto vigente del invocado artículo 41 constitucional —cuando menos bajo una interpretación sistemática y funcional—, no establece expresamente, base normativa alguna para la regulación de las mencionadas candidaturas independientes, dado que el diseño constitucional está orientado, primordialmente, a fortalecer el sistema constitucional de partidos políticos.

La Constitución federal, mediante el artículo 1° reformado, ha ampliado sustancialmente el catálogo de los derechos humanos de los que gozarán todas las personas en los Estados Unidos  Mexicanos, ya que ahora el Poder Constituyente Permanente reconoce un bloque de derechos humanos que tienen una fuente constitucional o una fuente convencional, según el caso, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, lo cual tendrá que valorarse caso por caso.

Al mismo tiempo, cabe apuntar que si bien del hecho de que un derecho no esté específicamente enumerado en una Constitución no se sigue automáticamente que no pueda ser reconocido, el silencio de una Constitución puede tener, en ocasiones, un significado normativo que los operadores jurídicos deben tener en cuenta.[26]

Previsiones legales. En los artículos 1°, párrafo 2, incisos a) y b); 4°, párrafo 1; 9°, y 19, párrafo 1, inciso c); 23; 27, párrafo 1, inciso d); 36, párrafo 1, incisos a) y d); 38, párrafo 1, incisos a) y s); 46, párrafo 3, inciso d); 49, párrafo 1, 2 y 3; 57, párrafos 1 y 2; 59, párrafos 1 y 2; 60; 69; 70, párrafos 1 y 2; 77; 78; 79; 83; 84; 85; 87 a 93; 95; 96, párrafos 1 a 4; 97 a 98; 99; 110, párrafo 1; 116, párrafo 4; 118, párrafo 1, inciso o); 138, párrafo 1; 149, párrafo 1; 201, párrafo 1, inciso b); 211 a 217; 218, párrafos 1 y 3; 222, párrafo 1; 224, párrafo 1; 226; 228 a 238; 245 a 251; 252, párrafo 2, incisos c) y h); 274, párrafos 1, inciso c), y 2, inciso a); 276, párrafo 1, inciso e); 277; 279; 293; 294, párrafo 1, inciso a); 298; 331 a 336, y 340 a 378 del mismo código federal electoral, se prevé que:

a)     Dicho ordenamiento reglamenta los derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos, así como la organización, función y prerrogativas de los partidos políticos;

b)    Es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos, la igualdad de oportunidades y equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular;

c)     El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se denomina Presidente de los Estados Unidos Mexicanos electo cada seis años por mayoría relativa y voto directo de los ciudadanos mexicanos;

d)    Las elecciones ordinarias deberán celebrarse el primer domingo de julio del año que corresponda, para elegir Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

e)     Los partidos políticos para el logro de los fines establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ajustarán su conducta a las disposiciones de dicho ordenamiento legal;

f)      La declaración de principios de los partidos políticos nacionales contendrá, por lo menos y entre otros aspectos, la obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen;

g)    En sus estatutos, establecerán, entre otras disposiciones, las normas para la postulación democrática de sus candidatos;

h)    Los partidos políticos tienen derecho a participar, conforme con lo dispuesto en la Constitución federal y en el propio código federal electoral, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, y organizar procesos internos para seleccionar y postular candidatos en las elecciones federales;

i)      Están obligados a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos, y garantizar la equidad y procurar la paridad de los géneros en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular;

j)      Son asuntos internos de los partidos políticos, entre otros, los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;

k)    Los partidos políticos tienen derecho al uso permanente de los medios de comunicación social;

l)      Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, accederán a la radio y la televisión a través del tiempo que la Constitución otorga como prerrogativa a los primeros, en la forma y términos establecidos en el código federal electoral;

m)  Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión;

n)    El Instituto Federal Electoral es la única autoridad para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los fines propios del Instituto y a los de otras autoridades electorales, así como al ejercicio de las prerrogativas que la Constitución y el código de la materia otorgan a los partidos políticos en la materia;

o)    El Instituto Federal Electoral pondrá a disposición de los partidos políticos nacionales, en conjunto, dieciocho minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión, en el plazo que se prevé en el código y que está de acuerdo con la normativa partidaria; los mensajes de precampaña de los partidos políticos como los de campaña serán transmitidos de acuerdo con la pauta que apruebe el Comité de Radio y Televisión del Instituto, y los partidos políticos decidirán libremente la asignación, por tipo de precampaña, de los mensajes que le correspondan; cada partido decidirá libremente la asignación por tipo de campaña federal de los mensajes de propaganda electoral a que tenga derecho, salvo en el caso de renovación de las cámaras del Congreso de la Unión y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en que se sujeta a los porcentajes mínimos previstos en el código de la materia; en ningún caso, el Instituto Federal Electoral podrá autorizar a los partidos políticos tiempo o mensajes en radio y televisión en contravención a las reglas establecidas en el código y los gastos de producción de los mensajes para radio y televisión de los partidos políticos serán sufragados con sus propios recursos; para la realización de los debates entre los candidatos registrados al cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se escuchará la opinión de los partidos políticos;

p)    Se establece el régimen de financiamiento para los partidos políticos nacionales con reglas precisas en materia de prohibiciones, actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña, actividades ordinarias, fiscalización; presentación de los informes de los partidos políticos nacionales;

q)    Régimen fiscal para los partidos políticos nacionales;

r)      Franquicias postales y telegráficas para los partidos políticos nacionales;

s)     La reglas que imperan en materia de coaliciones entre partidos políticos nacionales;

t)      Los consejos General, locales y distritales se integran con representantes de los partidos políticos nacionales, así como en las comisiones del Consejo General podrán participar, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo y los representantes de los partidos políticos;

u)    El Consejo General tiene atribuciones, entre otras, para registrar las candidaturas a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que presenten los partidos políticos nacionales;

v)    Las comisiones de vigilancia del padrón electoral y las listas nominales de electores se integran, entre otros, por un representante propietario y suplente de cada uno de los partidos políticos nacionales;

w)  Los procesos de selección de candidatos a cargos de elección popular y las precampañas electorales en los partidos políticos nacionales están sujetos a un procedimiento de acuerdo con las reglas previstas legalmente y la normativa partidaria: los plazos, prohibiciones, acceso a radio y televisión, órganos responsables de la organización de los procesos de selección de candidatos y las precampañas; medios de impugnación intrapartidarios; negativa y cancelación del registro ante las instancias partidarias; topes de gastos de precampaña; informes de ingresos y gastos, y sanciones por incumplimiento, cancelación del registro o pérdida de la candidatura por el rebase de topes de gastos de campaña ante la autoridad electoral federal; El derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales, la presentación y obtención del registro de la plataforma electoral que los candidatos sostendrán a lo largo de las campañas políticas por los partidos políticos nacionales; los plazos y los órganos competentes para el registro de las candidaturas; la información que deben contener las solicitudes de registro de candidaturas; la publicación de la relación de nombres de los candidatos y los partidos políticos y coaliciones que las postulen, así como las cancelaciones, y la sustitución de los candidatos;

x)    Las reglas para la realización de las campañas electorales por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados; los gastos y topes de campaña; reglas a que se sujetan las reuniones públicas y marchas realizadas por los partidos políticos y los candidatos; el uso de los locales cerrados de propiedad pública; la solicitud  de los medios de seguridad personal para los candidatos que lo requieran, en especial para los candidatos a Presidente de la República; la propaganda y mensajes (inclusive, impresa o por medios gráficos, a través de grabaciones que se realicen en la vía pública y, en general, por cualquier medio) de los partidos políticos nacionales o coaliciones en el curso de las precampañas y las campañas, su colocación; su duración, y derecho de réplica,

y)    Representantes de los partidos políticos nacionales de carácter general y ante las mesas directivas de casilla y sus derechos, trámite de registro, y características de los nombramientos;

z)     Medidas de certeza para la boleta electoral, como es su contenido, en el cual destaca el emblema a color de cada uno de los partidos políticos nacionales que participarán con candidatos propios o en coalición en la elección de que se trate y el espacio para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para cada partido político nacional y candidato;

aa) Las reglas para la realización de los escrutinios y cómputos en las mesas directivas de casilla, el cual es en función del número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos, la nulidad de los votos, y el levantamiento de las actas de escrutinio y cómputo

bb)                       Reglas para el cómputo distrital de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y para el escrutinio y cómputo de los votos emitidos en el extranjero para dicha elección;

cc) Las prohibiciones a los partidos políticos nacionales y sus candidatos para la realización de campañas electorales en el extranjero, y

dd)                       Las faltas electorales y su sanción, así como los procedimientos sancionadores ordinario, especial y en materia de quejas sobre financiamiento y gasto de los partidos políticos, para los partidos políticos nacionales, los aspirantes, precandidatos y candidatos de los partidos políticos nacionales, según corresponda.

Se advierte de lo anterior, que los partidos políticos nacionales tienen un conjunto preciso de derechos y obligaciones que dan certeza y seguridad jurídica a los procesos electorales federales, de forma tal que no es posible jurídicamente modificarlo, a través de una decisión administrativa o jurisdiccional, porque vulneraría el principio de legalidad. Además, tales medidas son proporcionales y necesarias para dar eficacia al proceso electoral federal, a fin de permitir la realización de elecciones, periódicas y auténticas, mediante voto universal, libre, secreto y directo.

De la interpretación sistemática de los preceptos citados, así como de lo previsto en el artículo 41, fracción I, de la Constitución federal, se desprende el reconocimiento expreso de que los partidos políticos son entidades de interés público y desempeñan un papel fundamental en la vida democrática, como medios o instrumentos para acceder al ejercicio del poder público, mediante la libre asociación de los ciudadanos para ejercer el derecho político-electoral de votar y ser votado, por lo que se les otorga la facultad de postular candidatos a cargos de elección popular.

Como en la legislación federal no está prevista la posibilidad de que entes distintos puedan solicitar su registro para participar en las elecciones, se infiere razonablemente que el legislador federal estableció el derecho exclusivo de los partidos políticos para la postulación de candidatos a los puestos de elección popular.

Si en la legislación federal se adoptó un régimen que establece el derecho exclusivo de los partidos políticos para la postulación de candidatos a cargos de elección popular, el problema que se debe resolver consiste en determinar si en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos suscritos y ratificados por México se encuentra previsto un derecho fundamental de todo ciudadano para ser postulado como candidato independiente, de tal manera que el legislador ordinario no pueda limitarlo a través del establecimiento del derecho exclusivo de los partidos políticos para la postulación de candidatos (como una política legislativa), con el objeto de determinar si el acto ahora impugnado que se basó en la citada legislación es acorde o no, en este punto, con la Constitución federal y los correspondientes instrumentos internacionales de derechos humanos.

Con base en los fundamentos y motivaciones que se exponen a continuación, este órgano jurisdiccional estima que no le asiste la razón al ciudadano promovente, cuando sostiene que el acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el cual se consideró improcedente su registro como candidato independiente a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, es violatorio de la potestad o prerrogativa de ser votado reconocida en su favor.

Asimismo, esta Sala Superior considera que es impreciso que, con lo previsto en la legislación secundaria federal, indebidamente se impida al ciudadano acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas o al poder público y que, a través de aquélla, se niegue la posibilidad de que un ciudadano mexicano que no pertenezca a un partido político aspire a un cargo de elección popular, porque indebidamente los partidos políticos nacionales monopolicen dicha potestad, atendiendo, según el actor, a los artículos 1° y 35, fracción II, de la Constitución federal.

Por lo tanto, contrariamente a lo aducido por el actor, este órgano jurisdiccional estima que de la interpretación de las disposiciones aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente del artículo 35, fracción II, así como de los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por México, no cabe desprender que el derecho de los ciudadanos a ser votados sea incondicionado y no se pueda establecer algún límite legal, por lo que no resulta inconstitucional ni violatoria del derecho internacional la improcedencia del registro como candidato independiente al cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos al ciudadano actor, como lo determinó el Consejo General del Instituto Federal Electoral, atendiendo a las razones jurídicas que se exponen a continuación:

En el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular y, por tanto, no contemplan las candidaturas independientes.

En este sentido, se concluye que si bien la disposición legal que establece que la solicitud de registro de candidatos sólo la puedan presentar los partidos políticos, constituye una condición referida a las calidades o requisitos que los ciudadanos deben satisfacer para ejercer su derecho a ser votados, la misma no representa, per se, una vulneración de las normas y principios constitucionales o de los tratados internacionales, ya que estos ordenamientos no prohíben las limitaciones o restricciones legales a los derechos político-electorales ni a los derechos fundamentales o humanos en general, sino que lo que prohíben es que tales limitaciones o restricciones sean irracionales, injustificadas, desproporcionadas o que se traduzcan en privar de su esencia a cualquier derecho, fin, principio o valor constitucional o electoral fundamental.

Contenido de los apartados. Por razón de método, en el apartado I de este considerando se analizan las razones por las cuales, contrariamente a lo alegado por el actor y atendiendo al marco jurídico vigente aplicable, se estima que el derecho político-electoral ciudadano a ser votado no es absoluto sino que se trata de un derecho fundamental de base o consagración constitucional y configuración legal, por lo que el legislador ordinario tiene la competencia para establecer ciertas delimitaciones al referido derecho a través de una ley, con el objeto de posibilitar su ejercicio y armonizarlo con otros derechos igualmente valiosos y determinados principios, valores o fines constitucionales.

En el apartado II de este considerando, teniendo en cuenta que el ejercicio de la facultad del legislador ordinario debe ajustarse a las bases constitucionales correspondientes, se exploran cuáles son éstas, con el objeto de determinar si la propia Constitución federal establece o no un derecho fundamental absoluto de todo ciudadano a figurar como candidato independiente sin necesidad de ser postulado por partido político alguno, o bien, si la regulación de esto último es una atribución del legislador ordinario.

Por su parte, en el apartado III se abordan los preceptos aplicables de diversos instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por México, con el objeto de esclarecer si los mismos establecen o no un derecho fundamental absoluto de todo ciudadano a figurar como candidato independiente sin necesidad de ser postulado por partido político alguno, o bien, si el alcance y contenido del derecho político-electoral del ciudadano a ser votado y a acceder, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas, puede ser delimitado legalmente.

Asimismo, en el apartado V, con el objeto de subrayar que la atribución del legislador ordinario para delimitar el referido derecho fundamental se encuentra acotada y sujeta a las bases constitucionales y estipulaciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos, se exploran cuáles son los tipos de delimitaciones que pueden establecerse legalmente respecto del derecho político-electoral bajo análisis.

I. Derecho a ser votado como derecho fundamental de base constitucional y de configuración legal.

Como se mencionó, en este apartado se precisa el contenido o alcance del derecho político-electoral del ciudadano a ser votado, para cuyo efecto se analizan las disposiciones aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para concluir que aquél se trata de un derecho fundamental de base constitucional y configuración legal, cuyo contenido y extensión no son absolutos sino requieren ser delimitados por el legislador ordinario competente a través de una ley.

Con respecto al derecho político-electoral del ciudadano a ser votado, es pertinente tener presente que, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 35, fracción II; 41, segundo párrafo, fracciones I, II, III y IV, y 116, fracciones I, segundo párrafo, y IV, incisos f), g) y h), en relación con el 2°, apartado A, fracciones III y VII; 35, fracción I; 36, fracciones I y III; 39; 40; 41, fracciones II y III; 54; 56; 60, tercer párrafo; 63, cuarto párrafo, in fine; 115, primer párrafo, fracción VIII; 116, fracciones II, último párrafo, y IV, inciso a); 122, tercero, cuarto y sexto párrafos, Apartado C, bases Primera, fracciones I, II y III; Segunda, fracción I, primer párrafo, y Tercera, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende lo siguiente:

El derecho político-electoral del ciudadano a ser votado para todos los cargos de elección popular (tanto federales como locales) se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, el artículo 35, fracción II, del propio ordenamiento constitucional establece expresamente como prerrogativa del ciudadano: “Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley”.

Como puede observarse, el ejercicio del derecho político-electoral del ciudadano a ser votado requiere ser regulado o reglamentado a través de una ley (federal o local, según el cargo de elección popular de que se trate), la cual debe ajustarse a las bases previstas en la propia Constitución federal, respetando cabalmente su contenido esencial, armonizándolo con otros derechos fundamentales de igual jerarquía (v. gr., el derecho de igualdad) y salvaguardando los principios/valores y fines constitucionales involucrados (como, por ejemplo, la democracia representativa, el sistema de partidos y los principios de certeza y objetividad que deben regir el ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones).

Por lo tanto, el derecho político-electoral del ciudadano a ser votado es un derecho fundamental de base constitucional y configuración legal en cuanto a que deben establecerse en la ley las calidades (circunstancias, condiciones, requisitos o términos) para su ejercicio por parte de los ciudadanos (artículo 35, fracción II), según se desprende de la interpretación gramatical de dicho precepto, así como de su interpretación sistemática y funcional con otras disposiciones constitucionales aplicables, como se muestra a continuación.

En primer lugar, como se puede advertir con nitidez de la transcripción del artículo 35, fracción II, constitucional, el ámbito personal de validez de dicha disposición está referido al sujeto ciudadano mexicano; es decir, aquella persona que, por principio, reúna los requisitos que se prevén en el artículo 34 constitucional, siempre que sus derechos o prerrogativas como ciudadano no estén suspendidos (artículo 38 constitucional). Esto es, el ciudadano mexicano es titular de la prerrogativa en cuestión. Por lo que respecta al ámbito material de validez, se puede advertir que comprende dos prerrogativas del ciudadano, una primera relativa al derecho político de voto pasivo para todos los cargos de elección popular y, una segunda, concerniente al derecho también político de nombramiento para cualquier otro empleo o comisión.

a) Interpretación gramatical. Para entender el alcance del invocado artículo 35, fracción II, de acuerdo con una interpretación gramatical, es menester precisar el significado que tiene el término ‘calidad’ y otras expresiones afines en el lenguaje ordinario. Al respecto, el Diccionario de la Lengua Española (publicado por la Real Academia Española a través de Editorial Espasa Calpe, S. A., Madrid, vigésima primera edición, 1992) precisa:

calidad ... Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie. Esta tela es de calidad inferior ... 5. Estado de una persona, su naturaleza, su edad y demás circunstancias y condiciones que se requieren para un cargo o dignidad ...

circunstancia ... Accidente de tiempo, lugar, modo, etc., que está unido a la sustancia de algún hecho o dicho. /2. Calidad o requisito./ 3. Conjunto de lo que está en torno a uno; el mundo en cuanto a mundo de alguien ...

requisito ... 2. Circunstancia o condición necesaria para una cosa.

condición ... 3. Estado, situación especial en que se halla una persona ... necesaria. Der. La que es preciso que intervenga para la validación de un contrato, acto o derecho ...

Como puede observarse, si bien una de las acepciones del término ‘calidad’ es “Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa”, se considera que la misma debe descartarse para los efectos del presente caso, en primer lugar, porque atendiendo al contexto en que se utiliza la expresión ‘calidades’ en el artículo 35, fracción II, bajo análisis, donde se hace referencia a un ciudadano (esto es, una persona) y a “cargos de elección popular”, resulta más apropiado y aplicable el significado identificado con el número 5 que alude precisamente a “persona” (en lugar de “una cosa”) y a “cargo”; asimismo, debe tenerse presente que aquella acepción hace referencia al conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie (señalando, como ejemplo, “Esta tela es de calidad inferior”), situación que no podría predicarse de una persona o individuo desde un punto de vista jurídico, pues resultaría inadmisible y violatoria de los derechos humanos (en particular, del derecho de igualdad), cualquier pretensión de que, por supuestas propiedades o calidades inherentes o naturales, una persona o individuo se estimara mejor o peor que otro.

En cambio, como se indicó, sí resulta aplicable la acepción relativa al “Estado de una persona, su naturaleza, su edad y demás circunstancias y condiciones que se requieren para un cargo o dignidad”, en el entendido de que, atendiendo a la estructura sintáctica del enunciado por el cual se precisa el referido significado, se aprecia que “las demás circunstancias y condiciones” no están circunscritas a la ‘naturaleza’, esencia o sustancia de la persona, en tanto que al hacer referencia a aquéllas no se remite al sujeto sino que lo abre a las “demás circunstancias y condiciones que se requieren para un cargo”. Asimismo, debe tenerse presente que, por definición, circunstancia es algo distinto a la sustancia o esencia, toda vez que se refiere a un accidente de tiempo, modo, lugar, etc., que está unido a la sustancia de algún hecho o dicho (en el entendido de que ‘accidente’, según el propio Diccionario de la Lengua Española, es la “Calidad o estado que aparece en alguna cosa, sin que sea parte de su esencia o naturaleza”) y, por tanto, no es consustancial sino tiene un carácter contingente, razón por la cual se estima que las calidades, circunstancias o condiciones que puede establecer el legislador para el ejercicio del derecho político-electoral de ser votado no necesariamente deben estar circunscritas a la ‘naturaleza’, esencia o sustancia de un ciudadano.

Lo anterior se corrobora si atiende al otro sentido de ‘circunstancia’ que es el de calidad o requisito, en tanto que ‘requisito’ es la circunstancia o condición necesaria para una cosa; finalmente, ‘condición necesaria’ tiene una connotación jurídica que es la que es preciso que intervenga para que un acto o derecho sea válido.

Por consiguiente, ‘calidad’ en el presente contexto significa requisito, circunstancia o condición necesaria establecida por el legislador ordinario federal, que debe satisfacerse para ejercer un derecho, en particular, el derecho político-electoral a ser votado para todos los cargos de elección popular, en el entendido de que esas “calidades” o requisitos no deben ser necesariamente inherentes al ser humano, sino que pueden incluir otras condiciones, siempre que sean razonables y establecidas en leyes que se dictaren por razones de interés general, lo que es compatible con el artículo 23, párrafo 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dada la necesidad de realizar una interpretación sistemática de las propias normas convencionales aplicables, de acuerdo con lo determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Castañeda Gutman,[27] según se explicó anteriormente.

El contenido esencial o núcleo mínimo del derecho de voto pasivo está previsto en la Constitución federal y la completa regulación de su ejercicio, en cuanto a las calidades, requisitos, circunstancias o condiciones para su ejercicio corresponde al Congreso de la Unión y a las respectivas legislaturas locales, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, siempre y cuando el legislador ordinario no establezca calidades, requisitos, circunstancias o condiciones que se traduzcan en indebidas restricciones al derecho de voto pasivo o algún otro derecho de igual jerarquía o bien constitucional, según se explicará más adelante.

Lo anterior en el entendido de que respecto de los Estados y el Distrito Federal, expresamente, se dispone que los partidos políticos tienen reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, no así en el ámbito federal.

Como se desprende de lo que antecede, el derecho político-electoral del ciudadano a ser votado es un derecho fundamental de base constitucional y configuración legal, en el entendido de que la categoría de derechos fundamentales de base constitucional y configuración legal fue utilizada por esta Sala Superior en la sentencia recaída en el expediente SUP-JRC-126/2001, SUP-JRC-127/2001 y SUP-JRC-128/2001, acumulados, fallada el trece de julio de dos mil uno.

Entre las calidades, requisitos, circunstancias o condiciones que puede establecer el legislador ordinario federal se encuentra el de ser postulado por un determinado partido político, tal como se sostuvo por esta Sala Superior en la sentencia recaída en el expediente SUP-JDC-149/2000, fallada el veinticinco de agosto de dos mil (si bien con motivo del análisis de la normativa electoral del Estado de Colima), en los siguientes términos:

No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que, conforme con lo dispuesto en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una prerrogativa de los ciudadanos el poder ser votados para todos los cargos de elección popular; sin embargo, para que un ciudadano esté en posibilidad jurídica de ejercer dicho derecho, es menester que se cumplan las calidades que al efecto se dispongan en las leyes respectivas, en el caso particular, la relativa al presupuesto de haber sido postulado por algún partido político y registrado como candidato por la autoridad electoral competente, tal como se dispone en los artículos 5°, fracción III; 196; 198, primer párrafo, fracción II, y 202, quinto párrafo, del Código Electoral del Estado de Colima.

b) Interpretación sistemática. A la conclusión de que el derecho político-electoral del ciudadano a ser votado es un derecho fundamental de base constitucional y configuración legal también se llega a partir de una interpretación sistemática, toda vez que no sólo deben establecerse en la ley las calidades (circunstancias, condiciones, requisitos o términos) para su ejercicio por parte de los ciudadanos (artículo 35, fracción II), sino que las formas específicas como los partidos políticos tienen derecho a intervenir en los procesos electorales deben ser establecidas en la ley (federal o local, según el tipo de elección de que se trate), sujetándose, claro está, a las bases previstas en la propia Constitución federal (artículo 41, segundo párrafo, fracción I) y que la elección de los gobernadores de los Estados será directa e, igualmente, en los términos que dispongan las leyes electorales locales respectivas (artículo 116, fracción I, segundo párrafo). Asimismo, las Constituciones y leyes de los Estados deben garantizar que las elecciones de los gobernadores de los Estados se realicen mediante sufragio universal y libre; en el ejercicio de la función electoral sean principios rectores, entre otros, los de certeza y objetividad; los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos; los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público; se fijen criterios para establecer límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus simpatizantes; los partidos políticos accedan a la radio y la televisión; se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan; se instituyan bases obligatorias para la coordinación entre el Instituto Federal Electoral y las autoridades electorales locales en materia de fiscalización de los partidos políticos, y se determinen las faltas en materia electoral, así como las sanciones que deban imponerse [artículo 116, fracción IV, incisos a), b), e), g), h), i), j) k) y n)].

En cuanto al significado o alcance del artículo 35, fracción II, cabe aclarar que, atendiendo a una interpretación sistemática de los preceptos citados de la Constitución federal, se debe concluir que, por “calidades que se establezcan en la ley”, no sólo se comprende a aquellas que se precisen en una norma legal secundaria sino en la propia Constitución federal, como, por ejemplo, ocurre con los requisitos que se prevén en los artículos 55; 58; 59; 82; 83; 115, párrafo primero, fracción I, segundo párrafo; 116, párrafo segundo, fracciones I, segundo a cuarto párrafos, y II, y 122, párrafo sexto, Apartado C, bases Primera, fracción II, y Segunda, de la Constitución federal, para ocupar los cargos de diputados y senadores al Congreso de la Unión, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, integrantes de los ayuntamientos municipales, gobernadores, diputados a las legislaturas de los Estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Además, del hecho de que se prevean requisitos constitucionales no significa que se impida al órgano legislativo correspondiente (federal, local o del Distrito Federal) que señale calidades, o bien, condiciones, circunstancias o requisitos adicionales para ocupar un cargo o ser nombrado en cierto empleo o comisión, siempre y cuando se respeten los principios y bases previstos en la Constitución federal, sin contravenir las estipulaciones del Pacto Federal, así como las normas jurídicas que sean la Ley Suprema de toda la Unión (como ocurre con los instrumentos de derecho internacional público), según se prescribe en los artículos 40; 41, párrafo primero; 122, párrafo sexto; 124, y 133 de la Constitución Federal.

c) Interpretación funcional. Del mismo modo, dicha interpretación conduce a que el derecho político-electoral del ciudadano a ser votado sea considerado un derecho fundamental de base constitucional y configuración legal, en tanto que para que un ciudadano esté en posibilidad jurídica de ejercer dicho derecho, es preciso que se cumplan las “calidades” que al efecto se establezcan en las leyes aplicables. De otro modo, el pleno ejercicio de ese derecho sería deónticamente imposible. De ahí que sea necesaria su configuración legal por el legislador ordinario competente, en la inteligencia de que el enunciado de un derecho fundamental por el constituyente es un elemento esencial de su configuración legal, ya que la configuración legislativa de un derecho fundamental consagrado constitucionalmente está siempre subordinada a la Constitución.

El legislador secundario es quien determinará las modalidades para el ejercicio de ese derecho. Sin embargo, esa facultad no puede ejercerse de manera arbitraria, caprichosa o libérrima por la autoridad legislativa ordinaria, ya que, en forma alguna, implica que esté autorizado para establecer calidades, requisitos, circunstancias, condiciones o modalidades arbitrarios, ilógicos o no razonables que impidan o hagan nugatorio (fáctica o jurídicamente), el ejercicio de dicho derecho, ya sea porque su cumplimiento sea imposible o implique la violación de alguna disposición jurídica, por ejemplo.

Las calidades que se establezcan en la ley deben respetar el contenido esencial de este derecho fundamental previsto constitucionalmente y han de estar razonablemente armonizadas con otros derechos fundamentales de igual jerarquía, como el derecho de igualdad; en todo caso, tales requisitos o condiciones deben establecerse en favor del bien común o del interés general. El legislador ordinario no es omnipotente, sino que su ámbito competencial está delimitado por la propia Constitución federal; en efecto, el legislador ordinario, en el ámbito de su competencia, tiene, dentro de los límites que la Constitución le impone para la configuración legislativa de los derechos fundamentales, la potestad de regular el ejercicio de los mismos, estableciendo los requisitos que juzgue necesarios, en atención a las particularidades del desarrollo político y social, así como la necesidad de preservar o salvaguardar otros principios, fines o valores constitucionales, como la democracia representativa, el sistema constitucional de partidos y los principios de certeza y objetividad que deben regir la función estatal de organizar las elecciones.

Ciertamente, esos derechos de participación política establecidos en favor del ciudadano conllevan un derecho de libertad y, al propio tiempo, uno de igualdad. Lo anterior, en la medida que en esa disposición jurídica se prescribe un facultamiento para el ciudadano (“poder ser votado... y nombrado”), y correlativamente una condición genérica de igualdad, por la cual se prevé que, en principio, la posibilidad de ejercer ese derecho o prerrogativa política corresponde a todo ciudadano mexicano, en cualquier supuesto [“son prerrogativas del ciudadano... (ser votado o nombrado)... para todos los cargos... y... cualquier otro empleo o comisión”].

Efectivamente, es indubitable que esa prerrogativa o derecho político del ciudadano, no sólo implica el reconocimiento de una facultad cuyo ejercicio se deja a la libre decisión del ciudadano (aquel que aspira a ser votado o nombrado), sino que también se traduce en una facultad cuya realización o materialización está sujeta a condiciones de igualdad, como se corrobora a través de las expresiones jurídicas de carácter fundamental que se destacan con negritas y consisten en “todos los ciudadanos... (gozan)... de los siguientes derechos y oportunidades... tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”, las cuales se reiteran en los artículos 25, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 23, párrafo 1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según se analizará en el apartado III de este considerando.

Sin embargo, el hecho de que, en la prescripción jurídica habilitante para el órgano legislativo competente, no se dispongan reglas específicas que limiten la facultad normativa concerniente a la expresión “calidades establecidas en la ley”, esto no lleva a sostener que dicho órgano pueda realizar una regulación abusiva, arbitraria, caprichosa o excesiva.

El legislador secundario no debe dejar de observar los principios o bases previstos en la Constitución federal (concretamente aquellos que sean aplicables en materia de derechos políticos y que sean atinentes a un derecho de libertad y de igualdad), debe evitar que se contravengan las estipulaciones del Pacto Federal (específicamente las normas básicas relativas a la forma de organización y distribución del poder en el Estado mexicano), o bien, las normas jurídicas que son Ley Suprema de toda la Unión (Constitución federal, leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma).

De acuerdo con lo anterior, la atribución que se reconoce en favor del órgano legislativo competente en el sistema federal mexicano no puede traducirse en el establecimiento de calidades, condiciones, requisitos o circunstancias que sean absurdos, inútiles, de imposible realización o que, en conclusión, hagan nugatorio el ejercicio del derecho de que se trata, en todo caso deben servir para dar eficacia a su contenido y posibilitar su ejercicio, haciéndolo compatible con el goce y puesta en práctica de otros derechos, o bien, para preservar otros principios o bases constitucionales que puedan ser amenazados con una previsión irrestricta, ilimitada, incondicionada o absoluta de ese derecho.

II. Bases constitucionales del sistema electoral mexicano en torno al derecho de ser votado.

Conforme con lo que antecede, no existe un derecho político-electoral absoluto o irrestricto del ciudadano a ser votado sino que requiere ser regulado a través de una ley en cuanto a los requisitos, calidades, circunstancias y condiciones para ejercerlo. Con tal objeto, teniendo en cuenta que la regulación o delimitación legal de un específico derecho fundamental debe ajustarse a las bases previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es necesario analizar si éstas establecen alguna restricción o prohibición, a su vez, al legislador. En este sentido, en el presente apartado se analizarán las bases constitucionales a las cuales debe ajustarse el legislador ordinario al efecto de establecer, en el ámbito de su competencia, las calidades que deben satisfacer los ciudadanos para ejercer su derecho político-electoral a ser votado. En particular, resulta necesario esclarecer si el propio ordenamiento constitucional establece un derecho fundamental de todo ciudadano a figurar como candidato independiente o no partidista a los cargos de elección popular; al efecto, es menester analizar también si constitucionalmente está previsto o no un derecho exclusivo de los partidos políticos a postular candidatos.

a) Preceptiva constitucional aplicable al caso que lleva a concluir que el derecho a ser votado es un derecho de base constitucional y de configuración legal. En primer lugar, esta Sala Superior estima conveniente destacar que, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 39; 40; 41, segundo párrafo, fracciones I, II y III, así como 116, fracción IV, incisos a), b), e), g), h), i), j) k) y n), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una de las bases constitucionales más importantes es el fortalecimiento y preservación de un sistema plural de partidos políticos, por lo que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, en el ámbito de sus respectivas competencias y al efecto de regular las calidades, circunstancias, requisitos y condiciones para ejercer el derecho político-electoral de ser votado, deben ser especialmente escrupulosos en fortalecer y preservar el correspondiente sistema de partidos políticos, atendiendo a las peculiaridades del desarrollo político y cultural en la región, propiciando condiciones para su carácter plural y la equidad en la contienda electoral.

En efecto, tal como se estableció en la sentencia recaída en los expedientes SUP-RAP-038/99, SUP-RAP-041/99 y SUP-RAP-043/99 acumulados, fallada el siete de enero de dos mil, la constitucionalización de los partidos políticos en México en 1977 tuvo por objeto elevar a estas asociaciones políticas al rango de entidades de interés público y encomendarles como tales la calidad de vehículos o intermediarios entre los ciudadanos como titulares de los derechos políticos y los órganos públicos, con el objeto de propiciar una más amplia participación de los ciudadanos mexicanos en los procesos y actividades electorales, mediante el ejercicio de dichos derechos políticos dentro del pluripartidismo, a fin de alcanzar el más alto fin de perfeccionar la democracia representativa, como sistema para elegir a los gobernantes y como modo de vida de los mexicanos.

Esto es, la constitucionalización de los partidos políticos, como organizaciones de ciudadanos, están llamados a realizar funciones preponderantes e indispensables en la vida pública, política y electoral de la nación, elevados a la calidad de entidades de interés público, sin incluirlos como órganos del Estado, confiándoles una contribución relevante en las tareas que los órganos del poder público deben desempeñar para el desarrollo político y social de los mexicanos, con lo cual se constituyó lo que la doctrina y la propia iniciativa de reforma constitucional denominan un sistema de partidos políticos, y se concedió a éstos un conjunto de garantías y prerrogativas para facilitar su alta misión pública, identificándolos como la forma institucionalizada de la lucha por el poder político.

En este sentido, con la salvedad de las elecciones en los pueblos y comunidades indígenas que se rigen por sus respectivas normas, procedimientos y prácticas tradicionales, como son sus usos y costumbres, respecto de sus autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno o sus representantes en los ayuntamientos, (y, por tanto, eventualmente podría excluirse de las mismas a los partidos políticos), en cuyo caso, además, no se reconoce el derecho exclusivo de los partidos políticos para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, por disposición expresa de la Constitución federal, las respectivas leyes federales o locales deben contemplar necesariamente la participación de los partidos políticos en las correspondientes elecciones federales, estatales, municipales y del Distrito Federal y su derecho a postular candidatos en tales procesos electorales (toda vez que entre sus fines se encuentra hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público), en el entendido de que los partidos políticos nacionales tienen derecho a participar en las elecciones estatales y municipales (además de los eventuales partidos políticos locales) y sólo los partidos políticos nacionales pueden hacerlo en las elecciones federales [artículo 2°, apartado A, fracciones III y VII; 41, fracción I].

Como se mencionó, en la actualidad, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41, los partidos políticos fueron elevados a la calidad de entidades de interés público, con funciones específicas de gran importancia para el proceso democrático, y se les dotó de un conjunto de derechos o prerrogativas de rango constitucional, con el objeto de lograr su fortalecimiento, por considerarlos protagonistas indispensables para el avance y desarrollo de los procesos democráticos representativos, instituidos para la integración de los órganos de gobierno, elegidos mediante el voto popular.

La calidad de entes de interés público, con que se les dotó a los partidos políticos, implicó sustraerlos de la generalidad de las organizaciones privadas, y colocarlos en un lugar primordial, pues éstos no forman parte de la administración, pero realizan una función pública de intermediación entre el Estado y la sociedad.

Las finalidades, que constitucionalmente están consideradas de interés público, son i) Promover la participación en la vida democrática; ii) Contribuir a la integración de la representación nacional, y iii) Hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Para cumplir con estos cometidos, se les dotó de financiamiento público y, asimismo, se sujetó su régimen económico interno a reglas concretas, por el interés que tiene la sociedad en la transparencia de la obtención y uso de los recursos de los partidos políticos, como se advierte en el punto IV de este considerando.

Asimismo, se les confirió el derecho al uso, en forma permanente y equitativa, de los medios de comunicación social, para hacer posible una participación equilibrada en la contienda, y lograr comunicación continua con la ciudadanía, acerca de su programa de acción, principios, ideología política, plan de gobierno, y promover la vida democrática del país, así como para formar conciencia en los problemas sociales y su posible solución.

Por ello, en la Constitución federal (artículo 41, párrafo segundo, fracciones II, II y IV), se establecen los principios y las reglas específicas:

i) Para su constitución y registro, deben cumplir con ciertos requerimientos previstos legalmente para asegurar su autenticidad y representatividad;

ii) Además, en el cumplimiento de las funciones de orden público que les fueron conferidas, los partidos políticos deben sujetarse, entre otras, a determinadas prescripciones y obligaciones;

iii) De igual manera, los partidos políticos están sujetos a un régimen de fiscalización, sobre el origen y aplicación de sus recursos, por parte de la autoridad electoral, y

iv) Asimismo, está previsto un régimen disciplinario o sancionatorio al que están sujetos los partidos políticos, para el cumplimiento de cada una de sus obligaciones, en el que se establecen sanciones que pueden consistir en multa, reducción o supresión de sus ministraciones de financiamiento público, la suspensión de su registro o, incluso, su cancelación.

b) Interpretación gramatical, sistemática y funcional. No obstante la capital importancia que tiene la base constitucional que prevé el fortalecimiento y preservación de un sistema plural de partidos políticos y la necesaria intervención de los partidos políticos en los procesos electorales, lo cual debe ser cabalmente observado por el legislador ordinario en el ejercicio de sus atribuciones, es pertinente señalar que las disposiciones constitucionales y su interpretación sistemática o funcional del conjunto de preceptos constitucionales aplicables en la elección de cargos federales (Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como diputados y senadores al Congreso de la Unión) llevan a concluir que los partidos políticos tengan el monopolio de la postulación de candidaturas para cargos de elección popular en ese ámbito ni, mucho menos, que al efecto estén prohibidas las candidaturas independientes o no partidistas para los cargos de elección popular en el ámbito federal (con la excepción clara de las elecciones de diputados y senadores por representación proporcional, según se explica a continuación).

El contenido literal del texto del artículo 41 constitucional anteriormente transcrito, en el ámbito federal, no es apto para considerar que incluye la exclusividad del derecho para postular candidatos en las elecciones populares, a favor de los partidos políticos, porque en dicho texto no está empleado algún enunciado, expresión o vocablo, mediante el cual se exprese tal exclusividad, o a través del que se advierta, claramente, la exclusión de las personas morales o físicas que no tengan la calidad de partido político, respecto del derecho de postulación. Tampoco tal exclusión constituye una consecuencia necesaria del hecho de encontrarse reconocido, como uno de los fines de las organizaciones partidistas, el hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen, y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

De estas expresiones no se puede deducir o inferir que sólo estos institutos políticos puedan desempeñar las actividades que sean necesarias para la consecución del propósito citado, de hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, sobre todo porque no se trata de labores que sólo puedan atribuirse a un tipo específico de personas, por su naturaleza, de modo tal que, cuando se confiriera a alguna clase de éstas, ya resultara material y jurídicamente imposible otorgárselas a otras clases diferentes de personas. Por el contrario, se trata de acciones que admiten la posibilidad de desempeño, a través de una adecuada regulación que las armonice evitando puntos de confrontación, tanto por los partidos políticos, por estar inmersas dentro de sus finalidades, como por otras personas morales con fines políticos e, inclusive, por las personas físicas no organizadas o afiliadas necesariamente en una persona moral. Esto es, el hecho de que la postulación de candidatos se encuentre dentro de los fines de los partidos políticos, sólo constituye la expresión de ese hecho, pero en modo alguno conlleva la exclusión de otras entidades del ejercicio de tal derecho.

El análisis de la construcción gramatical de las normas constitucionales indicadas, tampoco aporta elementos para sostener la consagración del monopolio de los partidos políticos en la postulación de candidatos, en el ámbito federal [salvo por lo previsto en el ámbito local, en términos del artículo 116, fracción IV, inciso e), y 122, párrafo sexto, apartado C, base primera, fracción V, inciso f)], porque al examinar la función gramatical que desempeña cada uno de los términos y vocablos utilizados, individualmente y en su conjunto, y atendiendo al orden en que se encuentran expresados, no se descubre algo que pudiera servir de apoyo para construir algún argumento en el sentido señalado.

c) Proceso legislativo. Finalmente, en el contenido de las partes compiladas del proceso legislativo, mediante el cual se incorporaron a la Constitución federal las citadas bases fundamentales, por el Poder Revisor de la Constitución, no se encuentran elementos para considerar que, en la voluntad plasmada en la referida reforma constitucional, se encuentre la decisión de conferir a los partidos políticos nacionales el derecho de postulación de candidatos a cargos federales como una prerrogativa propia y excluyente de otras organizaciones sociales o de los ciudadanos en lo individual (salvo, como se anticipó, para el caso de elecciones locales en los Estados y el Distrito Federal).

En la exposición de motivos de la Iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral del treinta y uno de agosto de dos mil siete, presentada por diversos senadores y diputados del Congreso de la Unión, como consecuencia de la Ley para la Reforma del Estado del trece de abril de dos mil siete, se destaca que no se propone empezar de nuevo, sino consolidar lo que bajo el tamiz de la experiencia, probó eficacia democrática y buenos resultados, para corregir lo que no funcionó y seguir construyendo soluciones que hacen más amplio el camino de la democracia. Se trata, se advierte en la exposición de motivos, de dar respuesta a los dos grandes problemas que enfrenta la democracia mexicana: El dinero, y el uso y abuso de los medios de comunicación. Para enfrentar dichos retos se fortalecen las instituciones electorales, a fin de recuperar la confianza de la mayoría de los ciudadanos.

Los tres propósitos de la iniciativa, son: i) En política y campañas electorales: menos dinero, más sociedad; ii) En quienes son depositarios de la elevada tarea de dirigir las instituciones electorales: capacidad, responsabilidad e imparcialidad, y iii) En quienes ocupan cargos de gobierno: Total imparcialidad en las contiendas electorales, y que quienes aspiren a un cargo de elección popular, hoy o mañana, tienen legítimo derecho a postularse, con la única condición, establecida en la Constitución federal, de no usar el cargo que ostenten en beneficio de la promoción de sus ambiciones o aspiraciones políticas.

A través de la Iniciativa se propone modificar e incluir dos aspectos relevantes al texto entonces vigente del artículo 41, fracción I, párrafos segundo y tercero, de la Constitución federal, los cuales son:

“Artículo 41…

I…

Los partidos políticos tiene como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, ser el único medio para hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente a la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.

Artículo 116…

…

IV…

a)                  Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo, que sean el único medio para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público en cargos de elección popular;

…

[énfasis añadido]

Dicha Iniciativa es un antecedente por el cual, al establecer la teleología de los partidos políticos (artículo 41, fracción I, párrafo segundo), se pretendía determinar el monopolio en beneficio de los partidos políticos para el acceso de los ciudadanos a los cargos públicos de elección popular. Esto fue reiterado en el artículo 116, fracción IV, inciso e), del texto constitucional.

En el Dictamen de primera lectura de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Gobernación; Radio, Televisión y Cinematografía, y Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores, se establece que coincide con los objetivos rectores que los autores de la iniciativa señalan de manera explícita:

i)       La significativa disminución del gasto en las campañas electorales, mediante la reducción del financiamiento público (setenta por ciento en las elecciones en que sólo se renueva la Cámara de Diputados y cincuenta por ciento en la que, además, se elige al Presidente de la República);

ii)     La inclusión de una nueva fórmula de cálculo del financiamiento anual para las actividades ordinarias de los partidos políticos;

iii)   Establecimiento de límites menores a los vigentes para el financiamiento privado para los partidos políticos;